Las constructoras preferidas del MOP

Un reducido número de compañías se ha adjudicado un poco más del 50 % del total de la inversión en obra vial del Gobierno desde 2009, según informes de las Oficinas de Información y Respuesta del Ministerio de Obras Públicas y del Fondo de Conservación Vial.
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Doce empresas constructoras se han obtenido un poco más de la mitad de los $836.1 millones invertidos por el Gobierno en obra vial en los últimos seis años y medio. Informes de las Oficinas de Información y Respuesta (OIR) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) consignan que una docena de compañías logró contratos por $418,986,715.22 del total ofertados desde 2009 que suman $836,187,563.17.

La empresa que lidera ese exclusivo grupo, de 329 que han obtenido por lo menos un contrato, es la Constructora DISA, compañía encargada de la apertura de uno de los dos tramos en que se dividió la habilitación del antiguo bulevar Diego de Holguín, ahora conocido como bulevar Monseñor Romero. Ese proyecto fue adjudicado por $17,377,535.23, que a su vez es el monto más alto ofertado por el MOP desde 2009. En total, DISA ha obtenido contratos por $96,725,720.72 desde esa fecha.

La segunda empresa con más contratos ganados desde que el FMLN administra el Ejecutivo es Equipos de Construcción, S. A. de C. V. (ECON). El proyecto más caro otorgado a esa compañía constructora es uno que se encuentra en desarrollo: la construcción de los pasos multinivel en redondel Naciones Unidas por un monto de $16,495,731.85. En suma, ECON ha ganado contratos viales con el gobierno desde 2009 por $79,893,519.53.

En tercer lugar de la lista aparece ASTALDI, que se ha adjudicado trabajos viales por un monto de $43,469,047.60 en estos últimos seis años y medio. Los proyectos más costosos a su cargo son: la remodelación de la autopista Los Chorros, por un monto de $12,676,198.44, y la construcción del carril segregado del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSSS), por un total de $11,662,135.35.

Esas tres compañías, según el informe de los 1,255 contratos entregado en formato PDF por las OIR y tabulado por LA PRENSA GRÁFICA en hojas de Excel, suman el 26.36 % del total de ofertado por el MOP desde 2009. Eso representa, en inversión, una cuarta parte de toda la obra vial construida en el país en los últimos seis años y medio.

Se trata de los proyectos más grandes en infraestructura vial que ha impulsado el Ministerio de Obras Públicas en ese periodo: la renovación de la carretera Panamericana (desde la avenida La Revolución hasta la colonia Las Delicias), la habilitación del bulevar Diego de Holguín, la renovación de la autopista Los Chorros, la construcción de los pasos multinivel en el redondel Naciones Unidas, la construcción de un túnel en el redondel Masferrer, la construcción de toda la infraestructura vial para el SITRAMSS (carril segregado, estaciones y terminal) y el paso superior en la intersección de la 50.ª avenida norte y el bulevar del Ejército.

Dos altos ejecutivos de constructoras, que no forman parte de la docena de compañías con más contratos, resienten, por separado, que las adjudicaciones de los proyectos viales no sean repartidas de forma pareja entre todos los ofertantes.

Ambos coinciden, bajo anonimato, que el MOP ha preferido a estas compañías pese a tener antecedentes de atraso en algunas obras que han ejecutado.

Uno de esos proyectos que sufrió atraso es la construcción de las estaciones del tramo I del SITRAMSS. El Viceministerio de Transporte (VMT) otorgó una extensión en el plazo a la Constructora DISA para terminar de construir las estaciones en el bulevar del Ejército: Antekirta, Amatepec y FENADESAL.

El plazo establecido en la orden de inicio para ese tramo era de 273 días, contados a partir del 18 de marzo de 2013 hasta el 15 de diciembre de ese mismo año.

Sin embargo, un informe de seguimiento a los pactos de integridad del SITRAMSS de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) advirtió, en diciembre de 2013, un retraso de 13.5 % en el tramo I del proyecto.

Otra de las empresas que también se atrasó en la entrega de una obra relacionada con el SITRAMSS fue ASTALDI. La compañía necesitó de dos prórrogas para poder terminar el tramo II del carril segregado. La empresa solicitó cerca de 180 días de prórroga en una segunda oportunidad; el VMT le otorgó 90.

En ambos casos, las autoridades descartaron aplicarles alguna multa con la justificación de que solicitaron la ampliación antes de finalizar el plazo.

Aunque el Gobierno alegó que las prórrogas no los hace incurrir en más gasto, los automovilistas, usuarios del transporte colectivo y comerciantes se quejaron de que el alargue en las obras les provoca pérdida de tiempo en sus quehaceres, lo que se tradujo en pérdidas económicas.

LA PRENSA GRÁFICA intentó obtener la versión sobre la preferencia de esas constructoras de Gerson Martínez, quien funge como ministro de Obras Públicas desde 2009 cuando fue nombrado en el cargo por el expresidente de la República Mauricio Funes y ratificado en 2014 por el actual mandatario, Salvador Sánchez Cerén; sin embargo, el funcionario no contestó su teléfono celular en distintas ocasiones.

Una de las interrogantes para el ministro es la apuesta por las megaobras durante su gestión, algo que va en contra con lo declarado en 2009 por él mismo cuando asumió el cargo. En esa ocasión, el funcionario dijo en una entrevista con LA PRENSA GRÁFICA que su estrategia sería potenciar más la inversión en lo rural. En septiembre de 2010, Martínez volvió a asegurar que las megaobras eran una “muestra de populismo” y que su gestión, más que pensar en una obra puntal, trazaba un plan que incluía proyectos en todo el país.

Otro de los reclamos a las megaobras, según varios sectores críticos de la actual gestión, es que se descuida la atención del resto de las vías del país, muchas de las cuales lucen en mal estado.

Datos del mismo MOP dan cuenta de que la mora vial, las arterias que necesitan una intervención mucho más profunda que un simple bacheo porque ha terminado su vida útil para el rodaje de los vehículos, ha ido en aumento en los últimos años, pasando de los 859 kilómetros en 2010 a los 1,400 kilómetros en 2015, aunque falta precisar el número exacto, por lo que las autoridades tienen en planes realizar un estudio de actualización como requisito del FOMILENIO para garantizar la sostenibilidad de la red vial.

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