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Las ilegalidades del régimen de excepción y las violaciones a derechos humanos

La corte interamericana de derechos humanos decretó en 1987 que toda persona detenida tiene derecho a la defensa. Este y otros derechos se pierden en El Salvador por el actual régimen de excepción, violentando estándares internacionales.

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Búsqueda.  familiares de detenidos desde que se implementó el régimen de excepción, buscan dónde están recluidos.

Búsqueda. familiares de detenidos desde que se implementó el régimen de excepción, buscan dónde están recluidos.

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Abogados y defensores de derechos humanos están señalando las ilegalidades que están cometiendo las autoridades al detener a personas por la declaratoria de régimen de excepción que aprobó el presidente Nayib Bukele, el pasado domingo 27 de marzo.

Ese mismo día, el mandatario anunció más de mil capturas y con las realizadas ayer lunes superan las 1,200, según confirmó el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, en una conferencia de prensa realizada en Ciudad Futura, Cuscatancingo.

Estas detenciones han sido criticadas porque no respetan varios derechos de los cuales una persona no pierde aún estando en un régimen de excepción. Así lo manifestó Gabriela Colocho, coordinadora del área de Investigación en Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).

"Por lo menos el derecho a la defensa, a ser informados por la detención, y no ser obligados a confesar son parte de las garantías judiciales que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos establece y que se han incorporado a este estado de excepción, pero que no pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia", señaló.

Colocho se refiere a la Opinión Consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en 1987, decretó que toda personas tiene derecho a que "también deben considerarse como garantías judiciales indispensables que no pueden suspenderse, aquellos procedimientos judiciales, inherentes a la forma democrática representativa de gobierno (artículo 29 de la Constitución), previstos en el derecho interno de los Estados Partes", dicta el documento.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), también citó el documento argumentando que el decreto aprobado suspende garantías que Corte IDH señala como derechos que no pueden ser suspendidos en un estado de excepción, el derecho a un debido proceso y el derecho a la defensa", señaló.

Además, mostró su preocupación por las vulneraciones de las que pueden ser víctimas las poblaciones que ha sido estigmatizadas durante años, como lo son los hombres jóvenes, que son mayoría cuando se realizan las detenciones arbitrarias por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), y que también podrían ser víctimas de ejecuciones extralegales, como han ocurrido en el pasado.

Como lo dijo el presidente, "A menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso", los agentes se llevarán a cualquier persona según su discreción. Así lo aclara Celia Medrano, defensora de derechos humanos.

"Se traduce en exposición a verse vulnerada en sus derechos a la población, a cualquier persona, puesto que si a un soldado o policía, por ejemplo, le parece sospechosa una persona o grupo, tiene amplia discrecionalidad para proceder", aseguró.

Para Medrano, aparte de realizar estas ilegalidades las autoridades, es poco efectivo que realicen algún cambio en la seguridad pública.

"Difícilmente las autoridades eficientes en seguridad pública podrán controlar cumpliendo sus facultades y marcos legales ya establecidos. Esto admitiría una medida excepcional y también, difícilmente, evitará que próximamente vuelvan a llenarse de luto otras familias en un nuevo episodio de violencia como el sufrido este fin de semana", aseveró.

Por su parte, el abogado constitucionalista, Enrique Anaya criticó severamente el decreto y aseguró que a pesar que es inconstitucional, las autoridades además, están cometiendo acciones que ni siquiera están contempladas en dicho documento.

También destacó las incoherencias del decreto legislativo 333, donde no especifica a qué derechos o garantías se refieren, ya que son varios los que contienen los artículos que se mencionan, y que es necesario saber su alcance.

"Ese es el problema de mencionar artículos y no decir cuál es el derecho suspendido, dar esos atarrayazos significan ausencia de técnicas y perversión jurídica", aclaró. Uno de ellos aseguró, es la "inviolabilidad de la morada", que no está contemplado en el decreto, pero que aún así las autoridades lo están violentando, cuando entran a revisar las casas en las comunidades y tiene restringido el paso.

El abogado también indicó que así como está establecido el régimen pasará lo mismo que en la pandemia, donde cientos de personas fueron detenidas hasta dos meses sin tener derecho de defensa.

"Si tuviéramos jueces independientes, estas personas detenidas que han sufrido violaciones en su casas tendrían que ser liberadas. pero luego, ¿dónde presentarán el habeas corpus?, señaló.

Dijo que no hay justicia porque no hay una Sala de lo Constitucional, ni jueces independientes.

Por su parte, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) comunico este martes que la decisión de establecer un régimen de excepción puede entenderse como el reconocimiento de la falta de efectividad de las acciones del Órgano Ejecutivo en materia de seguridad, en tanto que no ha logrado responder adecuadamente a la problemática de violencia del país.

Según la FESPAD, dicha medida es un mecanismo constitucional para responder ante situaciones que no pueden ser abordadas en condiciones normales bajo la supuesta efectividad en la reducción de homicidios del Plan Control Territorial (PCT), ya que no ha generado resultados sostenibles.

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