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Las trabas en el avance de procesos judiciales por crímenes de guerra

Fiscalía dijo que Defensa sigue con la misma postura de no entregarle documentos, pues les aseguran que no existen. Sociedad civil y Fiscalía coinciden en que el Estado Mayor Conjunto puede "reconstruir" la información de misiones oficiales durante la guerra.

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Retroceso. Cristosal dijo que hay un retroceso, pues no está claro el presupuesto ni la institución destinada por el Gobierno para atender a las víctimas del conflicto armado.

Retroceso. Cristosal dijo que hay un retroceso, pues no está claro el presupuesto ni la institución destinada por el Gobierno para atender a las víctimas del conflicto armado.

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Un avance con obstáculos para la justicia de las víctimas del conflicto armado en El Salvador. Esa es la lectura en la que concuerdan la Fiscalía General de la República (FGR) y la Mesa contra la Impunidad conformada por 20 organizaciones de la sociedad civil, al ser cuestionados sobre el proceso realizado para reparar la memoria histórica del país desde la derogación de la Ley de Amnistía.

El coordinador de litigio estratégico de Cristosal, Julio Magaña, confirmó que aunque la sentencia de inconstitucional de la ley en 2016 abrió un espacio para que las víctimas accedieran a la justicia, ya suman seis intentos dentro de la Asamblea Legislativa para crear "una nueva ley de impunidad" y retroceder a lo ganado por las víctimas, con la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Hasta febrero pasado, sumaban 160 los casos de víctimas del conflicto armado presentados ante el sistema de justicia salvadoreño, según la cifra oficial recolectada entre el Gobierno y la sociedad civil; sin embargo, el coordinador fiscal de la Unidad de Crímenes Históricos en El Salvador, Julio Larrama Barahona, reportó que esos datos aumentaron.

La Fiscalía dijo que está trabajando en 182 casos a nivel nacional y aunque el fiscal encargado no quiso dar detalles de cada uno, agregó que el mayor porcentaje de ellos está en etapa de investigación.

Al ser cuestionado si hay apertura para que Fiscalía investigue esos casos, Larrama Barahona detalló que tienen muchos obstáculos, entre los que destacó la complejidad de indagar en hechos que tienen más de 30 años y la poca colaboración de algunas de las instituciones involucradas.

"Ejemplo de ello es el Ministerio de la Defensa Nacional, que cuando uno les pide información con el objeto de esclarecer estos hechos, en la mayoría de casos, al pedir datos concretos sobre operaciones militares desarrolladas en ‘X’ o ‘Y’ lugar, dicen que no encontraron ningún tipo de archivo", explicó el fiscal especializado. Sumado a eso, el representante de Cristosal reciente que ninguna de las propuestas estudiadas en la Asamblea, sobre la normativa de reparación a las víctimas, hace referencia a la información que contienen los archivos militares.

El miembro de la Mesa contra la Impunidad Óscar Pérez consideró que eso se debe a que los diputados no quieren cumplir con la ley para darle justicia a las víctimas.

Aseguran que ellos ven que tratan de proteger los intereses de los victimarios.

De los crímenes cometidos durante la guerra, 129 son atribuidos a Fuerza Armada; 88 a cuerpos policiales de la época (Policía Nacional, Policía de Hacienda y Guardia Nacional); 21 a paramilitares como escuadrones de la muerte y uno a grupos guerrilleros, según las cifras oficiales actualizadas hasta febrero pasado.

Sobre esos datos, Larrama Barahona recordó que la mayoría de crímenes de guerra en El Salvador fueron cometidos por fuerzas paramilitares, militares y el resto por la guerrilla, según el informe de la Comisión de la Verdad, que detalla 23 casos.

Para Ortiz, a la Fiscalía y al Estado Mayor Conjunto les falta voluntad política para avanzar con los casos y para liberar los archivos. "Solo hay promesas", reprochó.

Larrama Barahona y Ortiz, sin embargo, coincidieron que el Estado Mayor Conjunto podría buscar mecanismos "para reconstruir" información que no tienen; o incluso que pudo haber sido destruida, dijo Ortiz.

Otro de los detalles a resolver, según el fiscal especializado, es que algunos testigos fallecieron, están "bien enfermos" o muy mayores para declarar; por lo que hay cosas que se les pueden pasar por alto.

"Solo por el hecho de que no tenemos la información de Defensa, o por que la gente ya falleció, no nos cruzamos de brazos; es de usar la imaginación, uno tiene que buscar la manera de cómo hallar la información", detalló el fiscal especializado. La Fiscalía, sin embargo, concluyó que aún no reciben un presupuesto especial para investigar estos casos, un monto que debió ser otorgado por la Asamblea.

El ministro de Defensa, René Merino Monroy, ha dicho que darían a la Fiscalía solo la información que la ley le permita.

A inicios de 2019, Cristosal reportó 2,491 víctimas del conflicto armado y otras 1,000 más se han sumado a la fecha. Ningún caso ha llegado aún hasta la etapa de sentencia.

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