Ley de Agua da hasta 15 años de vigencia a usos mayores

Representantes de organizaciones sociales se muestran preocupados por autorizaciones de uso que establece la propuesta.

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Privatización. Organizaciones han solicitado que no se privatice el agua. Sin embargo, advierten que algunos artículos pueden abrir la puerta a ese proceso.

Privatización. Organizaciones han solicitado que no se privatice el agua. Sin embargo, advierten que algunos artículos pueden abrir la puerta a ese proceso.

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En la propuesta de Ley de Agua presentada el viernes pasado por el Gobierno establecen dos tipos de autorizaciones. Uno para usos mayores de 473,040 metros cúbicos que les asignan una vigencia de 15 años y a los usos menores de esa cantidad les dan una duración de cinco años.

Representantes de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua advirtieron que eso puede significar una privatización del recurso hidríco y señalaron incongruencias con lo planteado al inicio de la propuesta con respecto al contenido de la misma.

Recibida. La propuesta fue recibida por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

"Creemos que el apartado de las autorizaciones no tiene sentido porque los usuarios mayores deberían estar más restringidos o tener por lo menos el mismo nivel de restricción, porque es un uso mayor y los impactos son mayores. Esto hay que verlo con detenimiento y es un punto en el que se aparta de nuestra propuesta y se acerca a la que históricamente ha tenido la oligarquía en el país", aseguró Carlos Flores, del Foro del Agua.

“Nos parece curioso que anuncien 90 días para aprobar una propuesta de ley que ha sido  discutida, pero han aprobado en un poco más de un mes decenas de leyes y reformas”.

Saúl Baños, FESPAD

Luis González, miembro de la Alianza, señaló que si bien es cierto el Gobierno plantea en la parte preliminar de la propuesta el derecho humano al agua y la no privatización de ese recurso, aseguró que en la parte de las autorizaciones del uso del recurso hidríco no es congruente con lo planteado al inicio.

"Si bien se desarrolla el tema del derecho humano al agua en la parte introductoria de la propuesta de ley, el que se plantee dar autorizaciones para cantidades tan grandes de agua no coincide con la magnitud de la crisis del agua", cuestionó González.

El Ejecutivo ha propuesto 164 artículos, pero para las organizaciones no existen garantías para que se cumpla la propuesta de los cinco puntos no negociables que han exigido en reiteradas ocasiones.

Tarifa justa. Las organizaciones esperan que la ley aplique un régimen tarifario justo.

Sin embargo, Flores consideró que existen coincidencias entre la propuesta presentada por el Ejecutivo y los planteamientos realizados por las organizaciones a lo largo de los 15 años en los que han discutido la ley. Pero señaló que el Gobierno no ha considerado la participación de las personas en cuanto a la gestión de las cuencas.

"Cuando no se crean los comités de cuencas ,tampoco se incluye o se posibilita la participacion de la gente. De manera general creo que es un propuesta que centraliza la gestión del agua, contrario a lo que hemos planteado, que debería ser más descentralizada. Ese aspecto consideramos que es de los que vuelven complicada esta propuesta", añadió Flores.

“Los usuarios mayores deberían estar más restringidos o tener por lo menos el mismo nivel de restricción, porque es un uso mayor y los impactos son mayores”.

Carlos Flores, Foro del Agua

Por su parte, Saúl Baños, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) dijo esperar que la discusión de la ley sea de cara al pueblo y que no utilicen el tema como "mecanismo de amortiguamiento" ante las críticas que el Gobierno está recibiendo por iniciativas como la ley del bitcóin.

"Nos parece curioso que anuncien 90 días para aprobar una propuesta de ley que ha sido bastante discutida, pero han aprobado en un poco más de un mes decenas de leyes y reformas", enfatizó Baños.

Además dijo esperar que las consultas que hará el Gobierno con las organizaciones sociales e iglesias, entre otros, incluya a los que han trabajado desde hace años y que han presentado propuestas de ley.

Puntos no negociables para las oenegés 

Las diferentes organizaciones ambientalistas mantienen los cinco puntos no negociables.

  1. El agua como bien público
    Señalan que el recurso hidríco es un bien natural que pertenece a todos y que no es sujeto a privatización. Solicitan que  la gestión pública del agua sea con participación efectiva de la población. 
  2. Como derecho humano y al saneamiento
    Que todas las personas tengan agua en cantidad y calidad suficientes  y que las las aguas residuales sean tratadas para que no contaminen.   
  3. Enfoque de cuencas sustentables
    En este apartado consideran que se  debe   plasmar en la ley el conocimiento que el agua “no nace de un chorro”,  sino que nace de una fuente de agua, de un río, y por lo tanto hay que protegerlo y tiene que haber una regulación.  Piden que exista una regulación para conservar, proteger y restaurar los ecosistemas.   
  4. Ente rector público
    Esperan  una institucionalidad pública y que  no haya  representación  del sector privado en el ente rector del agua , porque eso   abre la puerta que haya representantes de la empresa privada,  quienes jugarían un rol de  "juez y parte". 
  5. Régimen tarifario justo
    “Quien ocupa más el agua que pague más” es la exigencia de las oenegés. Solicitan que  priorizar el consumo humano y doméstico del agua,  cuyo precio sea justo y acorde al uso que se le dé al agua. Opinan que a algunas empresas   les sale "barato" contaminar el agua, en comparación a las familias que hacen uso domiciliar del agua.

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