Ley obsoleta para debido tratamiento de las aguas

Según el MARN, solo 5% de las 262 alcaldías tiene plantas de tratamiento, pero sus operaciones no son óptimas.
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Insalubre. El tratamiento de aguas residuales carece de un debido marco legal que fortalezca el accionar de las instituciones.

Insalubre. El tratamiento de aguas residuales carece de un debido marco legal que fortalezca el accionar de las instituciones.

Ley obsoleta para debido tratamiento de las aguas

Ley obsoleta para debido tratamiento de las aguas

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<p>El tratamiento de las aguas residuales en El Salvador tiene un serio problema: el marco legal que regula esta actividad se encuentra obsoleto, por lo que las entidades relacionadas con el recurso hídrico tienen competencias difusas.</p><p> “Nuestro marco en la cuestión de saneamiento es tan obsoleto, se remonta al Código de Salud, Código Municipal, nuestra Ley de Medio Ambiente le da cierta competencia al ministerio pero no lo hace un rector”, manifestó Manlia Alicia Romero, directora general de Gobernanza Ambiental y Patrimonio Natural del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).</p><p>De acuerdo con la funcionaria, debido a ese panorama difuso Medio Ambiente se limita a emitir los permisos para alcantarillado y plantas de tratamiento, así como el cumplimiento del reglamento para descargas de aguas residuales, no así las condiciones en que está la infraestructura.</p><p> “Uno de los grandes problemas encontrados es que muchas veces los proyectos se construyen, pero a quien le toca administrarlo –llámese ANDA, alcaldía o privados– no cae en la cuenta que sin mantenimiento no va a funcionar”, indicó Romero.</p><p>Además, está el obstáculo de no contar con un registro fidedigno sobre cuántas plantas hay en el país, y en qué condición se encuentran, aparte de que no todas fueron construidas cuando la competencia del MARN para otorgar permisos entró en vigor. Lo cierto es que de las 262 alcaldías, solo 13 tienen plantas de tratamiento, pero habría que ver el estado de sus operaciones. El resto hace descargas libres a los diferentes cuerpos de agua, lo que empeora niveles de contaminación.</p><p>Romero agregó que los nuevos proyectos urbanísticos incluyen en su desarrollo plantas o pozos de infiltración, pero tampoco ninguna institución les da seguimiento.</p><h2>Nuevo marco legal</h2><p>Ante este escenario de vacío legal y competencias difusas, las autoridades del MARN tienen la esperanza de que el sector sea ordenado por la ley general de aguas, cuyo anteproyecto se encuentra en estudio inicial en la Asamblea.</p><p>Otra legislación más inmediata que contribuiría es la Política de Saneamiento, que pretende juntar a todas las instituciones que tienen que ver con el tema de agua potable y su debido tratamiento.</p><p> “Lo que buscamos es juntar a esos actores que trabajan la parte de saneamiento, para poder echar a andar esa estrategia que permita llegar a consolidar no solo el marco institucional, sino también a que los sistemas funcionen”, dijo la funcionaria.</p><p>Romero reconoce que no es un problema sencillo de resolver, pero que la ley de agua potable y saneamiento, particularmente, podría solventar buena parte del problema porque es un anteproyecto trabajado aunque no ha logrado tener trascendencia política.</p><p>También se debe considerar que si bien las alcaldías hacen gestión para beneficiar al municipio con proyectos de saneamiento, no se les puede cargar responsabilidades para las cuales no sobrellevarán.</p><p> “El agua residual se genera por un consumo de agua potable. La lógica nos dice que así como pagamos por tratamiento de agua potable, deberíamos pagar porque esa agua residual también sea evacuada de nuestras casas, tratada y devuelta al ecosistema. ¿A quién hay que pagarle y cómo hacemos el cobro? Ahí es donde nuestro marco legal no funciona”, puntualizó Romero.</p><p>&nbsp;</p>

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