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"Ley reconciliación es una infamia": Bukele

El presidente de la república dio las razones del veto. Dijo que no puede ser cómplice de una inconstitucionalidad.

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Amnistía.  El presidente Nayib Bukele consideró como una amnistía la Ley de Reconciliación aprobada el miércoles pasado.

Amnistía. El presidente Nayib Bukele consideró como una amnistía la Ley de Reconciliación aprobada el miércoles pasado.

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El presidente de la República Nayib Bukele oficializó ayer el veto por inconstitucionalidad a la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional que fue aprobada por los diputados. El mandatario aseguró que el decreto se trata de una infamia y una aberración.

Bukele manifestó que la normativa cuenta con "absurdismos", al tiempo que señaló al partido FMLN de acuerpar la aprobación a pesar de no haber dado los votos en la plenaria del miércoles pasado.

"Esta ley es un fraude en su nombre. Es una simple y llana ley de amnistía para aminorar las penas a responsables de crímines guerra y de lesa humanidad. Estamos vetándola por inconstitucionalidad. No vamos a ser cómplices de esta inconstitucionalidad", dijo Bukele, quien también mencionó que en la ley no se tomó en cuenta a las víctimas.

El mandatario se refirió en específico al artículo 67 de la ley, el cual se refiere a la reducción de penas hasta en una cuarta parte en caso de que la persona procesada pida perdón a las víctimas , brinde información para dar con el paradero de víctimas o colabore con el esclarecimiento de los hechos. Dijo que dicho artículo hace referencia a una amnistía.

"La Asamblea no está legislando en favor del pueblo, y en este caso en beneficio de las víctimas, sino que están legislando en favor de sus patronos", consideró Bukele, quien además señaló que existen diputados y miembros de partidos políticos que están implicados en crímenes de guerra y que por eso se oponen a una verdadera Ley de Reconciliación.

También criticó el que en la ley solo se hayan incluido crímenes cometidos entre 1980 y 1992, al tiempo que la misma ley le da un plazo de un año a la Fiscalía General de la República para proceder con los casos denunciados, algo que calificó como "imposible de cumplir".

Además indicó que desde antes que la ley fuera aprobada organizaciones civiles e internacionales expresaron su petición porque fuera vetada.

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