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Ley reconciliación propone reducción de pena a la quinta parte a cambio de perdón y colaboración de procesados: "Leyes no son perfectas", dice Ponce

La disposición está plasmada en el artículo 66 del anteproyecto que fue presentado este lunes por el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, a los diputados de la comisión política para discutir y aprobar la iniciativa a más tardar el próximo 28 de febrero. 

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Foto: Asamblea Legislativa

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El anteproyecto de la ley especial de justicia transnacional, reparación y reconciliación nacional contempla reducir a la quinta parte la totalidad que se pueda imponer a una persona que haya cometido un crimen de lesa humanidad o uno de guerra. 

La disposición está plasmada en el artículo 66 del anteproyecto que fue presentado este lunes por el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, a los diputados de la comisión política para discutir y aprobar la iniciativa a más tardar el próximo 28 de febrero. 

"El Juez podrá reducir a la quinta parte la totalidad de las penas a imponer, previo haber escuchado a las víctimas, si la persona procesada cumple con cualquiera de las siguientes condiciones: reconozca expresamente su grado de participación sobre los hechos, pida perdón a las víctimas, colabore con el esclarecimiento de los hechos y cuando fuera posible, ayude a ubicar el paradero de las víctimas o el de sus restos y ayude a ubicar pruebas de los hechos", se lee en este apartado. 

Los diputados tienen hasta el próximo viernes para avalar este anteproyecto, luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diera este plazo para que los palamentarios aprobaran una ley de reconciliación. 

El anteproyecto también establece que la aministía "sigue siendo aplicable y debe continuar favoreciendo a quienes no hayan cometido hechos que constituyan crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario, independientemente del sector a que hubieren pertenecido". 

El documento expone que esta disposición se mantiene luego del falllo de inconstitucionalidad que la Sala emitió en julio de 2016. En esa resolución entidad determinó que  la amnistía contenida en la Ley de Reconciliación Nacional de 1992 debe continuar aplicándose en una nueva ley de este tipo. 

El anteproyecto de ley presentado por la comisión política contiene 74 artículos, entre los que se contempla la creación de un Consejo Nacional de Reparación, un registro nacional de víctimas, centro de documentación de la memoria histórica, fondo de reparaciones integral, medidas de reparación económica, entre otras iniciativas. 

Además, contempla la entrega de indemnizaciones a víctimas quienes podrán decidir si la reciben cada mes o el monto de una sola vez. La indemnización única será determinada caso por caso, según indica el documento.

También se contempla crear un programa de atención psicolsocial a las víctimas y sus familiares. Se establece que las victimas y sus familias tengan acceso preferencia a educación de todo nivel, también a tierras y viviendas, a créditos productivos y empresariales. 

El artículo 59 del anteproyecto establece que la Fiscalía General de la República (FGR) determinará cuáles de los casos denunciados son de lesa humanidad o crímenes de guerra. Asimismo, evaluará las condiciones de los hechos y deberá hacer requerimientos ante los tribunales si hay indicios mininos de conductas delictivas.

"Los casos serán conocidos por los tribunales según el ámbito de competencia regulado en la ley procesal aplicable a cada caso", dice el artículo 65 del anteproyecto.

Las leyes no son perfectas

Tras presentar el anteproyecto, Mario Ponce, presidente del Congreso, reconoció que la ley podría experimentar reformas en el futuro si se logra aprobar esta semana.

Aun así, manifestó que la iniciativa cumple con los requisitos solicitados en el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Sala hace cuatro años. 

"Las leyes no son perfectas, no hay ley perfecta, en el camino se van perfeccionando. El documento trata de cumplir párrafo por párrafo la sentencia de la Sala. Este proyecto de Ley cumple con los cuatro parámetros de la Sala verdad, justicia, reparación y no repetición", expuso el diputado. 

De igual manera, el diputado Leonardo Bonilla opinó al respecto y consideró importante escuchar a las víctimas y representantes respecto al articulado de la ley.

Los diputados finalizaron la reunión presentando el documento a la comunidad diplomática acreditada en el país. Posteriormente acordaron convocar mañana a las 3:30 p.m. a organizaciones defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas, universidades, abogados constitucionalistas, firmantes de los Acuerdos de Paz, para que brinden observaciones y aportes al proyecto de ley. 

Favorece la impunidad 

 Sobre este tema, un grupo de víctimas de la guerra civil de El Salvador (1980-1992) y representantes de organizaciones no gubernamentales pidieron este lunes al presidente Nayib Bukele que vete esta ley de reconciliación nacional que podría ser aprobada esta semana en la Asamblea Legislativa.

"Le pedimos al señor presidente que vete esa ley porque favorecerá a la impunidad y no a las víctimas", dijo a periodistas Rafael Segura, victima y miembro de la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador.

Segura también llamó a la comunidad internacional a que "se pronuncie en contra de esta nueva amnistía que se está fraguando".

Por su parte, David Morales, exprocurador de Derechos Humanos y miembro de la organización Cristosal, lamentó que el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, "lejos de continuar con el diálogo con las víctimas, haya promovido reuniones privadas, sin acceso a la prensa, a las organizaciones y a las víctimas, para crear un documento de ley que favorecerá la impunidad".

La guerra interna enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de 75,000 muertos y 8,000 desaparecidos.

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