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Libertad condicional a empresario en caso Operación Cuscatlán

Una pareja de esposos procesada en el mismo caso solicitó medidas alternas, pero el juzgado se las negó.
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El Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador otorgó ayer libertad condicional al empresario Miguel Ángel Portillo, capturado en el operativo denominado Operación Cuscatlán, el 15 de febrero pasado. La Fiscalía General de la República (FGR) realizó el operativo para golpear por tercera ocasión las finanzas de la Mara Salvatrucha (MS-13). En este caso, además de pandilleros, también son vinculados empresarios y colaboradores que, según las investigaciones, sirvieron para lavar dinero de la pandilla.

Portillo es propietario de un autolote ubicado en Cojutepeque, Santa Ana. Ese negocio, según Fiscalía, sirvió de fachada para introducir el dinero de la extorsión. Ayer la defensa solicitó al juzgado una audiencia especial para que le otorgara medidas alternas a la detención. El abogado del empresario presentó documentos que, a su criterio, evidencian que no va a evadir la justicia. Estos fueron suficientes para que la juzgadora decidiera otorgarle medidas alternas a la detención. Por lo tanto, Portillo deberá cancelar la fianza de $3,000, no deberá salir del país y, además, deberá presentarse cada 15 días a firmar al juzgado.

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La Fiscalía dijo que no quedó conforme con la decisión y en los próximos cinco días va a presentar un recurso de apelación.

Cinco acusados más solicitaron medidas alternas, pero a ellos se las denegaron. Entre los que pedían cambio de medida están los esposos Héctor Alfredo Melgar, alías “Fredd”, y Mirna Dalila Andasol Aguilar, pero a ellos les denegaron la libertad condicional. Melgar, según la FGR, fue expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), filial La Unión. Ambos son acusados de lavado de dinero y extorsión.

Según el testigo criteriado Marte (con beneficios judiciales), Melgar fue un cabecilla de la zona oriental y, además, se hizo pasar como empresario.

Otro caso

La Fiscalía presentó ayer la solicitud de imposición de medidas ante el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador contra 60 pandilleros acusados de pertenecer a la pandilla Mao Mao. Ellos operaban en la colonia Prados de Venecia 2 y en el sector conocido como El Cañón, ubicado en la comunidad Veracruz, en Soyapango, San Salvador.

El fiscal del caso dijo que cuenta con un testigo criteriado que reveló que la estructura es responsable de siete homicidios.

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