Libertad condicional a militares acusados de encubrir torturas

El Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador anuló las escuchas telefónicas como pruebas en el caso. Por otra parte, deberán enfrentar el proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
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Foto de LA PRENSA/Archivo Libertad.  Los militares tienen libertad sin ninguna medida alterna a la detención porque no representan peligro de fuga, según una fuente del caso.

Foto de LA PRENSA/Archivo Libertad. Los militares tienen libertad sin ninguna medida alterna a la detención porque no representan peligro de fuga, según una fuente del caso.

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Tres militares de alto rango deberán enfrentar en libertad el proceso penal en su contra por la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) de encubrir a ocho militares que torturaron a dos jóvenes. Esa decisión la tomó el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador.

La fiscalía acusa a los coroneles Héctor Solano Cáceres, David Iglesias Montalvo y al teniente Leonel Ascencio Sermeño de planificar un asesinato, intentar sobornar a jueces e intimidar a los dos jóvenes para que no declararan contra los ocho militares que los torturaron en 2016, en Apaneca, Ahuachapán.

El juzgado resolvió que los militares de alto rango y el policía Santos Agustín Esteban Rosales deberán ser únicamente procesados en libertad y por el delito de agrupaciones ilícitas, según informó la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.

El juzgado, además, decidió anular como prueba las conversaciones telefónicas de los tres militares porque la fiscalía las presentó con un día de retraso a la fecha de vencimiento que otorgó el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, que autorizó las escuchas telefónicas del 20 de febrero de 2017 al 21 de agosto de ese mismo año.

La fiscalía, sin embargo, asegura que presentó la acusación a tiempo. Por eso van a presentar un recurso para revocar la decisión de la jueza. Esos audios, además, señalan que existe un escuadrón del área de inteligencia del ejército que se dedicó a la ejecución extrajudicial de pandilleros, según la FGR.

“En las llamadas se pudo escuchar cuando estos (militares) aceptan formar parte de un grupo que se dedica a las actividades de exterminio”, dijo esta semana el jefe fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado, Will Wálter Ruiz.

La otra decisión que tomó el juzgado fue absolver, por falta de pruebas, a ocho de los 12 acusados por la fiscalía.

Entre los absueltos figura el abogado Víctor Manuel Melgar, alias “Pitinga”, quien guarda prisión provisional porque la fiscalía logró demostrar, por el momento, que sobornó para favorecer a procesados.

8
 personas quedaron absueltas de cargos por falta de pruebas.

Ley
Lo que establece la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.

 Art.23
Finalizado el procedimiento de intervención, si la Fiscalía no hubiese presentado requerimiento en el plazo de seis meses, el juez autorizante, previo informe que deberá remitirse sobre esa situación, ordenará la destrucción de toda la grabación y sus transcripciones. 
 

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