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Libre empleada doméstica de casa donde tenían M-60

Juez señaló que la Fiscalía hizo una investigación incompleta, porque no incluyó a los dueños de las armas y tampoco investigó su relación con la narcoactividad.
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Katherine Sugey Gómez fue liberada ayer del cargo de uso, tenencia y portación ilegal de armas de fuego, que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputaba después de que el 11 de abril de 2016 hubo una explosión, provocada con pólvora para municiones, en una casa de la residencial Finca de Asturias, de Santa Tecla, donde ella era empleada doméstica.

Tras la explosión, la Policía Nacional Civil (PNC) encontró una ametralladora M-60, con el número de serie borrado; una máquina recargadora de cartuchos; dos escopetas y 143 cajas de municiones para armas calibre 9 y 22 mm, y munición expansiva.

El juez del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla dijo que la Fiscalía no logró respaldar la acusación en contra de Gómez, y consideró que toda la prueba documental y testimonial no era suficiente para condenarla. “Todo lo presentado por la Fiscalía es insuficiente para establecer la relación entre el hallazgo de las armas con la tenencia que se le imputa a la señorita Gómez. Estar en esa casa y trabajar como doméstica, no necesariamente tiene relación con que las armas las utilizaba, tenía o portaba”, dijo.

La fiscal del caso dijo, al final del juicio, que estaba insatisfecha con la resolución del juez. “Esta decisión del juez está basada en criterios y valoraciones, porque aquí se presentó toda la prueba para condenar a la imputada. Antes de este juez hubo dos jueces más, en el proceso, que avalaron la prueba y por la cual este caso avanzó hasta el juicio, es decir que sí había elementos suficientes para conseguir la condena”, comentó la representante de la FGR.

Guillermo Landos, defensor de Gómez, dijo que aplaudía la resolución del juez, porque a su juicio la joven fue detenida con arbitrariedad y sin pruebas . “Desde que la capturaron, ella estuvo recluida en Cárcel de Mujeres. Está bien demacrada, el Estado le hizo daño durante un año. Realmente la capturaron porque investigadores policiales y fiscales no encontraron a quién echarle la culpa o no quisieron investigar bien. Entonces, al chucho más seco se le pegaron las pulgas”, señaló Landos.

Sin indagar a fondo

El juez también señaló que la Fiscalía hizo una investigación pobre, dejando de lado a los dueños de las armas y su relación con la narcoactividad. Uno de los dueños de las armas era Norma Molina, jefa directa de Gómez, quien murió el día de la explosión al manipular la pólvora, mientras intentaba recargar las municiones.

El otro dueño de las armas era Rafael Antonio Morán, esposo de Molina, quien solamente fue mencionado en la investigación, pero no incluido y tampoco acusado por ningún delito.

“La investigación tendría que haber ido por la línea de los dueños de las armas e investigar su relación con la narcoactividad. Entiendo que la Fiscalía llegó a Cárcel de Mujeres para pedirle a la imputada que fuera testigo en el caso, pero ella no quiso por temor, ya que el tema del narcotráfico es serio”, dijo el juez.

La fiscal se defendió diciendo que el caso en contra de Gómez es la primera fase de toda la investigación. “Ya se ha explicado, incluso lo sabe el juez, que esta es la primera fase. Definitivamente está en investigación Rafael Antonio Morán, pero no puedo adelantar detalles para no entorpecer la investigación”, acotó la fiscal.
 

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