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Lina Pohl alerta sobre el peligro de los cinco artículos de Ley de Agua ya aprobados

Los artículos están relacionados con la creación de una autoridad hídrica y las facultades y atribuciones de la Autoridad Nacional de Agua.
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Foto de LPG/Susana Peñate

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La titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl, manifestó este viernes en conferencia de prensa su preocupación por la ratificación de cinco artículos de la Ley General de Aguas, que fueron aprobados por la legislatura pasada.

Según explicó la diputada de ARENA, Martha Evelyn Batres, los cinco artículos ratificados por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, se refieren a la creación de una autoridad hídrica, la constitución de la autoridad hídrica, inhabilidades para ser funcionarios de la Autoridad Nacional de Agua, la finalidad de la autoridad hídrica y las facultades y atribuciones de la Autoridad Nacional de Agua.

Pohl considera que con la aprobación de dichos artículos se crea una "superestructura" y direcciones que podrían ser declaradas inconstitucionales, porque las regulaciones de agua son potestad del Ejecutivo. 

"Se dejan las decisiones nacionales del recurso más escaso en manos de técnicos especializados. Este no es solo un tema técnico, es un tema político y no me refiero a político partidario", dijo Pohl, al tiempo que lamentó que no se han tomado en cuenta las recomendaciones del ministerio al momento de aprobar los artículos. “Yo me aparto de esa ley”, dijo la ministra, al tiempo que lamentó que El Salvador será el único país en Latinoamérica que deje en las manos de privados la administración de un recurso tan elemental como el agua.

Agregó que le preocupan las facultades y atribuciones que se le dan a la autoridad nacional del agua en los artículos aprobados, una autoridad que no será el Estado.

"Las leyes generales de agua son manejadas desde lo público, por eso son decisiones políticas, en el buen sentido de la palabra", afirmó.

Batres reitera en su comunicado que el agua es un bien público y que no será privatizado. Añade que la misma Constitución indica que el subsuelo le pertenece al Estado. Por ello, al mismo Estado le corresponde su regulación, gestión y control, y que eso está recogido en la presente ley.

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