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Listo examen de Probidad de expresidente de la CSJ

La Sección de Probidad ha logrado terminar 13 exámenes de patrimonio durante 2016. El jefe de la sección afirmó que esperan terminar el año con al menos 15 exámenes finales de declaraciones patrimoniales.
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Carlos Pineda, jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó que el examen final de Probidad del expresidente de la Corte (2000-2009) Agustín García Calderón ya está listo para pasarse a discusión a Corte Plena. El funcionario manifestó no poder adelantar datos sobre los hallazgos encontrados en dicho informe hasta que este sea conocido por los 15 magistrados en pleno.

El expresidente de la CSJ habló con LA PRENSA GRÁFICA e informó que en agosto pasado le fue solicitada información bancaria por la Sección de Probidad, pero que hasta el momento desconoce si existe algún monto injustificado en el informe realizado. García Calderón es el único extitular de la CSJ de la última década que ha permanecido los nueve años de su cargo como presidente de la CSJ.

“Pues prácticamente se me pidieron algunos elementos de movimientos bancarios y se hizo la relación de la entrada y salida de los tres períodos de mi historial dentro de la función pública en el Órgano Judicial”, aseguró el expresidente de la CSJ.

García Calderón aplaudió el trabajo realizado por la Sección de Probidad hasta el momento y negó que pueda existir algún tipo de vendetta política en el proceder de la CSJ respecto a los casos investigados. “En lo absoluto (hay vendetta). Están haciendo su labor, y es un gran avance que tengan una dinámica como esta, tan acuciosa en este tema. No creo que tenga algún elemento persecutorio”, señaló el exmagistrado.

En junio de 2005, cuando la CSJ era presidida por García Calderón, a raíz de una carta de consulta dirigida por algunos bancos privados al pleno, estos decidieron quitarle las atribuciones de ley a la Sección de Probidad. Una de las más importantes era la que permitía solicitar información bancaria en el marco de las investigaciones realizadas. Entonces, se decidió mantener esa atribución bajo tutela de Corte Plena.

Pineda dijo que en aquel momento se estaban realizando indagaciones sobre el patrimonio de funcionarios del gabinete del expresidente Francisco Flores.

“Esa fue una decisión de Corte Plena. Fue una decisión de 11 votos contra cuatro votos. Los magistrados de los cuatro votos presentaron posteriormente una reforma a la ley de probidad para ver si esa sección podía gozar de eso... En la legislación bancaria de esos momentos había unas restricciones, y ellos (algunos bancos) querían saber el parecer de la Corte. Por eso es que se resuelve (así). No se ha quitado ninguna atribución a nadie, sino que, desde luego, ahora se ha delegado a que se tenga, porque atribuciones legalmente no las tenía la sección”, dijo García Calderón.

En 2014, por acuerdo de Corte Plena, se le devolvieron las funciones de requerir información bancaria a la Sección de Probidad, con base en el artículo 240 de la Constitución y el 27 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito.

Otro caso este año

El jefe de la Sección de Probidad afirmó que este año se terminaron 13 informes completos de funcionarios y exfuncionarios, así como de sus familias.

A parte de este caso, también está listo el informe final del alcalde de Olocuilta, Marvin Rodríguez.

Pineda dijo que espera que antes de finalizar el año se hayan terminado al menos otros dos informes de auditorías, para que puedan ser presentados a Corte Plena en el corto plazo.

El pasado martes, el jefe de Probidad presentó un informe de labores ante Corte Plena en el que se muestra el trabajo realizado por la sección en la auditoría de 76 casos. De estos, 23 obedecen a un acuerdo de Corte Plena por peligrar la prescripción y 15 fueron ingresados por vía solicitud de información pública. Los demás se eligieron de acuerdo con denuncias o por la relevancia del caso.

“Hemos tratado de tomar algunos de los más antiguos, algunos de los actuales y tomar algunas denuncias que se han colocado en nuestras oficinas... Existen varios funcionarios de primer nivel del Gobierno actual que a petición de algunos ciudadanos se realizaron a través del Instituto de Acceso a la Información Pública, y han sido autorizados por el pleno de la Corte” dijo Pineda.

El funcionario aseguró que de la mayoría de casos ya se tiene la información bancaria completa y que algunos, como los de los expresidentes, han presentado inconvenientes, pues existe muy poca información bancaria actualmente, y sobre la que existe ha habido que convertir los montos en colones a dólares.

Algunos magistrados de la CSJ criticaron durante la sesión plenaria del pasado martes que supuestamente no se está haciendo uso del criterio cronológico –con el que se busca priorizar los casos que están por prescribir– pues actualmente se están realizando investigaciones como la del ex fiscal general Luis Martínez, que salió aproximadamente hace un año del cargo.

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