“Lo que buscamos es que los magistrados de la CCJ vayan a la cárcel”

La organización Aliados por la Democracia mantiene una demanda contra cinco magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia por el delito de prevaricato. Piden el desafuero de los funcionarios regionales y buscan juzgarlos en El Salvador. Dicen estar listos para una batalla legal.
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“Lo que buscamos es que los magistrados de la CCJ vayan a la cárcel”

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<p>El abogado Javier Argueta es el director legal de la ANEP y es miembro de Aliados por la Democracia. Argueta, en un espacio que concedió a LA PRENSA GRÁFICA, profundiza en la demanda contra la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) por el delito de prevaricato, que consiste en la emisión de una sentencia “ilegal” de un juez. Ese delito tiene una pena de cárcel de hasta seis años sin que haya agravantes. Argueta sostiene que cinco magistrados de la CCJ cometieron ese delito y con agravios. Dice que no cejarán en la búsqueda de un juicio en El Salvador para quienes emitieron el fallo a favor de la Asamblea Legislativa y que legalizó los nombramientos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que fueron declarados ilegales por la Sala de lo Constitucional. Aunque la solución al conflicto de la CSJ se dio mediante un acuerdo político, Aliados por la Democracia mantiene su demanda. Incluso, la Fiscalía sigue la investigación y ya emitió diligencias locales e internacionales para determinar si hubo delito en contra del Estado.</p><p></p><h2> ¿Cómo llega Aliados por la Democracia a la determinación de que cinco magistrados de la CCJ cometieron el delito de prevaricato?</h2><p>Iniciamos una investigación sobre los ilícitos penales que pudieran tener los magistrados de la CCJ. Cuando ellos admiten la solicitud de suspender las sentencias de la Sala de lo Constitucional, nosotros, con un equipo de penalistas y con los abogados de Aliados por la Democracia, empezamos ya a verificar si procedía el delito de prevaricato. Encontramos que la doctrina de delito de prevaricato aplicaba para los magistrados de la CCJ, ya que sus resoluciones solo pueden ser referentes al sistema de integración. Por ello decidimos presentar la denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR). Encontramos que no solo violentaron sus normas de integración y la ordenanza de procedimientos, sino que también violentaron la Constitución y el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Constitucionales.</p><p></p><h2> ¿Qué dice el artículo 10 de esa ley?</h2><p>Ese artículo señala que las sentencias de la Sala de lo Constitucional, cuando existan procesos de inconstitucionalidad, son inapelables y no tienen recurso alguno. La Asamblea Legislativa optó por ir a la CCJ como un subterfugio que no lleva ningún elemento jurídico, porque no demandaron a la Sala de lo Constitucional, sino que al Órgano Judicial. La CCJ lo que está haciendo es una invasión de competencias.</p><p></p><p></p><p></p><h2>Entonces, ¿el conflicto no fue entre Asamblea y CSJ, sino que entre partidos políticos dentro de la Asamblea y la Sala de lo Constitucional?</h2><p>No. Para empezar, no existió conflicto de poderes. Lo que existió fue una disconformidad de una resolución de la Sala de lo Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa frente a un ciudadano que presentó la demanda y que consideró que existía inconstitucionalidad en la elección de magistrados. La sala lo que hizo aquí fue ser un árbitro únicamente. No existió ni siquiera conflicto entre la Asamblea y el Órgano Judicial, mucho menos entre la Asamblea y la Sala de lo Constitucional. El conflicto fue entre la Asamblea y el ciudadano o ciudadanos que presentaron el recurso de inconstitucionalidad.</p><p></p><p></p><p></p><h2>Pero la resolución de la CCJ se basó sobre un conflicto de poderes...</h2><p>La Asamblea se aferró al artículo 22 de los estatutos de la CCJ y extrajo de manera irregular, con sus asesores, ese conflicto. Y la CCJ, básicamente, se instrumentalizó y se prestó para señalar lo que la Asamblea quería. La CCJ actuó como un tribunal federal, como cuando los estados federales ceden su voluntad a la federación, cuando se tiene una sola constitución, y entonces la corte suprema de la federación puede obligar a los estados. Pero en nuestro sistema de integración no se puede hacer eso, porque la única concesión de voluntad que han hecho los países centroamericanos es en materia de integración.</p><p></p><p></p><h2>Si la FGR llega a desestimar la demanda contra la CCJ y no encuentra delito alguno, ¿qué harán?</h2><p>Estamos pensando en una serie de acciones que se van a tomar, depende del escenario que resulte. (...) Vamos a acudir a organismos internacionales, vamos a acudir a instancias de los órganos de integración centroamericana, como un comité que existe para velar por el funcionamiento de la integración centroamericana, y otras acciones. Creemos que el fiscal general ya empezó a hacer su papel con las investigaciones que está haciendo sobre la CSJ (en efecto, la Fiscalía mantiene el caso abierto y en proceso de investigación). Creemos que la investigación sobre nuestra demanda ya está encaminada. El fiscal general debe defender los intereses del Estado. Pensamos también poner querellantes para poder apoyar la labor del fiscal.</p><p></p><p></p><p></p><h2>Insisto, si la FGR desestima su demanda, ¿qué alternativa adoptará Aliados por la Democracia?</h2><p>La integración de la CCJ está débil. Solo tiene tres países: Honduras, Nicaragua y, lastimosamente, El Salvador. Estamos analizando la posibilidad de buscar apoyo sobre las decisiones que están tomando los otros países de Centroamérica, que en el caso de Costa Rica, por ejemplo, ya desconoció una vez a la CCJ. En ese sentido, hemos visto la necesidad de comenzar a evaluar los estatutos de la CCJ para ver si los otros tres países: Guatemala, Costa Rica y Panamá, nos puedan ayudar a que el orden democrático en El Salvador se reinstale, al apoyar el desconocimiento de la sentencia de la CCJ. Porque los efectos que puede tener el fallo de la CCJ no solo serán para El Salvador, sino que para todos los países del área, ya que la CCJ se instituiría en una especie de corte federal, cuando no lo es.</p><p></p><h2>Ahora, ¿qué procede si la FGR encuentra, en efecto, un delito de prevaricato?</h2><p>En primer lugar, la FGR tendrá que pedir todas las certificaciones que nosotros le hemos presentado en nuestra denuncia. Tiene que pedir las certificaciones del fallo de la CCJ y de las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Si encuentra que hay delito, tiene que pedir el desafuero de los magistrados denunciados en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Nosotros, como Aliados por la Democracia, vamos a estar pendientes para también presentar, como ciudadanos salvadoreños afectados, la solicitud de desafuero. Y, posteriormente, el fiscal debe presentar el requerimiento judicial en un juzgado salvadoreño, en donde allí nosotros también apoyaríamos con querellantes para que todo llegue a feliz término. Al PARLACEN se tiene que acudir para quitarles el fuero.</p><p></p><p></p><p></p><h2>La FGR también haría un pedido de extradición a los países de origen de cada magistrado si encuentra delito de la CCJ, me imagino.</h2><p>Todos esos procesos están regulados por las cortes supremas de Justicia de cada país. Vamos a acompañar a la FGR en cada etapa de este proceso en lo que se nos permita. Tenemos que mandar un mensaje a los magistrados de la CCJ, porque no solo violentaron la ley nacional, sino que violentaron derechos de ciudadanos salvadoreños al no admitir sus demandas y se burlaron de nuestros magistrados salvadoreños.</p><p></p><p></p><h2> ¿Cuál es la pena para el prevaricato?</h2><p>Cárcel, de tres a seis años, y puede tener agravantes. Nosotros buscamos que a esos magistrados se les juzgue, se les condene y vayan a la cárcel. Hemos activado la institucionalidad del país. Queremos dejar sentado un precedente de respeto a la ley.</p><p></p><p></p><h2> ¿Es conciliable ese delito?</h2><p>No, no es conciliable. Si lo fuera, nosotros no estamos dispuestos a conciliar, porque queremos dejar sentado en la historia el respeto a la soberanía salvadoreña.</p><p></p><p></p><p></p><h2> ¿Están conscientes de que la CCJ los podría contrademandar? ¿Están preparados para eso?</h2><p>Estamos estudiando la legislación salvadoreña, hondureña y nicaragüense sobre si existe algún tipo penal para una contrademanda, como una difamación o una injuria. Pero no encontramos en ninguna legislación algún lugar en que quepa un ilícito penal cometido por nosotros. Sin duda alguna, ellos tienen todo el derecho de denunciarnos. Obviamente, vamos a estar presentes para enfrentar una denuncia, pero también para contradenunciar. Tenemos abogados penalistas en Honduras y en Nicaragua, al igual que acá en el país. Estamos preparados.</p><p></p>

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