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“Los abusos hacia la población son parte cotidiana”, denuncian sobre policías y militares

Una situación que no se denunciaba en El Salvador desde que concluyó la guerra civil (1980-1992) es la existencia de "cárceles clandestinas", en las que jóvenes detenidos arbitrariamente permanecen incomunicados durante meses.

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Foto LPG/Archivo

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La ofensiva contra las pandillas en El Salvador para reducir la tasa de asesinatos, que en los últimos dos años ubicaron al país entre los más violentos del mundo, se tradujo también en un retroceso en materia de derechos humanos en 2017 de acuerdo con denuncias de activistas.

Según las organizaciones sociales, estas medidas, lanzadas en 2016 y prorrogadas hasta 2018, respaldaron una actuación "irregular" de los cuerpos de seguridad, lo que propició presuntas ejecuciones extrajudiciales, arrestos injustificados, torturas, desapariciones forzadas, cárceles clandestinas y desplazamientos forzosos.

Las medidas incluyen un mayor despliegue militar, la creación de un comando de élite de 1,000 soldados y policías para dar caza a las columnas armadas de las pandillas en la zona rural, más operativos en comunidades marginales y hasta la salida de vehículos artillados a las calles.

"Esto ha llevado, nosotros lo hemos verificado de manera constante y sistemática, a una actuación policial y militar bastante irregular, donde los abusos hacia la población son parte cotidiana", dijo a Efe Verónica Reyna, representante del Servicio Social Pasionista (SSPAS).

La activista de derechos humanos señaló que estas medidas "han generado en la población la idea de que les pueden vulnerar sus derechos" los cuerpos de seguridad porque "se vive en una situación extraordinaria".

"Este proceso ha sido acompañado de un respaldo hacia la Policía a usar la fuerza y las armas letales sin vigilancia, sin control alguno y eso ha llevado a la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales" y "creemos que no son hechos aislados", subrayó.

Solo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) investiga al menos 40 presuntas ejecuciones a manos de uniformados registradas entre enero y mediados de agosto pasado, que se suman a las 119 investigadas entre 2013 y 2016.

La mayoría de estas muertes han ocurrido en supuestos enfrentamientos armados entre policías y pandilleros, que se han incrementado, según las organizaciones y las autoridades, tras la implementación de las "medidas extraordinarias".

Entre enero y mediados de octubre de este año, los cuerpos de Seguridad se enfrentaron a tiros en al menos 411 ocasiones con las pandillas, reyertas que se saldaron con 341 supuestos pandilleros muertos y 55 heridos.

Por otra parte, la Justicia del país centroamericano condenó a penas de entre nueve y catorce años de prisión a tres policías y ocho soldados por dos casos de tortura, en la que las víctimas fueron jóvenes.

Desde febrero pasado, diversos activistas de derechos humanos también apuntaban que la Policía inflaba las cifras de arrestos con la detención injustificada de jóvenes en zonas populosas para respaldar el recrudecimiento de las medidas de seguridad.

Georgina Hernández, de la organización Plataforma Seguridad juvenil en Centroamérica, comparó este fenómeno con el de los "falsos positivos" de Colombia, en los que los jóvenes pueden ser inculpados por algún delito aunque no pertenezcan a las pandillas, para "demostrar que están funcionando las medidas extraordinarias".

Una situación que no se denunciaba en El Salvador desde que concluyó la guerra civil (1980-1992) es la existencia de "cárceles clandestinas", en las que estos jóvenes detenidos arbitrariamente permanecen incomunicados durante meses.

En una entrevista con Efe, el coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Arnau Baulenas, aseguró que "algunos" policías tienen este tipo de centros ilegales.

"Lamentablemente puedo afirmar, por algunos casos que estamos acompañando, que existen cárceles clandestinas en El Salvador", denunció Baulenas, quien lamentó la "angustia" de los familiares al desconocer su paradero, hasta que se les permite comunicarse o iniciar un proceso judicial en su contra.

Al ser preguntado por Efe por esta situación, el director de la Policía, Howard Cotto, negó que el cuerpo de seguridad o sus agentes posean dichas "cárceles clandestinas".

Este panorama ha llevado a las organizaciones sociales, a la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, y al alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Raad Al Hussein, a pedir el final de estas medidas.

Zeid visitó el país centroamericano a mediados de noviembre pasado, ocasión en la que instó al presidente, Salvador Sánchez Cerén, a que "derogue las medidas extraordinarias y garantice acceso", principalmente por las condiciones "inhumanas" que pasan los presos.

El funcionario de la ONU también se mostró alarmado porque "el nivel de violencia en El Salvador permanece escandalosamente alto", y por los informes de "asesinatos extrajudiciales y el retorno de los escuadrones de la muerte".

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