Los argumentos del juez

El titular del Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán consideró que la legislación vigente aún se queda corta para juzgar algunas conductas relacionadas con el quehacer informático, como en el caso de LPG y EDH.
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Foto archivo/LPG.

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El juez José Antonio Palma Trejo, titular del Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, La Libertad, valoró que existían indicios suficientes para considerar la probable ejecución de los cuatro delitos por los que son procesados José Carlos Navarro, alias “Payaso sin gracia”; Sofía Medina; Andrés Ortiz Lara; Óscar Domínguez y Mayra Lisseth Morán.

Los cinco son acusados de participar en la clonación de las páginas de internet de los periódicos LA PRENSA GRÁFICA (LPG) y El Diario de Hoy (EDH). Los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) les imputó son violación de derechos de autor y derechos conexos, violación de distintivos comerciales, falsedad material y agrupaciones ilícitas.

En cuanto a la violación de distintivos comerciales, el juez Palma planteó en la resolución que con la clonación de los sitios de EDH y LPG se infringieron los derechos que tienen los titulares de dichos medios de comunicación escrita: “Cabe observar que la sociedad Blue Group, representada por la señora Mayra Morán, se dedica a la publicidad, al igual que las víctimas, por lo que concurren indicios que acreditan que lo que ha llevado a los imputados antes mencionados como representantes de Blue Group es obtener algún beneficio comercial”.

“Considero que las diligencias antes relacionadas son elementos que acreditan la existencia del delito, como la probable participación en los mismos”, dice el documento. En cuanto a la violación de derechos de autor, el juzgador planteó que “la Fiscalía ha presentado pericias informáticas practicadas, algunas podrán tener la calidad de prueba y otras ser únicamente diligencias de investigación pero que aportan indicios que sustentan los hechos investigados”.

Palma también advirtió en su resolución: “Nuestra legislación se ha quedado corta para regular con precisión algunas conductas relacionadas con el avance de la nueva tecnología y el internet”.

El apoderado legal de LPG, y a la vez acusador particular en el caso (querella), Arístides Perla, dijo ayer que “se acreditan fehacientemente los delitos, con eso se desmonta la teoría de la mentira y la perversidad que esta estructura de sicarios cibernéticos ha querido trasladarle a la población”.

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