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Los casquillos que resolvieron la masacre de 11 trabajadores, en San Juan Opico

Peritos policiales lograron identificar, en cuatro escenas del delito, casquillos que pertenecían a las armas utilizadas para matar a ocho empleados de una empresa de electricidad y tres obreros el 3 de marzo de 2016 en San Juan Opico. Esas coincidencias lograron robustecer la investigación judicial del caso.

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Aquella noche del 13 de marzo de 2015, los agentes del laboratorio policial marcaron, embalaron y etiquetaron los 10 casquillos calibre 9 milímetros que encontraron en La Tomita, una colonia de Quezaltepeque (La Libertad), donde minutos antes había sido asesinada Rosario Nohemí Aguilar Beltrán, de 23 años.

Los peritos analizaron, horas después, esos casquillos en las máquinas del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS, por sus siglas en inglés) y almacenaron las características microscópicas, como la huella que deja la aguja percutora.

Uno de esos 10 casquillos coincidió, un año después, con las marcas de otros casquillos que fueron recuperados de la masacre de 11 trabajadores ocurrida el 3 de marzo de 2016. Ese día, una célula del Barrio 18 mató a ocho empleados de una compañía eléctrica que colocaban postes en la zona rural de San Juan Opico, La Libertad, y a tres agricultores.

Los peritos hallaron en esa escena 26 casquillos 9 milímetros, seis casquillos .38, cinco casquillos calibre 12, un cartucho calibre 12, un casquillo calibre 5.56, dos proyectiles calibre .38 y cuatro proyectiles 9 milímetros.

No fue la única coincidencia. El 2 de abril de 2016, un mes después de la masacre de los trabajadores, ocurrió un enfrentamiento entre militares y una banda de hombres armados en el cantón El Puente de Quezaltepeque. Tras el incidente, las autoridades recolectaron cuatro casquillos calibre 9x19 milímetros.

Uno de ellos también era compatible con las armas utilizadas en el múltiple crimen de San Juan Opico.

Trece días después de ese tiroteo en Quezaltepeque, ocurrió otro enfrentamiento entre policías y otro grupo de hombres en la carretera a Los Planes de Renderos, de San Salvador. Allí, incautaron una pistola FEG 9 milímetros, compatible también con cuatro casquillos de los que recuperaron de la escena donde masacraron a los 11 trabajadores.

Y no fueron los únicos casos, el 16 de marzo de 2017, un año después del múltiple crimen, policías del Sistema de Emergencias 911 de la PNC acudieron al llamado de alerta de un robo y homicidio entre las avenidas Washington y José Matías Delgado, de la capital. En esa ocasión, detectaron que uno de los casquillos utilizados en el atraco también coincidió con las evidencias de la masacre de San Juan Opico.

A través de esos hallazgos, la División de Policía Técnica Científica (DPTC) logró determinar la participación de la estructura de pandilleros afincada en Quezaltepeque.

Uno de los pandilleros que participó del múltiple crimen le contó después a un juez especializado, tras recibir beneficios penales a cambio de su declaración (criterio de oportunidad), que la masacre ocurrió porque ese día llegaron al lugar en busca de sus rivales de la Mara Salvatrucha (MS-13) para vengar la muerte de algunos de sus compañeros, pero en el camino se encontraron con los trabajadores.

Con esa declaración como columna vertebral de la investigación fiscal y la pericia en los casquillos, el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador condenó en 2017 a siete pandilleros de la facción Revolucionarios del Barrio 18 a purgar una pena de 390 años de prisión a cada uno. Algo simbólico, pues la legislación salvadoreña contempla un máximo de 60 años de cárcel.

El juez dejó dicho que se trató de una masacre "frívola".

Casquillos, armas de fuego, proyectiles y otras evidencias se acumulan por miles en la DPTC por el altísimo número de víctimas de homicidios reportadas por las autoridades. Las cifras oficiales dan cuenta de que el año en que asesinaron a Rosario hubo un desborde de violencia en El Salvador con 6,654 asesinatos.

La División de Policía Técnica Científica empezó a analizar armas de fuego, casquillos y proyectiles con un sistema de identificación desde 2007. En ese entonces, según Jesús Molina Aguiluz, el exjefe de la DPTC, el equipo solo presentaba imágenes en dos dimensiones, como una fotografía. Sin embargo, a partir de 2017, Estados Unidos donó el IBIS con capacidad en tercera dimensión (3D). "Ese cambio significa que se puede ver todo el contorno de las evidencias por los giros", dijo Molina Aguiluz.

La dirección anterior de la PNC anunció que antes de dejar el cargo, el 31 de mayo pasado, iniciaría la construcción de un laboratorio técnico científico policial que, además de contener análisis de evidencias, contemplaba un banco de ADN. Algo que no ocurrió.

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