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Los clientes del coronel Quezada

El exdirector del Departamento de Logística del Ministerio de la Defensa Nacional está acusado deltráfico de nueve armas de fuego entre 2010 y 2012. Hay más, pero no todas han sido consideradas en el proceso. Sus clientes eran políticos o personas con la capacidad económica para pagar más de $4,000 por fusiles y AK-47.
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Salvador Alberto González Quezada es, sin duda, un amante de las armas. De ello hablan las 14 que tiene registradas a su nombre, otras que vendió y otras tanto que compró. Algunas de estas, según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) que pesa en su contra, tienen procedencia indefinida y son claramente ilegales: rearmadas a partir de piezas de otros fusiles. Estas fueron inscritas, dice la FGR, de forma fraudulenta y prevaliéndose de su cargo.

Aunque el coronel González Quezada empezó a ser procesado en solitario, una nueva acusación lo ligó a otras dos personas: el teniente José Arístides Figueroa y el odontólogo José David García Cabrera. Son los únicos procesados, pese a que algunos de los clientes del coronel, otrora director de Logística del Ministerio Nacional de Defensa (MDN), sabían previamente que estaban comprando armas que la ley no les permitía poseer.

Tampoco ha sido acusado ninguno de los notarios que elaboró las declaraciones juradas del coronel, requisito intrínseco para inscribir las armas amparadas en un decreto legislativo de 2009, y cuyas matrículas han sido cuestionadas por la FGR.

Muchas armas

El 25 de febrero de 2011, el coronel González Quezada le vendió un fusil al alcalde de Conchagua (La Unión), Jesús Abelino Medina Flores, por $4,500. Se trababa de un fusil Colt, AR-15, calibre 223, similar al calibre que utilizan los M-16. En su declaración, el alcalde dijo que lo había adquirido en una armería de la colonia Escalón.

En otras declaraciones reunidas por la FGR, y que constan en el proceso judicial contra González Quezada, Figueroa y García Cabrera, ese fusil de serie 712211D fue dado inicialmente a un vendedor de una armería. Este, a su vez, sirvió de intermediario con otra empresa, donde finalmente lo compró el alcalde de Conchagua.

Las experticias arrojaron que el fusil se activaba bruscamente de automático a semiautomático, mecanismo que lo pone bajo la categoría de arma de guerra (disparos en ráfaga). Para entonces, ni cuando el proceso judicial inició en 2012, Medina Flores no poseía la calificación de “persona de alto riesgo”. Tal calificación es la única que permite, según la ley, la posesión de armas de guerra y la matrícula de más de un arma cada dos años.

La Ley de Control y Regulación de Armas y Explosivos establece que, por descontado, buena parte de los funcionarios titulares de distintas instituciones del país son personas de alto riesgo. Los alcaldes no están consignados en esa lista del artículo 72 de la ley. Otras personas pueden ser consideradas de alto riesgo, pero deben pasar un análisis previo en la Policía Nacional Civil (PNC).

El fusil serie 712211D resultó, luego de una investigación empezada por el testimonio de una persona que delató al coronel, con una notable anomalía. Tenía una pieza (aguja percutora) que pertenecía a un fusil incautado en 2001 durante un caso de secuestro. Ese último fusil había permanecido en el depósito del MDN sin destruirse, pese a que el caso por secuestro finalizó en 2004.

El coronel vendió otro fusil Colt, que él mismo había matriculado siendo jefe de Logística. La compradora fue una ciudadana hondureña de 30 años que, al momento de comprar el arma por $6,000, ya tenía 207 armas registradas a su nombre. Cuando González Quezada se desempeñó como jefe de Logística se autorizó a sí mismo la matrícula de varias armas amparadas en el decreto legislativo transitorio n.º 25, publicado en el Diario Oficial del 25 de mayo de 2009, y que proponía una amnistía para matricular armas de las que no tuvieran documentos legales. La vigencia del decreto fueron 45 días.

En algunos casos, González Quezada matriculó armas en 2011 pero con fecha de 2009, es decir, amparándose en un decreto que ya había fenecido y cuando él ni siquiera ocupaba el cargo de jefe de Logística. En uno de los casos, incluso, la copia del DUI del coronel era de emisión de 2010, aunque la solicitud era de fecha de 2009. Así, González Quezada vendió a la hondureña Delmy Eduviges Villeda Maldonado el fusil AR-15 de serie 711612D, calibre 223, el 3 de junio de 2011. El fusil también poseía mecanismo automático, para disparar en ráfaga.

Durante una primera entrevista el 20 de junio de 2012, cuando se investigaba el caso, Villeda Maldonado admitió que sabía que el fusil estaba activado en modalidad automática, y que ella no tenía perfil de alto riesgo como para poseer esa arma. Por ello, según dijo a la FGR, únicamente lo había mantenido “guardado”.

En una ampliación de la entrevista el 26 de junio del mismo año, Villeda Maldonado cambió su versión: dijo que ya estaba gestionando el permiso de persona de alto riesgo con la PNC e, incluso, presentó la autorización como tal, un oficio número PNC/DG/No. A-0469-05-2012, firmado por el director Francisco Ramón Salinas. El oficio fue fechado el 29 de mayo de 2012, es decir, casi un año después de haber comprado el fusil.

No es lo único que llama la atención en ese caso. El fusil Colt comprado por la hondureña, cuyo número de serie resultó ser falso, fue negociado por el teniente Figueroa, quien según declaraciones en el proceso llegó hasta la casa de Maldonado Villeda a ofrecerle el fusil y dejarle la matrícula de este, apenas una semana después de comprado. Figueroa, además, llegó posteriormente a “ofrecerle” varios AK-47 que ella no quiso comprar.

Las 207 armas que Maldonado Villeda tiene provienen, según su declaración a la Fiscalía, producto de una donación de quien ella identificó como su cónyuge: Luis Rafael Meza Guirola. Ella dijo que por motivos de salud, este ya no pudo ocuparse de las matrículas y decidió traspasarlas a nombre de ella. En este caso, además, el acta de compraventa del fusil AR-15 fue elaborada por el notario Yacir Ernesto Fernández, el mismo que hizo varias de las declaraciones juradas de otras armas del coronel González Quezada. Fernández no solo era notario: trabajaba, al menos hasta 2012, cuando el caso se judicializó, en el Ministerio de Defensa como asesor legal de la Dirección de Logística. Es decir, un subalterno del coronel.

Cuando las pesquisas contra el coronel se ampliaron, sin embargo, los investigadores encontraron que había otros casos de claro tráfico de armas.

En junio de 2011, González Quezada le regaló, según documentos, un fusil AK-47 a Víctor Anabelio Romero Santos. El arma también fue inscrita por el coronel amparada en el decreto legislativo, pero cuando este ya había caducado.

Romero Santos, en su entrevista con investigadores, dijo que él y el coronel eran amigos desde la época del conflicto armado y se frecuentaban. Seis meses después de que González Quezada supuestamente le regaló el fusil, Romero Santos lo vendió a un capitán por $8,500. Según la escritura de compraventa, este capitán sí posee perfil de alto riesgo y labora en el Batallón Presidencial. Romero Santos, sin embargo, no tiene, ni ha tenido perfil de alto riesgo.

Otro caso que involucra un fusil AK-47 es el que fue comprado por el empresario unionense David Orlando Guzmán Anaya. Se trataba de un arma supuestamente marca Kalashnikov. Fue vendida por $5,000 y “negociada” dentro del Ministerio de Defensa por Figueroa. El cheque, de hecho, se hizo a su nombre, aunque el fusil era propiedad del coronel González Quezada. El acta de compraventa, sin embargo, reseña que el AK-47 se da en calidad de “donación” a Guzmán Anaya.

Acusación

González Quezada llegó a la Dirección de Logística del Ministerio de Defensa Nacional el 1.º de enero de 2010 y se mantuvo ahí hasta el 1.º de enero de 2012. Ocho meses después, el coronel fue capturado por la supuesta venta fraudulenta de dos fusiles. Tres meses después, el coronel, que había sido liberado, fue nuevamente capturado. Esta vez la acusación fue mayor: siete armas más fueron agregadas como supuestamente traficadas, bien por inscripción irregular, bien por adquirirlas de manera ilegal.

La Fiscalía General sostuvo en ese momento que la mayor parte de compradores fueron “de buena fe”, es decir, que fueron sorprendidos con un arma irregular mientras creían que compraban un arma legal. Por ello, los cargos contra González Quezada, Figueroa y García Cabrera abarcan la estafa, además de actos arbitrarios y comercio ilegal y depósito de armas. El delito de tráfico de armas no está como tal en la legislación penal salvadoreña.

Al jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado (UNICCO) de la FGR, Rodolfo Delgado, se le pregunta por qué no se ha acusado a algunos de los clientes del coronel, a los notarios o a las armerías involucradas.

“Para analizar todo eso, es un problema mucho más grande y complicado. Tenemos una Ley de Armas que no es la adecuada, porque contiene demasiados errores y demasiadas contradicciones, lo cual descubrimos cuando estuvimos analizando este caso”, dice Delgado.

El jefe fiscal señala que en el caso de Villeda Maldonado sí se consideró una acusación en su contra, pero cuando la investigación estaba lista, esta ya poseía el permiso especial de persona de alto riesgo.

Sin embargo, Delgado dice que la investigación no está cerrada: “Hay demasiadas cosas que complementar aún”. El fiscal manifiesta que en algún momento del caso tendrá que analizarse todos los documentos notariales que se utilizaron para amparar la matrícula de las armas, así como las armerías que están autorizadas para grabar números de serie. “Lo que sucede es que este decreto trajo más problemas que soluciones”, afirma.

La FGR aún no posee el listado de las armas registradas con base en el decreto y que se mandaron a grabar con números de serie en el período de González Quezada.

Delgado también explica que las donaciones de armas “es el mecanismo que mucha gente ha utilizado históricamente para disfrazar ventas de armas. Puede ver en los registros de armas una gran cantidad de donaciones que se hacen, cuando en realidad en la vida nadie le regala nada”. Como fue en el caso de Guzmán Anaya.

En el caso de los dos AK-47 con piezas de otros fusiles, el jefe fiscal dice que es imposible determinar si estas piezas fueron sustraídas a otras armas que estuvieron en depósito judicial en la Dirección de Logística. “Aunque se comprobó con un caso que así fue”, dice al hacer referencia al AR-15 que poseía la aguja percutora cambiada. Dice que no puede situarse en la teoría de que se estén desmantelando las armas en depósito “porque sería demasiado especulativo”. Sin embargo, la FGR no ha logrado determinar de dónde provenían las armas que el coronel matriculó supuestamente de forma fraudulenta, al asegurar que las poseía desde años atrás, y posteriormente vendió.

En octubre de 2012, LA PRENSA GRÁFICA publicó que el MDN posee en sus bodegas 28,000 armas sin destruirse. La FGR no ha ahondado en detalles de algunos de los casos relacionados con el coronel aún.

El fiscal Delgado dice, ejemplificando, que aún no han determinado el registro de dos armas calibre 5.7, modelo Five Seven, a nombre del coronel. Esta arma es conocida como “matapolicías” debido a que su munición puede penetrar chalecos antibalas.

Una de estas fue encontrada con matrícula legal en la vivienda del coronel la segunda vez que lo capturaron. Existe otra, no encontrada aún, que fue registrada en julio de 2011 pero, amparada en la amnistía de 2009.

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