Loading...
El Salvador  / social Lo más leído

Los derechos que el impago del FODES mutiló en Juayúa

Durante 11 meses de impago del FODES el Estado ha vulnerado derechos esenciales a los ciudadanos. En el municipio de Juayúa, el cierre de la alcaldía, producto del impago, ha privado a niños y niñas del derecho a la identidad. Sin embargo, algunos habitantes han creado formas de resistencia a la crisis.

Enlace copiado
Medida. La alcaldía municipal de Juayúa dejó de funcionar el pasado 19 de enero. Desde entonces varios servicios municipales han sido suspendidos de manera indefinida.

Medida. La alcaldía municipal de Juayúa dejó de funcionar el pasado 19 de enero. Desde entonces varios servicios municipales han sido suspendidos de manera indefinida.

Enlace copiado

Santiago nació hace dos meses en Juayúa, un municipio pintoresco de la zona occidental de El Salvador. Pero, en realidad, Santiago no existe para el Estado salvadoreño. Sus padres intentaron asentarlo en la alcaldía, pero como está en quiebra, hoy no hay quien abra las puertas ni quien emita partidas de nacimiento para los niños.

Cuando intentaron asentarlo por primera vez, Santiago tenía cinco días de nacido. Como manda la Ley del Registro Familiar, Jacobo, su padre, llegó a la comuna con la intención de sacar su partida, pero se encontró con un conato de huelga. Ese día, los sindicalistas pretendían abrir el registro familiar, pero el alcalde buscaba la apertura de todas las áreas y argumentaba que "se abrían todas o ninguna’’. Los sindicalistas no aceptaron esa condición, la alcaldía no abrió y Jacobo regresó a su casa sin la partida de su hijo.

Un mes después hizo el segundo intento, apremiado porque debía llevar a Santiago a su primer control en el Hospital de Santa Ana. El registro familiar, una vez más, estaba cerrado. Sin la partida, Santiago no podía ser atendido en el hospital. Y así, el Estado le falló la segunda vez al negarle el derecho a la salud por falta de un documento de identidad.

Santiago es de los 50 niños que, en promedio, nacen, cada mes, en Juayúa, a juzgar por los datos hasta diciembre 2020. Desde el 19 de enero, día en el que las instalaciones de la alcaldía cerraron, no hay forma de saber, con exactitud, cuántos nuevos nacimientos hubo en el municipio.

Jaboco, el padre de Santiago, cuenta que, solo en su familia, hay dos niños sin asentar. Es decir, sin identidad. El otro niño es Martín, primo de Santiago. Además, dice que lo más grave es que su hijo nació con algunos problemas de salud, pero que "por suerte", ya no necesitó más atención médica. A estos menores, de los que no se tiene registro, el Estado salvadoreño les ha vulnerado un derecho tras otro. "Prácticamente los niños que no están asentados, jurídicamente todavía no existen", dice Ever Ruíz, síndico municipal de Juayúa.

Hoy es 19 de abril y la alcaldía sigue cerrada. Es así desde hace dos meses, pero en realidad la comuna no recibe fondos desde junio de 2020, cuando, en medio de la pandemia por coronavirus, el Ministerio de Hacienda decidió congelar el reparto del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las municipalidades (FODES), con el que las alcaldías pagan gastos administrativos, salarios y ejecutan proyectos. La Ley FODES autoriza que hasta el 25 % de los fondos puedan ser utilizados en pago de salarios o gastos adminitrativos. 

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, asegura que es imposible pagar el FODES porque, a causa de los estragos de la pandemia, no hay fondos. Sin embargo, la Corte de Cuentas de la República (CCR), luego de una auditoría en noviembre 2020, reveló que el Gobierno sí tenía fondos para realizar los pagos. A Santiago, una decisión política del gobierno Bukele lo ha dejado sin identidad, uno de los principales derechos de la persona humana, según la Constitución de la República.

 
Sin FODES no hay salario, techo, ni sustento, la realidad de don Alvaro López y su familia

El desgobierno de Juayúa

Santiago nació sin poder ser Santiago, pero quizá ese sea solo uno de los muchos problemas que le ha acarreado el impago del FODES a este municipio, que desde el

19 de enero se gobierna solo. Ese día, los empleados municipales, tras casi cuatro meses sin salarios, decidieron hacer un paro de labores. Dos días después, el concejo municipal, con el alcalde Edgar Saenz (PCN) a la cabeza, asfixiado por el caos que invadía las finanzas del municipio, acordó un cierre indefinido en el área operativa. Los empleados, en protesta por el retraso en sus salarios, tomaron la decisión de un cierre total.

Pero Juayúa no es el único muncipio afectado. Desde el impago del FODES, varias alcaldías han tenido cierres temporales o, a la fecha, cierres totales. Juan Pablo Álvarez , alcalde de Soyapango y miembro de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES), explica que no han podido cuantificar cuántas alcaldías permanecen cerradas, ni cuántas han tenido cierres temporales, porque la situación es tan anormal, que de un día para otro, unas cierran sus puertas y otras vuelven a abrir. Pero según los reportes que han tenido, asegura que "son muchas".

‘"Quiero que se entienda que el hecho de que estén abiertas no quiere decir que estén operando normalmente. Hay alguien cuidando la alcaldía y le dice a la gente que no se da algún servicio porque no hay electricidad, por ejemplo. Hay alcaldías donde solo llega el alcalde y su gente confianza’’, explica Álvarez.

La falta de labores en los registros familiares no solo afecta a los recién nacidos. Que nadie entregue partidas también afecta la matrícula de niños en el sistema educativo, justo cuando el Gobierno insta a un regreso a clases semipresencial. La falta de partidas también afecta en el registro en el sistema de salud para los primeros controles.

Por la huelga provocada tras el impago del FODES, las familias con difuntos tampoco han tenido derecho al acta de defunción correspondiente, y estos han sido enterrados con un documento provisional. Según empleados del registro familiar, al mes, se registran un promedio de 20 defunciones en el municipio de Juayúa. De modo que, desde enero, estas personas han sido sepultadas, pero sus sus familiares no han podido hacer trámites de herencia ni de seguros de vida por falta de un documento oficial.

Afectado. Alvaro González se mudó a una casa más pequeña hace dos meses, porque fue desalojado por el impago de vivienda que alquilaba, pues no recibe el salario de la alcaldía de Juayúa.

Lorenzo Rivas, originario de Juayúa y ahora residente en Santa Ana, cuenta que uno de sus hijos murió en marzo pasado en Estados Unidos. Sus restos no han podido ser enterrados porque su hijo está asentado en Juayúa. Y aunque él pretende enterrarlo en Santa Ana no puede hacerlo sin un documento oficial de la alcaldía que ahora está cerrada. Ha llegado dos veces para que le entreguen un acta y poder enterrar sus cenizas, pero nadie le ha podido ayudar.

"Me vine a topar con esto y me urge porque mi niño viene de Estados Unidos en ceniza y yo necesito darle sepultura", asegura.

Álvaro Gonzáles ha vivido en dos casas diferentes en un mismo año porque se quedó sin salario debido al impago del FODES. De la primera fue desalojado porque no pudo pagar el alquiler. En la que vive hoy, ya debe dos meses. Aunque ha trabajado más de 18 años en la alcaldía de Juayúa, estos últimos seis meses no ha tenido ni para la comida, cuenta. Ha pedido "fiado" en las tiendas y ha tenido que pedir prestado para otros gastos.

"Uno se siente desesperado que le cobren en la mañana, que le cobren en la tarde, que le hablen por teléfono. Es bien difícil porque uno se siente culpable y sin poder hacer nada’’, cuenta. Hace algunos días, incluso, tuvo que pedir prestado para ir a pasar consulta, pues al no haberle pagado su salario, perdió el derecho de ser atendido en el Seguro Social. Entre sus compañeros, él no es el único en esta situación.

"Hay compañeros que tenían programadas operaciones y fueron suspendidas, tenían programadas consultas de tiempo porque estaban teniendo un tratamiento continuo. Ahora, si nos vemos en el tema de pensiones, tenemos compañeros que están al borde de poder hacer un trámite de jubilación y no fue pagada el AFP’’, explica Douglas Guerra, secretario de organización del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Juayúa (SITRAMJ).

En otros casos, algunos empleados deben pagar cuotas alimenticias a sus hijos o tienen préstamos en los bancos. "Entonces, está generando una mora que, al final, esa mora no la va pagar el alcalde ni el que venga, la va pagar el empleado", asegura Guerra.

En una consulta realizada en octubre de 2020 por LPG Datos, la unidad de investigación social de La Prensa Gráfica, 61 alcaldías de las 210 consultadas ya mostraban problemas para el pago de salarios. Según datos de COMURES, a la fecha, alrededor de 180 alcaldías deben dos meses o más de salarios.

Para 2020 el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) tenía afiliados a 32,000 empleados municipales. A buena parte de ellos, el Estado les debe pese a que, según la Constitución de la República, el salario es inembargable y no se puede retener.

La historia de Juayúa, desde la última vez que recibió el FODES, en junio 2020, es la cronología exacta de cómo se hunde una alcaldía en unos pocos meses. También es un retrato de lo que han vivido las alcaldías de los municipios más pequeños del país. Este municipio, que figura como uno de los destinos turísticos más reconocidos del país, tiene una recaudación municipal de, aproximadamente, $35,000 al mes, según explicó Ever Ruíz, síndico municipal. Y, en concepto de FODES, recibía $200 mil mensuales. De esto, casi $50,000 eran para salarios.

Desde marzo que se reportó el primer caso de covid-19 en El Salvador, la alcaldía tambaleaba, pero se sostenía, dice Ruíz. Pero en julio, el primer mes sin FODES, la alcaldía tuvo que pagar con su recaudación y parte del FODES del mes anterior, una planilla que alcanza los 150 empleados permanentes y, aproximadamente 20 por contrato. Esto suma alrededor de $80,000. Es evidente que, aún con su recaudación al 100% y sin cubrir otros gastos como la luz eléctrica, el agua y ningún otro servicio, no lograrían cubrir cada mes.

Organización. Sindicalista se organizan junto a la comunidad para poder brindar el servicio de recolección de basura del municipio.

En agosto, la alcaldía ya estaba atada de manos, tenía deudas con proveedores y no pudo pagar a sus empleados. Dos meses más tarde, luego de tres meses de recaudación, logró por fin pagar los salarios de agosto. Aún así, seguía debiendo septiembre y octubre y los empleados comenzaban a inquietarse.

En noviembre, al igual que todas las del resto del país, la alcaldía recibió un desembolso para la mitigación de los daños de la pandemia. De ahí tomó prestado y les canceló septiembre y octubre a sus empleados. Luego alcanzaron a reunir para el aguinaldo. Esa fue la última vez que los empleados vieron un salario.

Fue así que, en enero, asfixiados por las deudas y teniendo que trabajar sin remuneración, decidieron tomar una acción de protesta, que el alcalde respondió con el cierre parcial de la alcaldía, que los empleados acordaron que sería total. Desde entonces la alcaldía no presta ningún servicio y la ciudad es administrada por los ciudadanos.

La ciudad en resistencia

Ya es abril y Juayúa sigue sin autoridades que respondan por las necesidades del municipio. Sin embargo, un camión recolector de basura recorre las calles de la ciudad. Del camión se baja Katherine y, en cada casa, acerca un recipiente en el que suenan unas monedas. Hace de recolectora en el camión de la basura de Juayúa, pero en realidad, su trabajo oficial es barrendera.

Es una de las empleadas y empleados que, sin salario y más bien a título de sindicalistas, hacen la recolección de basura de la ciudad. Los ciudadanos, quienes normalmente pagan impuestos por este servicio, depositan en el recipiente algunas monedas para costear la gasolina del camión recolector. Una ciudadana, a quien llamaremos Sandra, no se explica por qué ellos están haciendo este trabajo si debería ser una labor de la municipalidad.

Según manifestó el síndico, la alcaldía podría correr con los gastos de recolección si los empleados abrieran la alcaldía y se pudiera hacer la recaudación de impuestos. Sin embargo, esta recaudación no alcanzaría a cubrir sus salarios y, por eso, los sindicalistas no acceden.

Para resolver esta situación ha habido diálogos muy breves entre las partes, pero no se ha concretado nada, porque sin el FODES para los salarios, muy poco se puede hacer. Los empleados, además, ya no confían en las actuales autoridades municipales. De modo que con quien han llegado a un acuerdo es con Eduardo Paula, alcalde electo del municipio por Nuevas Ideas, quien les hizo una promesa: que en su gestión los empleados serán prioridad.

Paula se reunió con ellos previo a las elecciones de febrero pasado y una vez más tras el triunfo electoral "Él maneja la esperanza de que el FODES sea depositado, así como el ministro de Hacienda lo ha rectificado de que sí será efectivo en las alcaldías. Sin embargo, él tiene un ‘plan b’: someterse a un préstamo para solventar la problemática de los trabajadores", cuenta Guerra.

Ulises Cáceres, miembro del sindicato, cuenta que han tomado a bien esta promesa, pero que "no saben qué planes traen, puede ser que traigan buenas ideas o puede ser que traigan malas ideas", asegura.

"Nosotros estaríamos dispuestos a hacerle entrega de todas las llaves de las instalaciones, y de todos los predios municipales -inclusive de todos los vehículos- para que quede en responsabilidad de él todos los bienes de la alcaldía", explica Guerra.

Sin embargo, luego del anuncio del presidente Nayib Bukele, sobre la reducción del porcentaje del FODES y la creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales, ahora sólo queda la incertidumbre. "Es un dardo que se lanzó, pero no se ha explicado nada", dice Cáceres.

Tags:

Lee también

Comentarios

Newsletter
X

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Mensaje de response para boletines