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Los extraños negocios del diputado López Cardoza

Compró y vendió propiedades a familiares de su suplente procesados por lavar dinero para narco, y trasladó sus deudas a la sociedad Rivera Monge. Omitió declarar inmuebles a Probidad, de acuerdo con información en el CNR.
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El inmueble número cinco ubicado en el bulevar Walter Thilo Deininger de Antiguo Cuscatlán, La Libertad, tiene desde ayer una anotación en el sistema del Centro Nacional de Registros (CNR): ha sido inmovilizado mientras las instancias judiciales determinan si el diputado del PCN Reynaldo López Cardoza se enriqueció ilícitamente. El diputado pecenista compró esa propiedad a Wílver Rivera Sifontes, hijo de su exdiputado suplente Wílver Rivera Monge, quienes actualmente son procesados por lavado de dinero.

Wílver Rivera Sifontes adquirió ese inmueble en Antiguo Cuscatlán en junio de 2009, cuando aún era estudiante y tenía 23 años de edad. Pagó $100,000 por el terreno de 1,762 metros cuadrados y dos años después, en septiembre de 2011, se lo vendió por muchísimo menos al diputado López Cardoza : $28,000, según consta en escritura registrada en el CNR.

Rivera Sifontes ahora enfrenta un proceso penal por lavado de dinero, tras haber sido capturado junto con su madre en agosto de 2013. La Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de integrar una red que lavaba dinero para el narcotraficante Jorge Ulloa Sibrián, alias “Repollo”. La familia Rivera, según la investigación fiscal, tenía una empresa de fachada de venta de vehículos donde Ulloa Sibrián daba fuertes sumas de dinero que iban inyectadas directamente a ese negocio y luego al sistema financiero.

La compraventa del inmueble en Antiguo Cuscatlán no es el único negocio que el diputado López Cardoza hizo con la familia de su exdiputado suplente: ya en 2008 le había vendido un inmueble de 261 metros cuadrados, también por $28,000, a Mindy Yajaira Rivera Sifontes, otra hija de Wílver Rivera Monge y hermana de Wílver Rivera Sifontes. Esa propiedad está ubicada en el barrio Concepción de Chalatenango, de acuerdo con los registros en el CNR.

Mindy Yajaira, al igual que su madre, su padre y su hermano, se enfrenta a un proceso penal por lavado de dinero y enfrenta un proceso de extinción de dominio, porque la Fiscalía busca que cinco inmuebles a su nombre y dos cuentas bancarias pasen a manos del Estado. El próximo 15 de octubre será la audiencia donde se definirá el destino de sus propiedades.

En una observación realizada por la oficina de Probidad a López Cardoza el 7 de septiembre de 2015, le requieren: “Explicar por qué dicho inmueble lo declaró de su propiedad y por qué no declaró esa cuenta por cobrar por el préstamo realizado a la señorita Mindy Yajaira Rivera Sifontes”.

Además, en la declaración de cese de funciones de su primer período, en 2012, López Cardoza reflejó dos deudas hipotecarias: una por $202,792.83 y otra por $30,271.50 y luego informó a la Sección de Probidad de la Corte que no presentaba información adicional sobre sus deudas hipotecarias debido a que se las trasladó a la sociedad Rivera Monge S. A. de C. V., cuyo representante legal es Wílver Rivera Monge.

Inmuebles no declarados

El pasado martes, la Corte Suprema únicamente ordenó la inmovilización de cuatro inmuebles a nombre de López Cardoza: el de Antiguo Cuscatlán, uno en Los Planes de Renderos, otro en Colón y otro en Chalatenango (ver detalle en recuadro). Pero hay otras propiedades a nombre del diputado que no han sido congeladas y sobre las que no pesa una orden de secuestro preventivo. La razón: el pecenista no declaró todos sus inmuebles a la Corte, según un rastreo realizado por este periódico en el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipoteca.

Cardoza, por ejemplo, omitió informar que es propietario de una porción del lote 131 ubicado en Dulce Nombre de María, en Chalatenango, un inmueble con la matrícula 40014464-00000. Tampoco reportó que es propietario de la porción cuatro del lote 130 en El Ocotal, siempre en Dulce Nombre de María.

Otro de los inmuebles que tampoco le han sido inmovilizados es el que tiene a su nombre en el cantón San Jerónimo de Guazapa, donde funcionaba un centro recreativo; ni otra propiedad en el Barrio San Jacinto de San Salvador. Según información encontrada en el CNR, tiene otras cuatro propiedades más en el departamento de San Salvador.

La Sección de Probidad de la CSJ está habilitada desde enero de 2014 a pedir información a los bancos y a otras instituciones del Estado para corroborar los datos que declaran los funcionarios públicos.

Para investigar a López Cardoza, envió solicitudes a 25 oficinas, entre bancos e instituciones de Gobierno, pero encontró trabas ya que algunas se tardaron en entregar la información. Todavía el pasado 26 de septiembre reiteró algunas peticiones.

Probidad no había podido contrastar los inmuebles declarados por el diputado López Cardoza con los que tiene registrados en el CNR debido a que, hasta el pasado 5 de octubre, no había recibido respuesta de esa oficina de Gobierno.

lo que encontró la corte

La Corte Suprema , tras la revisión de los procesos de compra de los cuatro inmuebles que han sido inmovilizados, concluyó que Cardoza compró al contado, sin recurrir a préstamos, y sin realizar retiros bancarios en sus cuentas de ahorro.

El diputado remitió ayer un comunicado en el que, sin dar mayores explicaciones sobre su patrimonio, cuestionó el procedimiento en la Corte Suprema (lea el detalle en la página 6). El caso ingresó a la Cámara Segunda de lo Civil, que en un plazo máximo de cinco días definirá si en esa instancia procede el proceso civil ordenado por la Corte Suprema.

El funcionario, de acuerdo con los informes de Probidad, pasó de tener un patrimonio de $167,615.83 en 2009, en su primer período como diputado, a poseer $1,253,885.07 al inicio de la actual legislatura, y no pudo demostrar el origen lícito de esos fondos, según la CSJ.

Los magistrados de la Corte, con registros bancarios en mano, concluyeron que “existen diversos ingresos que no fueron incorporados en sus declaraciones patrimoniales, pero que fueron detectados en la labor de verificación, y que tampoco se ha podido justificar su procedencia; esto sucede con diversos depósitos a plazos de su cónyuge, la cual según el diputado no reporta ingresos ni gastos, que ascienden a $305,000.00, de los cuales solo dos están vigentes y los demás han sido cancelados; pero también un reintegro por gastos en campañas políticas, de más de $256,000.00 cuya fuente es desconocida y no hay justificación”.

Otro de los hallazgos en la investigación que realizó la Sección de Probidad indica que el diputado realizó, con su cónyuge, 50 viajes de turismo. La Corte concluyó , por tanto, que su estilo de vida no coincidía con sus ingresos declarados.

Además de la inmovilización de inmuebles, los magistrados ordenaron el pasado martes que se inmovilizaran las cuentas del diputado, así como las de su cónyuge. Esto tras advertir que él omitió informar que ella, desde 2008 hasta 2015, realizó 11 depósitos a plazo, “de los cuales nueve se encuentran cancelados y ascienden a la cantidad de $220,000. Los restantes dos se encuentran vigentes y ambos suman la cantidad de $85,000. Ninguno de ellos fue incluido en las declaraciones respectivas y no se ha justificado de dónde provienen los fondos”.

La resolución que ordenó un juicio contra el diputado fue firmada por 14 de 15 magistrados que integran el pleno de la Corte Suprema. El magistrado Óscar López Jerez se abstuvo de votar. Fuentes de la CSJ dijeron que los magistrados podrían incluir el tema nuevamente en la sesión plenaria de este día. El fiscal general de la República, Luis Martínez, informó anoche, en su cuenta de Twitter, que la Fiscalía ha iniciado la investigación del caso mediante su unidad especializada en delitos de corrupción.

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