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Los otros recados del juez a los fiscales, abogados y políticos en fallo Cuscatlán

La duración del fallo Cuscatlán dejó temas inadvertidos: el juez criticó a los fiscales, dijo que abogados son mensajeros de pandillas y reprobó a políticos.

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13 diciembre 2019 Delitos   El juez antimafia impuso condenas por asesinatos, intentos de homicidio y provisión de armas al crimen organizado.

13 diciembre 2019 Delitos El juez antimafia impuso condenas por asesinatos, intentos de homicidio y provisión de armas al crimen organizado.

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El juez Godofredo Salazar llegó puntual a la sala de audiencias, como durante las cuatro semanas que se extendió el juicio en octubre. Saludó a los fiscales, a los abogados e incluso bromeó con la prensa. Inmediatamente se puso serio y empezó a explicar los argumentos para condenar a 373 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), pero también dejó claro los errores de todas las partes involucradas en el caso.

"Un juez no puede callar ni solapar circunstancias que eventualmente han ocurrido", lanzó Salazar como anticipo de la larga lista de recados que tenía preparada para las cuatro horas que duraría la lectura de resolución el jueves 12 de diciembre.

Las primeras explicaciones fueron las esperadas. El juez criticó a la Fiscalía General de la República (FGR) porque no acusó a ninguno de los políticos involucrados, según audios y videos, en negociaciones con la MS-13, como parte del proceso denominado Operación Cuscatlán. Salazar le recordó a los fiscales que es segunda vez que no acusan a políticos, al igual que en 2017 como parte del caso Operación Jaque, cuando un testigo criteriado dijo que el FMLN y ARENA dieron dinero a las pandillas.

Según el juez antimafia, los fiscales no solo se equivocaron en no procesar a políticos. También cometieron el error de usar de manera inadecuada las pruebas que presentaron contra los 425 ligados a la MS-13: no lograron sacar más información importante en su testimonio a Noé, un excabecilla de la pandilla que decidió colaborar con las investigaciones a cambio de que la Fiscalía le dé beneficios judiciales.

No solo los fiscales cometieron errores. La defensa, según Godofredo Salazar, también dejó que desear. Algunos abogados, detalló, presentaron escritos al Juzgado Especializado Sentencia A que relevaban la identidad de Noé, cuyo nombre real fue modificado como protección durante el proceso, porque su vida puede correr riesgo al delatar a la pandilla.

Salazar también reveló que hay pruebas contra abogados que sacan mensajes a las pandillas desde los penales. "Hay audios en que abogados se están ocupando como heraldos de la pandilla. Hay abogados contratados para extraer información desde los penales", dijo el juzgador, aunque aclaró que los señalamientos no necesariamente iban hacia algún abogado presente en la sala de audiencias.

El fiscal general, Raúl Melara, también tuvo su recado. El juez recriminó a Melara que dio información "distorsionada" durante el desarrollo del juicio. Salazar se refería al 30 de octubre pasado, cuando el fiscal general dijo que el juez debía tener "valentía" para aceptar su responsabilidad por la no reproducción, en el juicio, de los videos de políticos negociando con cabecillas de las pandillas.

Salazar reiteró en el fallo que fue la Fiscalía quien desde el primer día del juicio, el 7 de octubre pasado, solicitó al juzgado que toda la prueba documental, incluida los videos, se tuviera como válida sin que se reprodujera en la sala de audiencias. La defensa estuvo de acuerdo y el juez aceptó la petición de la FGR, que luego intentó desligarse de la decisión.

La Fiscalía ha dicho en reiteradas ocasiones que el juez tomó la decisión de no reproducir los videos, que al final salieron a la luz durante el fallo por iniciativa de Salazar. El juzgador detalló que la ley solo faculta a la Fiscalía y los abogados para hacer ese tipo de solicitudes, por eso señaló que las opiniones del fiscal Raúl Melara reflejan "ignorancia" de los procesos judiciales.

La petición de Godofredo Salazar a Raúl Melara fue clara: que no interfiera en más juicios con información "distorsionada". Le pidió respeto y dijo que se reserva el derecho a interponer una demanda por difamación, debido a que las declaraciones del fiscal general "abrieron puertas de hordas electrónicas" que, según denunció, lo atacaron. Los juicios no son para potenciar imágenes de instituciones ni personas, puntualizó.

A pesar de los señalamientos que le hizo el juzgador, el fiscal general decidió continuar con su postura y volvió a insinuar que fue el juez quien no quería divulgar los videos. "Ya vieron que sí podía pasar los videos...", publicó Melara en su cuenta de Twitter el jueves por la noche tras el fallo.

"Tenemos gánsteres políticos"

Los mensajes más duros se los llevaron los políticos y exfuncionarios que aparecen mencionados en los audios y videos de la MS-13, entre ellos Arístides Valencia, Ernesto Muyshondt, Norman Quijano, David Munguía Payés, Nidia Díaz y Salvador Sánchez Cerén. También hay ligados empleados de las alcaldías de La Libertad, San Salvador, Soyapango, Santa Tecla, San Martín, Usulután, Cuscatancingo e Ilopango.

Los videos muestran que Arístides Valencia, exministro de Gobernación en la administración pasada, ofreció crear una dependencia llamada Principios y Valores para que los pandilleros ingresaran al Gobierno. Norman Quijano, quien niega reuniones con pandilleros, les ofreció $100 millones con un programa de rehabilitación a través de las alcaldías si ganaba la presidencia en 2014. Y el alcalde Muyshondt aparece rodeado de dinero que habría dado a las pandillas, aunque él reconoce que pagó una "extorsión".

Los pandilleros también discutieron, en llamadas que intervino la Fiscalía entre 2015 y 2016, sobre un supuesto video en el que aparece Munguía Payés en reunión con cabecillas. Se escucha que los delincuentes hablan sobre una presunta entrega de "uniformes escolares" que hizo el exministro señalado como responsable de la tregua entre pandillas en el gobierno de Mauricio Funes.

"Entonces en el país tenemos dos tipos de gánsteres: los gánsteres pandilleros y los gánsteres políticos", dijo Salazar, a la vez que opinó que los políticos, según las pruebas, posiblemente cometieron delitos como fraude electoral, fraude procesal, agrupaciones ilícitas, peculado, malversación de fondos o lavado de dinero. Pero debe ser la FGR la que individualice y acuse los delitos a cada involucrado, agregó.

En los videos y audios, valoró el juez, quedan incógnitas que la Fiscalía debe resolver. Esas dudas son las identidades de personas mencionadas como Howard, Araujo y Paolo. También el juzgador pidió investigar unas palabras de Arístides Valencia, quien dijo en una reunión con pandilleros que un "fiscal" alertó a un "secretario" sobre la existencia de un video de él y una diputada con pandillas, sin dar más detalles.

"Queda un deber pendiente", dijo Salazar. Luego dictó las penas desde los cuatro hasta los 74 años de cárcel. Absolvió a 52.

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