Los postes siguen en Agua Escondida

Algunas mujeres regaban plantas ayer por la mañana. Otras molían maíz para las tortillas. Jornaleros caminaban con sus herramientas de trabajo. En la entrada de la comunidad Las Flores, lo único inerte son los postes, esos 23 pilotes que la semana pasada intentaron instalar ocho trabajadores que fueron asesinados.
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Abandonados.  Los postes que serían instalados por los empleados asesinados hace una semana.

Abandonados. Los postes que serían instalados por los empleados asesinados hace una semana.

Rural.  El cantón donde ocurrió la masacre subsiste del trabajo agrícola. Algunas viviendas están solas.

Rural. El cantón donde ocurrió la masacre subsiste del trabajo agrícola. Algunas viviendas están solas.

Los postes siguen en Agua Escondida

Los postes siguen en Agua Escondida

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Ayer hace una semana fueron asesinadas 11 personas: ocho eran empleados subcontratados por la Empresa Distribuidora Eléctrica Salvadoreña (EDESAL) y los otros tres, agricultores. En la comunidad Las Flores del cantón Agua Escondida, en el municipio de San Juan Opico (La Libertad), permanecen los 23 pilotes de concreto, huecos, amontonados cerca de la entrada de la comunidad y afuera de varias viviendas particulares. Un par de vigas de madera les dan sostén, aunque estén acostados, para separarlos unos de otros. Polvorientos, llenos de la fina capa que se levanta del camino terroso, nadie los ha vuelto a tocar. Estos eran los postes que los ocho empleados de la empresa energética tenían planeado instalar en la parte alta de la comunidad, donde las viviendas particulares escasean y abunda el cañal. “Poste” también es nombre que en la jerga callejera le dan los pandilleros a sus miembros que se encargan de vigilar territorios. “Ahora está más tranquilo, ya no se han visto los bichos por aquí”, dice un lugareño. Los “bichos” son los pandilleros que se asomaban por la zona, pero que los residentes aseguran no viven dentro de la comunidad. La mayor parte de residentes consultados coincidieron ayer en que desde que ocurrió la masacre, el jueves 3 de marzo, la Policía Nacional Civil (PNC) y soldados de la Fuerza Armada (FAES) han mantenido presencia frecuente en la zona. Una residente entorna los ojos hacia arriba cuando se le pregunta si antes llegaban los agentes. Un amplia pinta de la pandilla MS-13 abarca un muro de unos cinco metros en la parte más poblada del caserío. Ayer, dos equipos de investigadores policiales llegaron a la zona, uno de ellos frente a ese grafiti que advierte “ver, oír, callar”. Los lugareños dicen que ahora “está más tranquilo”, pero evitan en la medida de lo posible referirse al múltiple crimen. Dicen que no oyeron nada. Ni balazos. Ni escándalo. Dicen que “no saben” si la empresa regresó a continuar con el proyecto de alumbrado. Y sí, varios coinciden en que tienen miedo, en que sus horas de encerrarse en sus hogares se adelantaron en el reloj después de la masacre. Que nunca antes había sucedido una brutalidad como esa. Un lugareño, de avanzada edad, agricultor, conoció a una de las víctimas: Miguel Hernández, de 58 años; se refiere a él como “el patrón”. Comenta que Hernández era asociado de una cooperativa cercana y siempre se dedicó a la agricultura, además de contratar a jornaleros de la zona. El miércoles, dijo, terminó tarde de trabajar y se durmió al día siguiente. Miguel le había pedido que llegara el jueves desde las 8 de la mañana. El lugareño reflexiona, mientras trocea leña, que sí, que él podría haber estado entre los tres jornaleros asesinados. Según la hipótesis de la PNC, los pandilleros los atacaron para evitar dejar testigos. Los agricultores fueron descubiertos en un sector cercano de donde fueron asesinados los empleados de la empresa.Unos cuantos kilómetros lejos de ahí, en el Juzgado de Paz de San Juan Opico, el vigilante del centro judicial confirma que la Fiscalía General de la República (FGR) no acudió a presentar ninguna acusación ayer. Tanto la Policía, como el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, han asegurado que 82 personas fueron arrestadas por la masacre. La FGR y la unidad de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez (CJIM) han confluido en los múltiples arrestos, pero ninguno de ellos bajo el delito de homicidio. Únicamente por agrupaciones ilícitas. El CJIM, de hecho, informó que nueve acusados que salieron en libertad el miércoles eran empleados de la Alcaldía de San Juan Opico que limpiaban las riberas del río Sucio cuando fueron detenidos durante el operativo de la PNC. Algunas personas consultadas de la municipalidad confirmaron ayer los arrestos, pero dijeron no estar autorizadas para dar más información.

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