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Los vejámenes sufridos por la familia amparada por la Sala, a manos de policías y pandilleros

El proceso de amparo iniciado por seis demandantes de una familia de 33 miembros, que sufría persecución pandilleril y policial, terminó con una resolución de la Sala que ordena al Estado recobrar el control de los territorios dominados por las pandillas, entre otras medidas.

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Los demandantes en un proceso de amparo favorecidos con una resolución de la Sala de lo Constitucional sufrieron persecución pandilleril y policial. Esta segunda incluyó el asesinato de la madre de un demandante durante un

Los demandantes en un proceso de amparo favorecidos con una resolución de la Sala de lo Constitucional sufrieron persecución pandilleril y policial. Esta segunda incluyó el asesinato de la madre de un demandante durante un "cateo" de la PNC en Berlín, Usulután. Foto con fines ilustrativos/LPG/Melvin Rivas/Archivo

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La Sala de lo Constitucional emitió hoy una resolución al proceso de amparo presentado por seis demandantes que pertenecen a una familia de 33 miembros, quienes  tuvieron que huir primero de las pandillas y luego del acoso de policías.

Producto de este proceso, la Sala ha ordenado a las autoridades de Seguridad Pública, al presidente y a la Asamblea Legislativa, entre otras instituciones, recobrar el control de las zonas dominadas por las pandillas en El Salvador.

Además, los demandantes son libres de iniciar un proceso para exigir reparación a los funcionarios responsables de los daños materiales y morales que han sufrido.

Según lo expuesto en el documento publicado por la Sala, estos son los sucesos sufridos por la extensa familia, dividida en ocho núcleos familiares. Dos miembros del grupo familiar son militares, lo que habría detonado el acoso de la pandilla.

Abril del 2016

Según el relato expuesto en el proceso de amparo, en la noche del 15 de abril del 2016, el esposo de la "Demandante 1" y otro miembro de la familia fueron interceptados a dos cuadras de su casa por tres miembros armados de la pandilla 18.

Los delincuentes obligaron a sus víctimas a desnudarse y los golpearon exigiéndoles que les revelaran quiénes de sus familiares eran soldados. "Los amenazaron con matarlos y les advirtieron que tenían solamente 24 horas para desalojar su casa, pues de lo contrario la ametrallarían", dice el relato, en el que se agrega que la familia no denunció por el temor a represalias.  

Junio del 2016

Un segundo ataque tuvo lugar el 23 de junio de ese mismo año, cuando el hijo de la "Demandante 1" fue interceptado por un hombre cuando salió de la escuela. '"Le dijo que se lo iba a llevar"; sin embargo, el menor gritó y ello, aunado a que había más personas alrededor, provocó que su agresor se fuera", se lee en el documento de la Sala.

Octubre del 2016

En otro episodio de violencia en ese mismo año, cuatro personas de las que se presume eran pandilleros irrumpieron en la casa donde vivían los "Demandantes 5 y 6" junto a sus tres hijos menores de edad. Esto ocurrió el 11 de octubre.

"Sacaron al Demandante 6 de la vivienda para insultarlo, acusarlo de colaborar con la PNC, amenazarlo con matar a su familia y golpearlo de forma reiterada, pero este logró escapar y buscó auxilio en la PNC", dice el escrito.

También, la "Demandante 6" y su hija, una niña de 12 años, fueron violadas e insultadas por los hombres, quienes también las amenazaron con matarlas. En ese momento llegó un grupo de policías y los agresores escaparon.

Cinco días después de ese ataque, el 16 de octubre, cinco desconocidos que se identificaron como miembros de la pandilla 18 llegaron a la casa en la que vivía otro de los demandantes y sus hijos menores de edad. Los criminales les dijeron que "ya sabían que tenían dos hermanitos militares y que eso les costaría caro a su familia, pues 'la pandilla había ordenado matarlos a todos', a menos que les entregaran la cantidad de $5 mil en una semana", o que, de lo contrario, les harían lo mismo que hicieron días antes a la familia de los demandantes 5 y 6.

Ocurrido todo esto, la familia de 33 miembros decidió irse para el municipio de Berlín, en Usulután, sin saber que ahí también serían violentados por otros victimarios.

Diciembre del 2016

En la noche del 17 de diciembre, "mientras se realizaba un baile cerca de la residencia en la que habitaba parte de la familia, irrumpieron al lugar miembros de la PNC para realizar un cateo, aparentemente en búsqueda de pandilleros".

Durante el cateo fue asesinada la madre del Demandante 2. Testigos responsabilizaron del crimen a los policías, y esto hizo que la familia tuviera que desplazarse nuevamente en búsqueda de seguridad.

Las denuncias fallidas

Los Demandantes 5 y 6 denunciaron el ante la Unidad de Vida e Integridad Física de la Oficina Fiscal de Mejicanos el ataque el 11 de octubre, en el que el padre de familia fue golpeado y la madre y su hija, violadas por los pandilleros. Lo hicieron un día después del ataque.

Lo mismo hizo la Demandante 1 y su esposo, al siguiente día de las amenazas recibidas el 16 de octubre, ante la División Antiextorsiones de la PNC.

Mientras, el Demandante 2 denunció el asesinato de su madre el mismo día en que ocurrió. Sin embargo, el jefe de la subdelegación de Berlín negó que se tuvieran registros sobre tal denuncia y dio una versión diferente a lo que ocurrió. Lo expuesto por el jefe policial fue apoyado por el director de la PNC.

"Hasta la fecha, esos hechos no han sido investigados por las autoridades competentes", señala la resolución.

Las autoridades se limitaron a asignarles claves a las víctimas para evitar que fueran identificadas pero no les otorgaron medidas extraordinarias de protección, como incorporarlas a un albergue.

 

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