Los viajes de un presidente deben ser públicos”

Lanza detalla la importancia del acceso a la información. También dice que ni en un estado de excepción se debe limitar la libertad de expresión.
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Edison Lanza, relator de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), habla en la siguiente entrevista de por qué los viajes del expresidente Mauricio Funes deben ser del conocimiento público. El diplomático hace énfasis en la necesidad de que se fomente el acceso a la información para potenciar el derecho a la libertad de expresión.

¿Cree que hay avances en el país en el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública?

Estamos celebrando el tercer aniversario de la instalación del Instituto de Acceso a la Información Pública, eso tiene que ser valorado como un avance porque todos los países de la región han tenido una historia de opacidad y falta de acceso a la información; entonces cuando los Estados, los Gobiernos adoptan leyes de acceso, los ponen en práctica, como en este caso El Salvador lo ha hecho, me parece que es una muy buena noticia. Ahora, la ley es necesaria, pero no es suficiente. Hay que apostar a su implementación, a generar política de archivo, a capacitar a los funcionarios públicos en esto y al IAIP y a las distintas instancias para que resuelvan con autonomía e independencia cuando estamos entre un conflicto entre ciudadanos que quieren acceder a determinada información, y el Estado que, invocando a una determinada ley, no la quiere entregar.

En El Salvador ha habido intentos de reformar leyes para coartar la libertad de expresión y de prensa. Hace poco se habló de aplicar estados de excepción que incluyen la pérdida de estos derechos. ¿Es perjudicial?

Primero, los Estados constitucionalmente han consagrado la libertad de expresión; y en segundo lugar han ratificado convenciones internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos; por lo tanto, el Estado tiene la obligación de adaptar toda su estructura estatal interna para el respeto de los derechos humanos, y en especial el derecho a la libertad de expresión... Sí vimos con preocupación, esto quiero decirlo claro, que algunos legisladores hayan propuesto aumentar y establecer penas privativas de libertad, o que pueden criminalizar la expresión. El congreso no debería dar este paso porque estaría violando la propia Convención Interamericana. En ningún caso, aun en los estados de excepción, la libertad de expresión debe socavarse o limitarse, sobre todo porque es un momento en donde la población necesita mayor información y mejor escrutinio.

¿Cuáles son los principales retos que tiene El Salvador para dar ese salto de calidad en el acceso a la información pública?

Hay un desafío importante de que todos los organismos, los municipales, nacionales y que todos los poderes adopten la ley y cumplan con la ley. Se ha manifestado estos días que los municipios a veces son renuentes a aplicar estos estándares. Yo creo que esto es obligatorio en todos los niveles del Estado, pero en el ámbito local es cuando más la gente está cerca del gobierno local, y el gobierno local tiene la obligación de transparentar toda esa información. Luego, capacitar a los funcionarios públicos porque este es un proceso que también es complicado. Es decir, clasificar toda la información que produce el Estado, hacerlo bien y no hacerlo aplicando de forma abierta las excepciones de lo que es o no información pública. Hay que seguir avanzando en la implementación de estándares y además en promover entre la población la existencia del derecho. Yo creo que mucha gente aún no sabe que El Salvador tiene esta ley. A nivel popular todavía no se ha extendido el uso. Todavía falta y sería interesante que la mayor parte de la población supiera que tiene este derecho y utilizarlo.

Usted ha hablado de la necesidad de una política de archivo. En este momento el país está ante un caso en el que la Casa Presidencial ha informado que los archivos con la información de los viajes del expresidente Mauricio Funes son inexistentes. ¿Qué opinión tiene sobre esto y cómo cree que afecta a la sociedad que desde CAPRES se extravíen estos archivos?

El Estado tiene la obligación de conservar, capturar la información y conservar esos archivos. Ahí hay una responsabilidad de quienes tenían la obligación de conservar esos archivos, por lo tanto veremos qué resuelve la justicia en el caso de que se haya perdido esa información. Creo que cualquier organismo público tiene que hacer todo el esfuerzo, agotar todos los esfuerzos para encontrar esa información; y si no, reconstruirla.

En un inicio dijeron que era información reservada y luego que es inexistente. Antes argumentaron que afectaba la seguridad del presidente, pero estamos hablando de viajes ya realizados...

Yo creo que eso ya lo resolvió la justicia y creo que hay muchos antecedentes jurisprudenciales en la región del tema. En general los viajes que ya produjo un funcionario público, nada más y nada menos que el primer funcionario, el presidente de la República, me parece que deben ser públicos; los que fueron hechos en el ejercicio de su función y con fondos públicos deben ser públicos. Son datos que hacen al interés público. Lo más importante, y más allá de los funcionarios que estén involucrados, es que si el tema es del interés público, se debe conocer. Eso derrota a la seguridad nacional, sobre todo cuando se trata de un (ex) presidente que no está ni siquiera en funciones.

¿Se está abusando en la región en las declaratorias de reserva de información?

Es uno de los desafíos importantes que tenemos, de cómo definir estrictamente estas excepciones, cómo hacerlo de acuerdo con el derecho internacional y cómo hacerlo de acuerdo con el principio de una sociedad democrática. Hay restricciones que no pueden ser posibles, no pueden ser legítimas en el marco de una sociedad democrática. Estamos hablando siempre de que las excepciones a la libertad de expresión y el acceso a la información pública se deben construir, interpretar con base en las necesidades que tienen las sociedades democráticas.

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