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MAG pagó $48.7 millones sin pedir facturas y CCR archivó el caso

Osmín Cunza, cuando era juez, archivó cuestionamientos millonarios. Meses después fue propuesto por el FMLN como primer magistrado. Auditores dicen que una auditoría así no se podía archivar.
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Auditores de la Corte de Cuentas de la República (CCR) cuestionaron que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) pagó, sin pedir facturas, un poco más de $48 millones al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), una institución con antecedentes de corrupción en Colombia. Por esa irregularidad nadie será condenado, ya que el juez interino del caso Osmín Cunza archivó el expediente.

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Cunza decidió archivar el caso en febrero de 2016. Nueve meses después fue propuesto por el FMLN como primer magistrado de la CCR y fue elegido con 77 votos en la Asamblea Legislativa.

Los $48 millones fueron  pagados para la adquisición, distribución y entrega de paquetes agrícolas a familias pobres de las zonas rurales del país, entre 2011 y 2014. Cuando el informe final de la autoría llegó a las manos de  Cunza, quien en 2016 era juez interino en la Cámara Segunda de Primera Instancia, junto al juez Guillermo Suncín, el expediente fue archivado, sin pasar por el proceso de un juicio de cuentas. En esa cámara, Cunza estaba  reemplazando al juez Manuel Escobar, procesado por violar a una adolescente.

La consecuencia directa, según consta en el expediente del caso, es que los exministros del MAG José Guillermo López Suárez y Pablo Alcides Ochoa Quinteros, junto con el ex director financiero Jaime Roberto Escobar Silva y la coordinadora de tesorería Teresa Elizabeth Uribe Hernández no tuvieron que dar explicaciones en un juicio de cuentas, en el cual podrían haber sido condenados por responsabilidad administrativa o patrimonial, por confiar ciegamente en que el IICA gastó cada centavo en las semillas de maíz, frijol y semillas mejoradas sin presentar facturas, con su respectivo crédito fiscal.

El argumento que Cunza y Suncín utilizaron para archivar el caso fue que en los papeles de trabajo (documentos que respaldan las auditorías) encontraron dos memorandos de entendimiento entre el MAG e IICA, con fecha 15 de marzo de 2011 y 29 de marzo de 2012. 

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Los jueces aseguraron que eso les bastaba para no iniciar un juicio de cuentas. Así  fue que firmaron un documento en el que escribieron “declárese improponible el informe de examen especial y archívese el expediente en forma definitiva”.
LA PRENSA GRÁFICA consultó  a dos auditores externos a la CCR y dos jueces de cuentas, quienes coincidieron en que los memorandos de entendimiento sirven como una especie de contrato informal y que por sí solos no son comprobantes del gasto. Los jueces de cuentas consultados, además, calificaron como irregular que una cámara archive una auditoría con un hallazgo de millones de dólares sin facturas.

LA PRENSA GRÁFICA intentó, durante tres semanas, entrevistar al primer magistrado Cunza para preguntarle por qué decidió archivar ese expediente, cuando lo que procedía era un juicio de cuentas. Se hizo varias llamadas al teléfono personal de Cunza y se le enviaron mensajes por WhatsApp, pero no respondió. Tras los mensajes, la oficina de comunicaciones de la Corte de Cuentas se comunicó, a través de correos electrónicos, pidiendo una solicitud formal para la entrevista. Durante las semanas siguientes, LA PRENSA GRÁFICA preguntó varias veces si Cunza había dado una fecha y la respuesta siempre fue no.

Fuentes en la Corte de Cuentas aseguraron que este no es el único caso en que Cunza archivó informes finales de auditorías relacionadas con instituciones del Gobierno y alcaldías del partido FMLN. Las fuentes dijeron que mientras Cunza estuvo en la Cámara Segunda “se hizo patrón” enviar al archivo auditorías que señalaban posibles actos de corrupción. Sobre esto tampoco se le pudo preguntar a Cunza, para conocer su versión, porque nunca concedió entrevista.

También se solicitó una entrevista con la encargada de tesorería del MAG para conocer los acuerdos, contratos y convenios con el IICA, pero hasta el cierre de esta nota tampoco hubo una respuesta.

IICA y la corrupción

El IICA tiene antecedentes de corrupción en Colombia. En 2011, las autoridades de ese país detectaron que uno de los programas bandera del expresidente Álvaro Uribe, denominado Agro Ingreso Seguro (AIS), estuvo envuelto en corrupción cuando el IICA fue el designado para dirigirlo. El programa consistía en entregar subsidios a agricultores pobres para fomentar su crecimiento económico, pero el IICA hizo malabares para que al final fueran a parar a manos de personas ajenas al programa.

LA PRENSA GRÁFICA también intentó platicar con el representante del IICA en el país, Mario Aldana, pero su asistente dijo que su agenda “estaba saturada”.

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Señalados en auditoría

Estos son los funcionarios y mandos medios del MAG señalados en la auditoría.

José Guillermo Belarmino López Suárez
Fue ministro del MAG desde 2010 hasta el 4 de septiembre de 2012, cuando renunció por motivos de salud, según explicó en su momento. Además del señalamiento por no pedir facturas al IICA, la Corte de Cuentas ya le había abierto un juicio de cuentas en 2009, cuando era presidente de CEPA, por no pedir a contratistas el acta de recepción final de un desembolso por más de un millón de dólares para un proyecto. Sobre ese caso, la Corte de Cuentas lo absolvió de la responsabilidad administrativa por la que era señalado.

Pablo Alcides Ochoa Quinteros
Fue ministro del MAG en el periodo comprendido entre 2012 y 2014. Finalizó cuando Mauricio Funes salió de la presidencia. Auditores de la Corte de Cuentas señalaron que en su gestión tampoco exigieron facturas de los montos pagados por los paquetes agrícolas.

Jaime Roberto Escobar Silva
 Además de ser señalado 
en esta auditoría por no pedir facturas a IICA, también aparece mencionado en una auditoría de la Corte de Cuentas, realizada en 2009, por el uso irregular del combustible que pagaba el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Teresa Elizabeth Uribe
Coordinadora de tesorería del MAG, quien también era una de las responsables de pedir las facturas al IICA.

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