MOP asegura que no hubo “designaciones” en SITRAMSS

La secretaría de Estado envió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una explicación de la base legal para la construcción del carril segregado, estaciones y definición del uso de la infraestructura.
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La base legal para la construcción de la infraestructura y funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) es el convenio de préstamo número 2572/OC-ES suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), avalado por la Asamblea Legislativa en enero de 2012, según denota el documento enviado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 13 de marzo de 2017.

El escrito es presentado por Gerson Martínez en su calidad de ministro de Obras Públicas, en virtud de la notificación que hizo la sala a la Presidencia de la República para que presentara un informe sobre la designación hecha para la construcción y uso preferente del carril y estaciones, en el marco de un recurso de inconstitucionalidad que se ventila.

El préstamo es un convenio internacional por $45 millones. “En el convenio que es Ley de la República, que está por encima incluso de la Ley de Transporte, ahí se estableció que el destino de los fondos iba a ser la construcción de un BRT (Bus Rapid Transit), ahí se estableció en ese convenio de préstamo que iba a haber un carril segregado para el transporte público de pasajeros”, dijo Cristóbal Cuéllar, jefe corporativo del MOP.

Sobre la determinación de la segregación de carriles de la vía pública para el uso especial del SITRAMSS, el MOP respondió: “El carril segregado se ha establecido, con base en criterios técnicos para determinados tipos de vehículos que reúnan requisitos y especificaciones precisas propias del BRT, el nuevo sistema de transporte rápido y masivo, tanto de uso como de funcionamiento”.

Agrega que el carril fue construido para la circulación de los siguientes tipos de vehículos: vehículos de transporte público colectivo de pasajeros que reúnan los requisitos técnicos de un BRT, todo vehículo particular, nacional u otra denominación en horarios definidos (9:30 de la noche a 4:30 de la mañana), vehículos particulares que sean utilizados para atender una emergencia, ambulancias de hospitales públicos, privados y cuerpos de socorro.

También lo pueden utilizar vehículos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, vehículos de la Policía Nacional Civil (PNC), de la Fuerza Armada, de la Dirección General de Protección Civil y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos.

La facultad legal para definir la exclusividad estaría contemplada en el artículo 41 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a cargo del Viceministerio de Transporte.

“No es una diferenciación en relación con los buses tradicionales a los buses BRT, no es el punto. El punto es que la adecuación de la infraestructura está para un tipo de bus. Por ejemplo, el tema de resistencia en el espacio de rodadura, como hay buses que llevan 170 pasajeros el peso es superior, entonces, las condiciones de la calle cambian”, agregó Cuéllar.

Sobre la pregunta de la designación a un particular para la construcción de las obras, el MOP indicó a la sala que “no ha existido ninguna designación de un particular para la construcción de las obras” y que desarrolló varios procesos de licitación “competitivos y transparentes de selección de contratistas” de acuerdo con la normativa legal de adquisiciones establecida por el BID.

Para la construcción del tramo 1 del carril se contrató a la empresa DISA, para el tramo 2 a la empresa ASTALDI, para la terminal de integración en Soyapango se contrató primero a la empresa CYMIMEX, pero se le caducó el contrato por incumplimiento y se hizo otra licitación, que la obtuvo la empresa DISA. Los contratos para el carril incluyeron las estaciones o paradas centrales.

Propiedad del Estado

Sobre el cuestionamiento de la designación de un particular para uso del carril, el MOP asegura que no ha existido tal acción: “Es importante enfatizar que el referido carril es propiedad del Estado y sobre la base del mencionado artículo 41 inciso 4 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Estado ha regulado su utilización para efectos de cumplir con los fines de un servicio de transporte público seguro, rápido, eficiente”.

Cuéllar indicó que no ha habido concesión del carril. “No hay ni privatización ni hay concesión. Nosotros no le hemos entregado a una empresa para que haga uso del carril segregado y explote a su favor ese carril”, dijo.

El operador BRT es la Unión de Empresas SIPAGO SITRAMSS, S. A. de C. V. conformada por las sociedades SI El Salvador, ICBS y Sistema Integrado Prepago (SIPAGO).

“Lo que la empresa, en este caso operadora BRT, está haciendo es cobrando por trasladar a una persona de un punto ‘a’ a un punto ‘b’, no le cobra por usar la infraestructura”, aseguró Cuéllar.

SIPAGO tendría accionistas que representan el 75 % de los transportistas del Área Metropolitana de San Salvador, que serían nueve cooperativas, 36 sociedades de transporte y 297 personas naturales.

Cuéllar afirma que más empresarios de transporte pueden participar siempre y cuando se sujeten a las regulaciones establecidas de funcionamiento. “Por supuesto que hay unos que no quieren ingresar porque no quieren ser controlados”, expresó.

La Sala de lo Constitucional aún no emite fallo del caso.
 

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