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Magistrado: hay solicitudes de información con interés perverso

Magistrado de lo Constitucional cree que hay personas que buscan paralizar el trabajo de Probidad, con solicitudes descomunales.
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Foto de LA PRENSA/Josué Guevara  Criterios. El magistrado Florentín Meléndez participó en una ponencia en la Universidad Pedagógica.

Foto de LA PRENSA/Josué Guevara Criterios. El magistrado Florentín Meléndez participó en una ponencia en la Universidad Pedagógica.

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Florentín Meléndez, magistrado de la Sala de lo Constitucional, denunció el lunes pasado que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha recibido solicitudes de acceso a la información pública que, a su juicio, tienen un interés “perverso” de paralizar el trabajo de la Sección de Probidad, la oficina que audita los patrimonios de funcionarios y exfuncionarios.

Meléndez se refirió específicamente a la solicitud de una persona que pidió la base de datos completa de la Sección de Probidad, es decir, la versión pública de 110,000 declaraciones patrimoniales.

“Ya sabemos nosotros de dónde viene, el jefe de Probidad sabe, son solicitudes descomunales que tienen como objetivo paralizar el trabajo de Probidad. Más de 500 solicitudes de auditoría; 30,000 solicitudes individuales de declaraciones y las 110,000 que llegó a pedir la base de datos, eso no va en consonancia con la ley”, dijo Meléndez.

“Son solicitudes descomunales que tienen como objetivo paralizar el trabajo de Probidad”. 
 Florentín Meléndez, magistrado de la CSJ

Por su parte, el magistrado Rodolfo González, también integrante de la Sala de lo Constitucional, anunció ayer que existen al menos seis exámenes finales de patrimonio “por salir” en las próximas fechas, pues están por vencerse los plazos extraordinarios otorgados a funcionarios a mediados de este año. Fuentes de la Corte Suprema confirmaron que dos de los casos que se encuentran en etapa final de análisis son los del expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes; y el del ex secretario jurídico de la Presidencia Luis Mario Rodríguez.

La Sala de lo Constitucional emitió una aclaratoria reciente sobre los criterios para el ejercicio del derecho a acceso a la información pública. Meléndez dijo que con esos parámetros buscan controlar los “abusos” de algunas personas con sus solicitudes, que o buscan paralizar una institución o intentan que se entregue información sistematizada.

La sala aclaró recientemente que denegar información por “superflua” o que carezca de interés público refiere a la irracionalidad de una solicitud, que ya establece la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para negar información. Además, aclararon que no se puede negar información porque esta no fue producida bajo una determinada administración de una institución, sino solo cuando su reproducción sea materialmente imposible.

“Esperamos que (nuevos criterios) sea una actuación que controle la gestión pública”. 
Rodolfo González, magistrado de la CSJ

“No se trata de rechazar las solicitudes de los ciudadanos solo porque arbitrariamente uno considera que es superflua; sino que hay que tomar en cuenta la capacidad de la institución, la naturaleza de una institución... No ha sido arbitrario, no son límites, son criterios para evitar el uso perverso de la ley”, acotó el magistrado.

González y Meléndez enfatizaron que el objetivo de la sala al emitir estos nuevos criterios y aclararlos no es burocratizar el proceso de solicitud de información, sino controlar que se cumpla el objetivo principal de interés público que establece la ley y que se active el sistema de recursos que tienen los ciudadanos cuando se niegue una información.

“La acción coordinada de los diferentes oficiales de información, el instituto, la Sala de lo Contencioso y la Sala de lo Constitucional, espero que todo resulte en beneficio del derecho de los ciudadanos. Esperamos que sea una actuación que controle la gestión pública”, dijo González.

Meléndez reiteró la necesidad de que se revisen los plazos establecidos por la ley para responder a los recursos, y el imperativo de ampliar la cultura archivística en las instituciones.

Seis casos de Probidad
Rodolfo González señaló que los plazos dados para justificar el patrimonio de al menos seis funcionarios y exfuncionarios están por vencerse, por lo que los casos podrían comenzar a ventilarse en el pleno de la Corte el próximo año.
 

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