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Magistrado pidió favores para dos procesados a ex fiscal general

La fiscalía encontró mensajes en el celular del exfiscal Luis Martínez donde el magistrado Ramón Iván García intercede por una traficante de niños y por el exdiputado Wílver Rivera, condenado por lavado.

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Asesor  García trabajó para el ex fiscal general desde enero de 2013 a diciembre de 2014.

Asesor García trabajó para el ex fiscal general desde enero de 2013 a diciembre de 2014.

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Ramón Iván García, magistrado de la Cámara de lo Penal ubicada en Cojutepeque, se comunicó con el ex fiscal general del país Luis Martínez para pedirle favores para dos procesados. El 15 de enero de 2015, una semana después de la captura de Rubia Benavides por tráfico de niños, García le envió un mensaje a Martínez para pedirle un proceso abreviado, que significaba una pena menor para su amiga.

"Se me había olvidado decirle que aquella amiga nos hizo el contacto con el diputado Wílver, la apañaron con un niño y está procesada por tráfico de personas", se lee en el mensaje que recibió Martínez a las 7:38 de la noche, según información obtenida por la fiscalía en el vaciado del teléfono celular del exfiscal, procesado por actos de corrupción.

Ese mismo día, pero con un minuto de diferencia, también le pidió otro favor: "¡Ah! y no olvide que el mismo trato se prometió al diputado... que está pidiendo cacao... creo que el tiempo actual podría ser propicio".

En aquel momento Rivera Monge estaba siendo procesado por haber lavado $8.5 millones para el narcotraficante Jorge Ulloa Sibrián. El exdiputado de Chalatenango fue condenado un año y medio después, tras la salida de Martínez de la Fiscalía, a 15 años de prisión por blanqueo de capitales.

LA PRENSA GRÁFICA consultó al magistrado García sobre el contenido de los mensajes que envío al exfiscal y su respuesta fue: "Va a disculpar, pero no tengo ninguna opinión que dar al respecto".

En los mensajes que intercambió con Martínez también trataban asuntos domésticos: "Hermano, no se olvide tener presente mi solicitud de gestión para comprar un carro bueno, bonito y barato... sea donde HS o una agencia, siempre con amigos suyos", escribió García a Martínez.

Fuentes cercanas al proceso explicaron que los fiscales del caso han interpretado que HS se refiere al empresario de carros Herbert Saca, quien fue operador político del expresidente Antonio Saca, ya condenado por corrupción durante su gobierno.

¿Quién es Rubia Benavides?

Rubia Benavides, la mujer por la que abogó el magistrado García, fue condenada en julio de 2016, cuando Martínez ya no era fiscal, por haber transportado de manera ilegal a un niño hacia Estados Unidos. La mujer cobraba entre $7,000 y $12,000 a sus clientes, según consta en el expediente judicial contra ella y René Jhonatan Hernández, quien también fue enviado a prisión por el mismo caso.

El delito de Benavides fue comprobado por medio de intervención de llamadas telefónicas, realizadas entre el 12 de septiembre de 2014 y el 9 de enero de 2015, luego de que la fiscalía solicitó el 23 de octubre una ampliación del plazo inicial de la diligencia, según consta en el expediente judicial remitido por el Centro de Intervención de las Comunicaciones de la Fiscalía General de la República.

En las conversaciones intervenidas, la FGR documentó que la ahora condenada, quien se identificaba con sus clientes como Blanca o Rosa, de acuerdo con los documentos judiciales, "realizó coordinaciones con personas de nacionalidad salvadoreña y extranjeras, respecto al traslado de las personas que eran llevadas de forma ilegal hacia Estados Unidos de Norteamérica", reza el informe.

El pasado de García

El magistrado fue un hombre de confianza del ex fiscal general, quien lo contrató en su despacho como asesor. García era el presidente de la cámara de Cojutepeque desde abril de 2012, pero en enero de 2013 pidió el permiso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ir a trabajar un año a la Fiscalía General de la República (FGR), donde permaneció hasta diciembre de 2014. Los mensajes en los que apela por los procesados datan de enero de 2015, es decir, cuando él ya había regresado a su trabajo como juez de un tribunal superior.

Por otra parte, el magistrado de cámara es investigado en la Corte Suprema de Justicia porque es uno de los jueces que avalaron el matrimonio de niñas con sus violadores. García firmó en 2017 una resolución que dejó en libertad al acusado de violación de una niña de 12 años que quedó embarazada de él, y cuya familia aceptó que se casara con el imputado.

El magistrado de cámara, quien también fue magistrado suplente de la sala de la Corte, fue uno de los funcionarios que en septiembre de 2014 firmaron la resolución que absolvió a Carlos Antonio Miranda González, quien había sido condenado por el secuestro de su nieta, Katya Miranda. La Sala de lo Penal, integrada por García cuando era asesor fiscal, lo exoneró a él y a otros cinco imputados por lo ocurrido el 4 de abril de 1999, cuando la niña de nueve años fue violada y asesinada en un rancho de playa en La Paz.

Además, García fue el encargado de localizar la información concerniente a los viajes realizados entre 2009 y 2014 por el expresidente de la república Mauricio Funes y la ex primera dama Vanda Pignato, información que la Presidencia había dado por perdida. Esa misión le fue encomendada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Recientemente la fiscalía informó que abriría una investigación por la designación de García como magistrado suplente en la Sala de lo Civil de la Corte para conocer el caso por enriquecimiento ilícito contra Funes.

Los mensajes del magistrado están entre la documentación que la fiscalía ha llevado a los tribunales para probar que el exfiscal Martínez vendió impunidad cuando estuvo al frente de la FGR. El ministerio público también ha presentado un documento con más de 400 páginas de transcripciones de llamadas del exfiscal con diferentes abogados. En otra entrega se detallará cómo eran las negociaciones de los abogados del empresario Enrique Rais, prófugo desde enero de 2017, con el exfiscal Martínez.

El extitular de la FGR enfrenta tres procesos: uno por revelar conversaciones privadas del sacerdote Antonio Rodríguez, otro por haber cometido ilegalidades para favorecer a Rais; y el más reciente, denominado Caso Corruptela, en el que la fiscalía lo acusa de haberse quedado con dinero de la FGR y de haber recibido sobornos para frenar investigaciones.

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