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Magistrado señaló excesos de sus colegas de sala constitucional

Belarmino Jaime, magistrado que rechazó declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, advirtió riesgos de “desórdenes” por decisión de cuatro magistrados.
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El magistrado Belarmino Jaime, como pocas veces, se distanció de los argumentos de sus colegas de la Sala de lo Constitucional. En 30 páginas plasmó su rechazo a la idea de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, porque, a su juicio, sus compañeros de sala se excedieron, sobrepasaron sus competencias e irrespetaron la Constitución de la República.

Uno de los puntos que ocasionó la divergencia en la resolución es que Jaime no comparte que se haya decretado que los 32 casos señalados en el informe de la Comisión de la Verdad (vea más detalles de página 8) no han prescrito y pueden ser judicializados.

Lo anterior, a juicio del constitucionalista, dejó de lado principios constitucionales como juridicidad, irretroactividad de las leyes, de seguridad jurídica y la prohibición de doble juzgamiento.

Según el magistrado, la resolución firmada por sus colegas se convirtió en una sentencia de nulidad y no de inconstitucionalidad, “sobrepasando así, sin razonamiento, justificación o fundamentación jurídica alguna, los límites de la competencia dada a la sala por la misma Constitución”, recalcó el funcionario en su voto disidente.

El magistrado enfatizó que “la Sala de lo Constitucional no puede desnaturalizar el proceso de inconstitucionalidad, exceder su propia competencia, ni desconocer y ordenar que se inobserven garantías constitucionales previstas para todo proceso jurisdiccional”.

Señaló riesgos

El magistrado también advirtió que la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía podría “provocar desórdenes” por eventuales procesos penales contra funcionarios públicos.

“En el sentido que ciudadanos todavía indignados por lo que pasó durante el conflicto, puedan incoar procesos penales en contra de las más altas autoridades del Órgano Ejecutivo, desde la Presidencia, Vicepresidencia, Designados a la Presidencia, ministros y hasta funcionarios de entes autónomos; y en la Asamblea Legislativa, también podría implicar, por petición de ciudadanos, el procesamiento penal de diputados, incluidos miembros de la actual Junta Directiva de la Asamblea Legislativa”, razonó el magistrado.

El magistrado dijo, además, que la amnistía que permitió la reconciliación nacional y que esto impide que ahora las discrepancias terminen “hechos delictivos que durante la guerra se cometieron”. También consideró que eliminar la amnistía “en vez de traer paz y tranquilidad a la población salvadoreña lograría provocar mayores desórdenes e inseguridad de la que actualmente existe”.

A lo largo de su magistratura , el magistrado Jaime ha votado en sintonía con otros tres magistrados de la sala: Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco, con quienes en algún momento fueron identificados como “los cuatro fantásticos”. El pasado miércoles, sí votó junto a ellos para suspender el cargo a la factura de energía eléctrica y también para declarar inconstitucional la emisión de bonos por $900 millones, con el cual invalidaron la participación de los diputados suplentes hasta la legislatura 2018.

Pero en el caso de la Ley de Amnistía, a diferencia de sus colegas de sala, consideró que la inconstitucionalidad ocasionaría un daño al país. “No debemos olvidar que en este momento todavía existen, dentro de los bandos que participaron en el conflicto armado, personas que aún tienen su mente en los años de la guerra y que conservan un odio visceral que no les permite ver las cosas desde un ángulo diferente”, dijo.

Otro de los puntos que cuestionó el magistrado a sus compañeros es que hayan revivido la Ley de Reconciliación Nacional, porque, a su juicio, eso contradice la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional.

Aclaró, no obstante, que pese a que no comparte todo lo resuelto por sus compañeros de sala, sí condena y considera “execrables” todos los hechos de violaciones masivas y sistemáticas a derechos fundamentales perpetrados durante el conflicto armado.

“Con este voto no se pretende justificar la conducta de personas que durante el conflicto armado cometieron diferentes tipos de delitos, sino que solo se trata de un análisis estrictamente jurídico”, aseguró, aunque en su resolución aclaró que la primera motivación de su voto disidente era por la “conveniencia nacional” y la segunda, la de tipo jurídico.

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