Magistrados CCR denunciados por jueces y secretaria

El magistrado presidente y los dos magistrados titulares de la Corte de Cuentas han sido denunciados ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, por cometer supuestas irregularidades.
Enlace copiado
Magistrados CCR denunciados por  jueces y secretaria

Magistrados CCR denunciados por jueces y secretaria

Magistrados CCR denunciados por  jueces y secretaria

Magistrados CCR denunciados por jueces y secretaria

Enlace copiado
El traslado de una secretaria de actuaciones de una cámara hacia un puesto de menor rango en la jerarquía de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la retención parcial del salario de un juez de cuentas son algunas de las acciones por las que el presidente de la CCR y dos magistrados han sido denunciados ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y ante el Tribunal de Servicio Civil (TSC). Además, el sindicato de la CCR ha denunciado ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ que los titulares de la Corte fueron nombrados de manera inconstitucional.

El primero de los casos es el de Hilda Comandari, quien fue notificada por el presidente de la CCR, Johel Humberto Valiente, el 10 de febrero de 2015, que sería trasladada, sin darle explicaciones, de su plaza como secretaria de actuaciones de la Cámara Séptima de Primera Instancia hacia un puesto de menor categoría como colaboradora jurídica.

Comandari, inconforme con el traslado y con el temor de que su salario sería reducido, apeló ante el Tribunal de Servicio Civil para que ordenara la restitución. El 27 de mayo de 2015 ganó el caso, cuando los tres magistrados del TSC resolvieron a su favor. Sin embargo, tres días después, los magistrados Noel Antonio Orellana y José Apolonio Tobar se retractaron de su decisión y ordenaron que Comandari tenía que seguir en el nuevo puesto, pero conservando su salario anterior.

El único magistrado que mantuvo su palabra fue José Antonio Martínez, quien razonó que el presidente de la CCR violentó el principio de estabilidad laboral en contra de Comandari.

“Existen razones suficientes que demuestran, sin dejar duda, que efectivamente se ha cometido la injusticia manifiesta (...) y se ha dado la violación al principio de la estabilidad laboral que comprende la permanencia en un determinado cargo, sin que se pueda trasladar sin justa causa”, expresó el magistrado Martínez para explicar por qué mantuvo su voto.

Comandari, otra vez inconforme, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) en octubre de 2015, para denunciar que dos de los magistrados del TSC cometieron el delito de prevaricato (cuando un juez o funcionario público dicta una sentencia de forma arbitraria) en su contra. La FGR la llamó en febrero de este año para que declarara sobre el caso; en su declaración, expuso que la segunda resolución del TSC estuvo motivada por la influencia del presidente de la CCR, Johel Valiente. El caso, de acuerdo con Comandari, está por iniciar el proceso penal en contra de los dos magistrados de ese tribunal.

La empleada de la Corte no se quedó ahí. También denunció por prevaricato a los dos magistrados del TSC en el Tribunal de Ética Gubernamental, donde su denuncia fue admitida, pero aún espera la notificación de que su caso será procesado.

El segundo caso sobre irregularidades en la administración actual de la CCR fue denunciado por el juez de cuentas José Guillermo Suncín Cárcamo, quien demandó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ al presidente Johel Valiente; al primer magistrado de la CCR, Raúl Antonio López; y al segundo magistrado, Marco Antonio Grande Rivera, porque durante los últimos tres días de julio de 2015 le concedieron permiso para ausentarse del trabajo y realizar diligencias personales, pero que de todas formas le retuvieron $864.14 de su salario en septiembre de ese año.

Suncín explicó a la sala que la retención parcial de su salario fue justificada por los titulares de la CCR, diciendo que las metas de julio de 2015 no fueron alcanzadas dentro de la Cámara Segunda de Primera Instancia, porque “Suncín se ausentó de sus respectivas labores y la cámara quedó acéfala”, aun cuando fue nombrada una jueza interina mientras retomaba sus labores Suncín. Esta justificación, además, fue por la que también los titulares de la CCR le negaron nuevos permiso para ausentarse por motivos de enfermedad.

El 2 de diciembre de 2015, la sala admitió la demanda de Suncín, que además iba acompañada de otro caso similar denunciado por la jueza de cuentas de la Cámara Quinta de Primera Instancia, Teresa Esperanza Guzmán de Chávez. El caso aún es estudiado por la Sala de lo Contencioso.

LA PRENSA GRÁFICA intentó, por más de una semana, tener una entrevista con el presidente y los dos magistrados de la CCR, para conocer su posición ante estos dos casos, y aunque la oficina de comunicaciones dijo que concederían la entrevista, nunca volvió a contestar ante la insistencia por correo electrónico.

Otras irregularidades

El Sindicato de los Trabajadores de la Corte de Cuentas de la República (SITCCOR) también ha denunciado, en reiteradas ocasiones, que los titulares de la CCR contrataron el 1.º de diciembre de 2015 a Ana Ruth Macías Romero, quien fue acusada de vender plazas en la CSJ, mientras era directora de recursos humanos en 2009.

Macías Romero, incluso, fue investigada por la Cámara Tercera de Primera Instancia de la CCR y condenada a pagar una multa de $272.30 por encontrarla culpable de haber vendido plazas.

“Estos magistrados han contratado a esta señora de dudosa reputación, y no solo eso, sino que trasladaron a otro empleado para darle el puesto que ahora tiene como encargada de compras y licitaciones de la Corte”, dijo Francisco Ayala, del SITCCOR.

Tags:

  • corte de cuentas
  • ccr
  • denuncias
  • magistrados

Lee también

Comentarios

Newsletter