Magistrados defienden reserva de casos Probidad

Magistrados afirman que el acuerdo no impone reserva sobre los informes finales de Probidad. Oficial de información sugirió imponer esta medida.
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Algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) defendieron ayer la decisión tomada el pasado martes de restringir la publicidad de los documentos probatorios con los que la Sección de Probidad establece si un funcionario se enriqueció o no ilícitamente.

El acuerdo que tomó el pleno con ocho votos establece que los documentos probatorios no se podrán revelar al público hasta que haya una decisión de Corte Plena sobre la presunción de enriquecimiento ilícito. Además, si la decisión es que no hay irregularidades patrimoniales en el caso, los documentos de prueba no podrán ser conocidos públicamente.

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“De los informes si se dará publicidad y entrega a cualquiera que lo solicite, sea a favor o en contra del funcionario... Si un funcionario resulta sin pruebas de enriquecimiento ilícito, sería irresponsable entregar documentos contables o financieros de él”, señaló el magistrado Óscar Alberto López Jerez, uno de los que votó a favor de la reserva.

El titular Sergio Luis Rivera, quien también votó por la reserva, dijo que es necesario aclarar que no se ha establecido reserva sobre los informes finales de patrimonio, únicamente de los documentos de prueba y mientras dure la auditoría.

El magistrado Rodolfo González, quien se opuso a la reserva, afirmó que no le parece “suficiente el alegato de defender el honor de los investigados” para declarar la información probatoria como clasificada.

Por su parte, el magistrado Belarmino Jaime aclaró que él se abstuvo de votar en la decisión de Corte Plena; sin embargo, dijo que, a su juicio, la decisión tomada por el pleno está de acuerdo con lo establecido el artículo 240 de la Constitución.

Dicho artículo sostiene: “La Corte tiene facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración, la que mantendrá en reserva y únicamente servirá para los efectos previstos en este artículo”.

La magistrada Doris Luz Rivas votó a favor de la reserva y acotó ayer que la decisión se tomó para que no se generen expectativas en torno a los casos en análisis, ya que se ha demostrado en los tribunales que las decisiones del pleno son falibles. “Lo que sucede es que es un tema que desde el principio que inició a realizarse esta facultad de Corte Plena se había establecido como presupuesto, como un criterio para el análisis de los casos. Esta situación no la había previsto el oficial de información que estaba antes”, dijo la magistrada, refiriéndose al nombramiento de Eva Marcela Escobar Pérez como encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la Corte, el 1.º de marzo. Según la agenda de Corte Plena del martes, fue esa oficina la que presentó la propuesta a los magistrados para la reserva de los documentos.
 

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