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Magistrados impuestos intentan frenar extradición a EUA de cabecilla MS-13

La revocatoria fue promovida por cuatro de los magistrados que suplantaron a los de la Sala de lo Constitucional, destituidos el 1.° de mayo 2021 por la bancada de diputados de Nuevas Ideas con el aval del presidente de la república Nayib Bukele.

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El 10 de junio de 2021, trece magistrados de la Corte Suprema de El Salvador avalaron la extradición de Armando Eliú Melgar Díaz, alias "Blue", un cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS_13) reclamado en Estados Unidos por actos de terrorismo. Minutos después de esa votación, magistrados impuestos por Bukele pidieron revocar la decisión. Perdieron.

El acta número 48 de 2021 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resume que la primera parte de esa sesión transcurrió sobre acuerdos relacionados con la integración de tribunales y el suministro de mobiliario; sin embargo, el debate cambió a media mañana, cuando conocieron las dos peticiones de extradición de dos miembros de la MS-13: el caso de "Blue" y el de Edwin Rodríguez, alias "manicomio", quien tenía 17 años con nueve meses (menor de edad) cuando participó en el homicidio de cuatro pandilleros rivales en la Costa Este de Nueva York.

La decisión de extraditar a "Blue" para que enfrente cargos por terrorismo en Estados Unidos la tomaron por unanimidad y sin contratiempo los trece magistrados que ese día hicieron pleno en la sesión de la Corte Suprema de Justicia.

El acta consigna el acuerdo así: "Habiéndose analizado el tratado con la nación requirente y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de la ONU se llama a votar por conceder al gobierno de Estados Unidos de América la extradición del ciudadano salvadoreño Armando Eliú Melgar Díaz, alias "Blue": trece votos".

Los audios de esa sesión, en poder de este periódico, también reflejan que después de la votación, el pleno conoció la petición de extradición de "Manicomio". El debate giró en torno a las pocas garantías ofrecidas por Estados Unidos para juzgarlo como menor de edad, pese a que ahora el acusado tiene 21 años.

En medio del debate sobre la necesidad de cumplir con la Convención de los Derechos del Niño, el magistrado impuesto José Ángel Pérez Chacón, un exasesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de Bukele, dijo que la petición no contaba con ninguna discusión sobre la aplicación directa de la Constitución de la República de El Salvador; por lo que propuso "reconsiderar" la decisión recién tomada sobre extraditar a "Blue".

Pérez Chacón agregó que la Corte Suprema de Justicia tiene que "considerar la situación real de nuestro país en torno de los condicionamientos que pueden desencadenar, y la proporcionalidad que puede significar para nosotros, como nación, la imposición de penas en EUA que sean más gravosas de las que acá se puedan imponer".

Y justificó su argumento así: "Las reacciones que pueda ocasionar las situaciones que la legislación norteamericana puede permitirles a ellos, en relación a las personas delincuentes, no solo nos van a afectar a nosotros como país; sino a la sociedad como un todo e incluso a todos los habitantes de la República".

Por lo que el exasesor de Bukele insistió en revocar el acuerdo de extraditar a "Blue" a los Estados Unidos.

La magistrada Doris Luz Rivas Galindo coincidió en que el análisis debe "trascender del enfoque meramente penal para profundizar el control constitucional". Consideró que es el "momento oportuno" para revisar el convenio de extradición con Estados Unidos y plantear lo previsto en la Constitución salvadoreña sobre penas perpetuas y pena de muerte.

Rivas Galindo, miembro de la Sala de lo Penal, termina su período el próximo 30 de junio. Quiso optar por la reelección; pero no alcanzó los votos necesarios en el Consejo Nacional de la Judicatura.

El magistrado Óscar López Jerez, quien fue impuesto como presidente de la CSJ por la bancada cian, dijo durante la sesión que hacía "propios los comentarios de Pérez Chacón".

Luego intervino el magistrado Leonardo Ramírez Murcia, quien reconoció en el pleno la necesidad de crear una ley de extradición; pero señaló que no pueden dejar de resolverse los casos de extradición que llegan a Corte Plena.

Entonces votaron por sacar de la agenda el caso de "Manicomio" y acto seguido por revocar la extradición de "Blue", que solo obtuvo el aval de Rivas Galindo y cuatro de los magistrados impuestos por la bancada cian: Pérez Chacón, López Jerez, Elsy Dueñas –quien tampoco logró pasar los filtros para la reelección pues su período vencía el próximo 30 de junio– y Nahúm García Martínez, exdefensor particular del director de la PNC en el antejuicio durante la legislatura anterior.

Se necesitan ocho votos para alcanzar acuerdos en Corte Plena. Ese día perdieron, pero la extradición de "Blue" aún no está en firme.

Un cabecilla emergente

La acusación federal de Estados Unidos consigna que "Blue" se unió en 2004 a la célula Gánster Locos Salvatruchos de la MS-13 en Virginia, una de las estructuras considerada por las autoridades estadounidenses como "criminal y violenta".

De acuerdo con un investigador policial salvadoreño especializado en pandillas, "Blue" comenzó a escalar en el mando de la MS-13 durante 2013, en el marco de la tregua entre pandillas avalada por la administración del expresidente Mauricio Funes. Fue entonces cuando "Blue" se convirtió en enlace de la pandilla en el estado de Virginia para organizar en Estados Unidos las operaciones por encargo de la "Ranfla Nacional", los jefes históricos de la Mara Salvatrucha en El Salvador. Fue deportado en noviembre de 2016.

Su regreso a El Salvador, según la investigación federal del equipo antipandilla del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), le ayudó a consolidar el vínculo entre la "Ranfla" y las células de Virginia, hasta convertirse en 2017 como el cabecilla de la MS-13 de la Costa Este de Estados Unidos.

Sin embargo, su nombre no apareció en el radar de las autoridades salvadoreñas hasta finales de 2018, cuando fue detenido en El Salvador y encarcelado a espera de un juicio por agrupaciones ilícitas. Estados Unidos considera que desde allí continuó ordenado crímenes que fueron cometidos en suelo estadounidense.

De acuerdo con el FBI, uno de esos crímenes ocurrió en mayo de 2017 cuando "Blue" ordenó a los miembros de la MS-13 de Oxon Hill, Maryland y Woodbrige que le trasladaran $500 quincenales de las ganancias que obtenían de la venta de droga en restaurantes de esa zona de Virginia. Ese dinero, según la acusación federal, sirvió para comprar armas utilizadas en el homicidio de particulares, pandilleros rivales y hasta agentes de la Policía.

Otro de los casos que le imputa Estados Unidos a "Blue" es la participación, junto con otro miembro mexicano de la MS-13, en una operación de contrabando de armas de fuego y drogas a través de México y Guatemala hasta llegar a La Hachadura, frontera con El Salvador, desde donde coordinaba con pandilleros salvadoreños el trasiego hacia el interior del país.

“No olvidemos lo que significa la trascendencia a nivel interno de una decisión como esta (extradición de jefe MS-13). Las implicaciones a nivel local no están contempladas, por eso he solicitado la revocatoria”.

José Ángel Pérez Chacón, magistrado impuesto de CSJ.

El Departamento de Justicia de EUA también vincula a "Blue" con el homicidio de una mujer en Houston, Texas, en 2018. La acusación apunta a que fue él quien coordinó el aval de la "Ranfla Nacional" de la MS-13 para cometer el crimen de la víctima acusada de colaborar con las autoridades policiales de la zona.

"Luego de cometido el crimen, ("Blue") recibió una fotografía de la mujer como confirmación de que el asesinato ocurrió. Él envió esa fotografía a otro jefe histórico de la pandilla recluido en El Salvador", consigna el caso.

El 29 de septiembre de 2020, agentes de la Policía Internacional (Interpol) detuvieron a "Blue", de 31 años, cuando salía del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca (departamento de La Paz) tras ser absuelto del delito de agrupaciones ilícitas por el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana. Un día después, el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador le notificó que existía en su contra una solicitud de extradición a Estados Unidos, y tramitó la petición ante la CSJ.

El Departamento de Justicia de EUA lo acusó formalmente ante una corte del Distrito Este de Virginia el 5 de mayo de 2020 por cargos que incluyen conspiración para suministrar apoyo material a terroristas, cometer actos de terrorismo transfronterizos, financiar acciones terroristas y llevar a cabo operaciones de narcoterrorismo.

A pesar de que la acusación ocurrió en mayo de 2020, el nombre del pandillero salvadoreño resonó en la Casa Blanca y en El Salvador dos meses después, cuando el entonces presidente estadounidense Donald Trump reveló la acusación federal contra el "Blue" con esta frase: "No descansaremos hasta que llevemos ante la Justicia a todos los miembros del MS-13".

La acusación contra el salvadoreño por terrorismo responde a una estrategia impulsada por la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan (JTFV, por sus siglas en inglés), iniciativa lanzada en agosto de 2019 para coordinar y liderar los esfuerzos del Departamento de Justicia y el resto de agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos con el propósito de destruir las operaciones de la MS-13.

Palabra empeñada

El entonces fiscal general salvadoreño, Raúl Melara, reveló haber compartido información con las autoridades estadounidenses relacionada con "recabar todos los insumos que han sido presentados" para que a los cabecillas "se les haya declarado terroristas y se les haya iniciado proceso judicial".

Añadió que una vez la petición de extradición llegue a El Salvador, como Fiscalía colaborarán con las autoridades y harán "todo lo necesario para que ellos (los cabecillas procesados) puedan pagar por sus crímenes en Estados Unidos".

El 13 de abril de 2021, Melara viajó a Washington para reunirse con el asistente del Fiscal General de Estados Unidos, Bruce Swartz, y con el asistente del Director del FBI, Calvin Shivers. Las redes sociales de la FGR publicaron que ese encuentro respondió a dos temas: crimen transnacional y corrupción.

Fuentes del gobierno estadounidense confirman a este periódico que Melara se comprometió en ese viaje a trabajar para que los jefes de la MS-13 afincados en El Salvador puedan ser trasladados a suelo estadounidense para que enfrenten los cargos que les imputan.

Sin embargo, Melara fue destituido por los diputados afines a Bukele durante la primera sesión de la legislatura 2021-2024, el 1.° de mayo pasado.

Antes de la destitución de Melara como fiscal general, los diputados de la bancada cian decidieron, sin pasar por el debido proceso y de forma ilegal, destituir a los cinco magistrados constitucionalistas y sus suplentes.

Uno de los jueces destituido ese día considera que la hipótesis con más fuerza que explica el golpe a la Sala de lo Constitución de El Salvador está relacionada con peticiones de extradición a Estados Unidos de cabecillas influyentes de la Mara Salvatrucha.

"La prisa por destituirnos está relacionada con esas peticiones de extradición a Estados Unidos de los jefes pandilleros. Eso lo tenemos claro; porque el resto de decisiones inconstitucionales que han estado tomando podían esperar más tiempo", señala mientras cuestiona los argumentos "sin fundamento" de los magistrados impuestos para evitar que EUA juzgue a "Blue".

Este periódico buscó la reacción del magistrado López Jerez sobre el tema, pero no contestó su teléfono celular.

Pérez Chacón, según fuentes internas de la CSJ, se encuentra con permiso por padecer problemas de salud.

Quien sí contestó su móvil fue la magistrada Dueñas; pero colgó al enterarse que la llamada estaba relacionada a obtener una explicación sobre su apoyo a frenar la extradición del jefe de la MS-13.

La extradición de "Blue" aún no está en firme. Doce días después del intento de revocatoria, el suplicatorio 126-S-2020 fue introducido en la sesión de Corte Plena del 22 de junio de 2021 para que fuera firmado por los magistrados que la avalaron; sin embargo, el documento fue extraviado por varios minutos de entre las manos de los abogados afines a Bukele.

El documento apareció "traspapelado" en las pertenencias de la magistrada Elsy Dueñas. Sin embargo, retomó fuerza el debate de someter a análisis el contenido del mismo para dejar en claro a Estados Unidos que debe garantizarle los derechos humanos a "Blue"; por lo que, hasta la publicación de esta nota, solo seis magistrados habían firmado el acuerdo tomado dos semanas atrás.

 

Los  cargos contra “Blue”

El Departamento de Justicia de EUA le imputa terrorismo:

  1. Conspiración para el crimen organizado. 
  2. Conspiración para proporcionar y esconder el apoyo material a terroristas.
  3. Conspiración para asesinar o mutilar personas fuera de Estados Unidos. 
  4. Conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales.
  5. Conspiración para financiar el terrorismo. 
  6. Conspiración para el narcoterrorismo.
  7. Conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia. 
  8. Conspiración para distribuir sustancias controladas.

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