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Magistrados señalan posible fraude de Bukele a la Ley de Contrataciones y Adquisiones de la Administración Pública

Cuatro magistrados de la Corte Suprema sostienen que Nayib Bukele debe enfrentar juicio por enriquecimiento ilícito y que pudo cometer un fraude de ley con Obermet.
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Tres magistrados titulares y una magistrada suplente de la Sala de lo Constitucional emitieron un voto particular esta semana en el que expresaron que, además de certificar a la Fiscalía General de la República (FGR) el examen patrimonial del exalcalde de San Salvador Nayib Bukele, es necesario enviarlo a un juicio por enriquecimiento ilícito. En su opinión, existen los suficientes indicios para dar ese paso, algo que contrasta con lo decidido por nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que el 5 de junio acordaron que no debía enfrentar un juicio civil.

Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Celina Escolán (suplente de Belarmino Jaime) concluyeron que es posible que Bukele haya cometido un fraude a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones de la Administración Pública (LACAP) al no desvincularse en la práctica de la empresa de su familia Obermet, pues, según ellos, las donaciones que esa sociedad le hizo (que ascienden a $846,622.45) correspondían al pago de dividendos por las ganancias de la empresa.

“En los informes presentados por la Sección de Probidad se hace constar que muchas de las donaciones realizadas al señor Nayib Bukele eran materializadas mediante cheques provenientes de las cuentas a nombre de la sociedad Obermet, por lo que dicha situación podría constituir un fraude de ley, específicamente debido a que de tales movimientos financieros se podría deducir razonablemente que el traspaso del señor Bukele Ortez a cierto porcentaje de sus acciones tuviera como propósito que dicha sociedad pudiera participar en licitaciones con diversas instituciones públicas”, concluyeron los magistrados.

Bukele traspasó a su hermano Karim Bukele, en mayo de 2012, las acciones que poseía en Obermet, solo unos días antes de asumir como alcalde del municipio de Nuevo Cuscatlán. Si él hubiera seguido siendo uno de los dueños de la compañía, esta habría quedado automáticamente excluida de participar en cualquier licitación o contrato con instituciones del Estado. La LACAP señala eso en su artículo número 26, en el que ordena lo mismo para otros funcionarios de alto nivel, como el presidente de la república, los diputados y los ministros.

Se trata de algo que la empresa no se habría podido permitir: entre 2012 y 2016, los años estudiados por Probidad de la CSJ, ganó más de $29 millones en contratos de publicidad para instituciones como CORSATUR, FOSALUD y el Fondo Social para la Vivienda. Es una de sus principales fuentes de ingreso.

Para los jueces que expresaron el voto, Bukele continuó vinculado a la empresa todo ese tiempo, a pesar de que, formalmente, había cedido sus acciones. Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional, comparó la situación con lo realizado por el expresidente Elías Antonio Saca, quien traspasó su participación en radiodifusoras a sus familiares para poder competir como candidato en las elecciones presidenciales de 2004. Luego, cuando salió del puesto, en 2009, las recuperó. Volvió a cederlas en su segundo proceso de aspiración al cargo, en 2014.

Bukele recibió los $846,622.45 provenientes de Obermet en calidad de donaciones familiares. De esa manera fueron registradas las transferencias en la contabilidad de la compañía. El exfuncionario utilizó estos recursos para sus gastos corrientes, según la Sección de Probidad. Mensualmente, la sociedad emitía cheques a nombre de terceros, que luego depositaban el dinero en efectivo en cuentas bancarias de Nayib Bukele.

“Una sociedad tiene derecho de mantener a quien quiera, pero, a la vista de toda la documentación, a nosotros nos pareció que puede haber enriquecimiento ilícito. Es una cosa que hay que investigar. Él estaba formalmente desvinculado (de Obermet), pero ¿qué más vínculo que ese dinero que le estaba dando esa sociedad en concepto de ayuda familiar?”, dijo el magistrado Rodolfo González.

Los magistrados aseguraron que el mismo hecho de que Bukele no haya declarado ante el Ministerio de Hacienda la existencia de estas donaciones familiares es suficiente motivo como para desechar ese argumento como prueba de descargo a la sospecha de enriquecimiento ilícito, pues, en la práctica, eso implicó “una posible infracción contra la Hacienda Pública”. Para los jueces, no pueden aceptarse como justificaciones del aumento patrimonial “situaciones que contravienen a la ley”.

Por tratarse de donaciones, Bukele debió pagar en impuestos el 30 % del total, es decir, un poco más de $250,000. Eso mismo ocurrió en la transferencia que su hermano Karim le hizo al exfuncionario en 2013 para adquirir un inmueble en condominio Quinta de Santa Elena, en Nuevo Cuscatlán. Fueron $293,453.30, por los que debió haber cancelado $91,498, pues al porcentaje de ley debía sumarse una cuota fija que supera los $3,000.

“Por las consideraciones anteriores, se colige que el monto general de irregularidades del referido funcionario, durante el período de sus funciones, asciende a $331,908.48”, escribieron los magistrados.

En una nota publicada en abril por la revista Factum a propósito del informe de la Sección de Probidad sobre Nayib Bukele, su hermano Karim afirmó que el inmueble fue un regalo a Nayib de parte de su padre, Armando Bukele, pese a que los cheques fueron remitidos desde una cuenta a su nombre.

“Para acreditar la existencia de enriquecimiento ilícito, no es necesario que la persona investigada administre fondos públicos, sino que las actividades que desarrolla en el ejercicio de su cargo den lugar a enriquecimiento ilícito, aunque los fondos no sean del Estado, sino que provengan de un tercero”, argumentaron los magistrados.

Nayib Bukele se encuentra en medio de una gira por Nueva York, Estados Unidos, como parte de las actividades de su partido en formación, Nuevas Ideas. Para que diera su posición ante el voto de los magistrados, se lo contactó por medio de mensajes de la aplicación WhatsApp a su teléfono personal, que fueron recibidos en el aparato. También se le hizo una llamada a Mario Durán, uno de sus principales aliados y quien trabajó como concejal durante su mandato en la Alcaldía de San Salvador. Este aseguró que habló con el equipo de Comunicaciones del exfuncionario y que sus miembros se iban a poner en contacto para dar una respuesta a la petición. Al cierre de esta nota, no hubo réplica de ninguna de las dos partes.

Karim Bukele, hermano de Nayib y quien está actualmente al frente de Obermet, bromeó acerca del informe de Probidad en un tuit publicado el 9 de abril. “Jeje, voy a tener que comenzar a reportar como donación todos los regalos de mi abuelita. No vaya a ser que se me ocurra entrar en la política e ir contra los partidos tradicionales”, escribió.

Ese mismo día tuiteó que quien había pagado esos impuestos era él, y que estaba dispuesto a defenderse en el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos.

Otros. Los magistrados José Pineda Navas y Sergio Rivera estaban a favor de enviar a juicio a Bukele, pero no firmaron el mismo voto concurrente que los otros cuatro magistrados.

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