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Malversar fondos será penado hasta con 5 años de cárcel

Diputados logran reformas al Código Penal para mandar a la cárcel a los funcionarios que usen mal fondos públicos.
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Malversar fondos será penado hasta con 5 años de cárcel

Malversar fondos será penado hasta con 5 años de cárcel

Autonomía.  En la propuesta que el fiscal Meléndez presentó a la Asamblea dice que las reformas son para darle más autonomía a la institución.

Autonomía. En la propuesta que el fiscal Meléndez presentó a la Asamblea dice que las reformas son para darle más autonomía a la institución.

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Todo funcionario que utilice fondos públicos para una finalidad que no fue la acordada podría ser procesado por malversación de fondos y enfrentar hasta cinco años de cárcel y ser inhabilitado por el mismo período para no ocupar cargos públicos. Lo anterior, si en la plenaria de mañana los legisladores aprueban el dictamen de la comisión de legislación y puntos constitucionales con el que se reforma el Código Penal.

Actualmente el Código Penal solo establece días multas para los funcionarios que destinen fondos públicos a áreas que no eran las autorizadas y contempla hasta tres años de cárcel si el beneficiado con reorientar los fondos era el mismo funcionario.

Los cambios son al artículo número 332 del Código Penal y fue aprobado ayer por unanimidad en la comisión de legislación.

“El funcionario o empleado público que diere a los caudales o efectos que administra una aplicación diferente de aquella a la que estuvieren legalmente destinados, será sancionado con multa de cincuenta a cien días multa”, dice actualmente la normativa.

La iniciativa fue del partido ARENA y aseguran que con el cambio en el código se combatirá la corrupción en la gestión pública.

“Si tenemos un auténtico compromiso de combate a la corrupción, debemos ponernos más estrictos en limitar a cualquier funcionario de arbitrariedades que le permitan tomar fondos a su antojo”, expresó el diputado Ricardo Velásquez Parker.

El partido de Gobierno también respaldó los cambios, que deben ser aprobados en la sesión plenaria con el menos 43 votos.

Para la diputada Jackeline Rivera, el cambio tiene un propósito esencial. “Cerrar los portillos de la corrupción. La corrupción se da por distintos actos; nos hubiese gustado tener un informe de la Corte Suprema de Justicia que nos pudiera dar de cuántos delitos de malversación se procesan, nos hubiese gustado porque eso puede justificar de mayor forma el incremento de la pena”, dijo la legisladora.

Rivera agregó: “Vale la pena decir que esta restricción que le ponemos a ese acto inhiba a todos los que administran recursos del Estado”.

El dictamen de la comisión de legislación será conocido en la sesión plenaria de mañana.
 

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