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Más casos engavetados en la Corte de Cuentas

Los magistrados explicaron que encontraron 1,249 casos engavetados. La gestión anterior de la CCR también había denunciado la práctica de archivar casos. Presidente niega vínculo con GANA.
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Archivados.  Los magistrados denunciaron que 1,249 casos habían sido engavetados por la gestión del exmagistrado Rosalío Tóchez. No explicaron cuáles eran los casos.

Archivados. Los magistrados denunciaron que 1,249 casos habían sido engavetados por la gestión del exmagistrado Rosalío Tóchez. No explicaron cuáles eran los casos.

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Las últimas dos gestiones de magistrados al frente de la Corte de Cuentas de la República (CCR) tienen algo en común: le echan la culpa a la administración que les precedió de haber engavetado cientos de auditorías.

Ayer, los actuales magistrados de la Corte de Cuentas señalaron que encontraron 1,249 casos que la gestión del exmagistrado presidente Rosalío Tóchez había engavetado. Los magistrados aseguraron que desde que asumieron su función pública como titulares de la CCR, el 1.º de julio de 2014, han estudiado y reabierto todos esos casos.

Los funcionarios no detallaron de qué tratan esos casos, ni explicaron cuántos han avanzado en el proceso de investigación para tener una sentencia condenatoria o absolutoria. Solo dijeron, y de forma escueta, que en 2015 la Cámara de Primera Instancia emitió 453 sentencias y la Cámara de Segunda Instancia 223. Entre esas, algunas de las que sacaron del archivo.

“En esta administración encontramos un retraso de 1,249 expedientes sin tramitación, tanto en el proceso de fiscalización como en el proceso de juicio de cuentas. Se ha avanzado sustancialmente y a esta fecha podemos decir que no existe ningún caso engavetado más, todos los procesos están abiertos”, dijo el primer magistrado, Raúl López.

El magistrado presidente, Johel Valiente, explicó que de las sentencias emitidas en 2015 se determinó un monto de $38,604,805.41. De ese monto, la Corte de Cuentas detalló que $21,348,759.26 eran parte de sentencias que condenaban a instituciones del Estado, entre esas al gobierno central, alcaldías, empresas públicas e instituciones descentralizas no empresariales. Pero no mencionó algún caso relevante. El resto del monto, que era $17,256,046.15, fue en concepto de sentencias absolutorias.

“No podemos explicar en este momento algunos de los casos que terminaron en sentencia condenatoria, porque no tenemos a la mano esos detalles y tendríamos que revisar todos los documentos para resaltar algunos de los casos más significativos”, dijo Valiente cuando se le pidió detalle de las condenas.

Entre estas sentencias condenatorias y absolutorias, según afirmaron los magistrados, estaban algunas de las engavetadas que, según ellos, habían quedado pendientes desde la gestión anterior.

“Estamos siendo transparentes, por eso hemos realizado esta rendición de cuentas, para informar cómo trabajó la Corte de Cuentas en 2015, y en ese contexto era necesario explicar cuántas sentencias se han emitido, y decir que entre esas estaban algunas de las habían sido engavetadas por la administración pasada”, declaró el presidente.

La práctica de engavetar expedientes también la denunció el expresidente Rosalío Tóchez, quien en su momento dijo que la gestión que lo precedió había engavetado expedientes desde 1999 hasta 2004. Según aseguró Tóchez en esa época, el Estado salvadoreño dejó de percibir un total de $120.3 millones por 857 expedientes engavetados.

El exmagistrado también dijo que 3,349 casos fueron desatendidos y que, según los cálculos de su administración, representaron la pérdida de otros $11.5 millones. Tóchez denunció, asimismo, que 88 casos más estaban desaparecidos y que no había forma de recuperarlos.

Magistrado niega vínculo con GANA

La continuidad de la actual administración de la Corte de Cuentas depende de un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que estudia si los titulares tienen algún vínculo partidario. El magistrado presidente aseguró ayer, “en honor de la transparencia”, que no tiene ni tuvo una afiliación al partido político GANA. A la sala le han presentado una supuesta nómina de GANA, que detalla que él se afilió el 19 de abril de 2010 en la sede del partido en La Libertad, a las 4 de la tarde.

“En honor de la transparencia de la que hemos estado hablando en esta rendición de cuentas, quiero dejar claro que nunca estuve afiliado al partido GANA, ni a ningún otro partido. Tengo amigos en GANA y en otros partidos, pero no por eso me he afiliado”, afirmó el magistrado Valiente.

El nombramiento del primer magistrado, Raúl López, también podría ser declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional por el supuesto vínculo que tuvo con el partido PES, ahora PDC.

La sala todavía se discute la demanda de inconstitucionalidad presentada por tres mujeres del sindicato de la Corte de Cuentas, aunque recientemente notificó a las partes que el caso ya pasó a la etapa de dictar sentencia.

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