Más de $120,000 en promesas de pago fraudulentas en CSJ

Jefaturas señalan que los documentos no se cobraron y pudieron haber sido modificados fuera de Tesorería. El caso fue certificado a la Fiscalía.
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Un informe elaborado por la Dirección de Auditoría Interna de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2014 señaló que en el Departamento de Tesorería se emitieron 31 quedan (promesas de pago) fraudulentos, los cuales sumaron un total de $122,187.87, según el hallazgo.

Los montos de los documentos de promesa de pago rondan entre los $1,200 y los $7,000.

Los auditores describieron que los instrumentos de pago eran fraudulentos debido a que cumplían una de las siguientes características: no había registros de su emisión en el sistema, fueron registrados en el sistema a nombre de otro proveedor y con valores inferiores, fueron registrados a nombre del proveedor correcto pero con irregularidades en el monto, o el número de orden de compra correspondía a otro proveedor que al que tenía el fraudulento;  entre otras irregularidades (detalladas en el gráfico de la parte superior).

Fuentes internas de la Corte informaron que este caso fue certificado a la Fiscalía General de la República (FGR) en cuanto se dio la auditoría en 2014; sin embargo, hasta la fecha la institución no ha realizado acciones públicas referentes al caso.

 “Se presume que existe personal de la institución involucrado en la emisión de quedan con irregularidades; pero las evidencias recolectadas no nos permiten identificar a los responsables de este hecho”, señalaron los técnicos en el informe.
Los auditores consignaron en el informe los artículos 283, 284 y 285 del Código Penal, los cuales establecen las penas de cárcel que deben pagar aquellas personas que incurran en los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y falsedad documental agravada, respectivamente.
Defensa
La Dirección de Auditoría de la Corte pidió a la tesorera institucional, al jefe de la Sección de Pago de Obligaciones Institucionales Bienes y Servicios, y al menos a cinco oficiales de Tesorería, que explicaran por qué se emitieron dichos documentos sin respaldo.

La jefa de Tesorería aceptó que el control que tenía de los quedan “no era el adecuado al momento que sucedieron los hechos”. 

El jefe de Pago de Obligaciones Institucionales señaló que cada uno de los analistas de Tesorería era responsable de los actos que realizaba, y que los instrumentos de pago no fueron emitidos oficialmente por la Tesorería, y que por lo tanto el hallazgo “no constituye una obligación legalmente exigible para la institución”.

El titular también dijo que en los quedan señalados como irregulares se notaba que se trató de imitar las firmas de algunos funcionarios y que además estos pudieron haber sido alterados después de haber sido retirados y vendidos a factoraje.

 “Quiero ser enfático y solicitar se respete a los compañeros analistas de la Sección de Pago de Obligaciones Institucionales, Bienes y Servicios ya que por un caso aislado de una persona inescrupulosa y con falta de principios y valores no se debe de señalar a los analistas de esta Sección, que estoy seguro que ninguno de ellos ha participado en este hecho... No se ha hecho ningún pago por parte de la institución a suministrante o proveedor, ni trámite alguno que incluya los quedan reclamados, ya que nuestros controles funcionan correctamente, por lo que no se podría realizar ningún pago en forma incorrecta o fraudulenta”, señaló el funcionario.

Las jefaturas decidieron luego de la auditoría remover a la persona que manejaba el ingreso de los documentos al Sistema Informático Gerencial Administrativo Financiero (SIGAFI) y solicitar documentación de respaldo al Ministerio de Hacienda.

Analistas y otros empleados de la oficina de Tesorería hicieron llegar a Auditoría Interna sus descargos en los que argumentan que las firmas y montos fueron falsificados, y que los documentos fueron entregados de acuerdo con el mandato legal. En los descargos, los empleados se refirieron a cada uno de los quedan señalados; sin embargo, luego de esto, los auditores acotaron que no se refirieron a seis de los instrumentos de pago que suman más de $20,000.
 

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