Más de seis denuncias semanales por cuotas

La Policía es la institución que ocupa el primer lugar con empleados que no pagan la cuota alimenticia.
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En las oficinas de la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) de San Miguel se reciben más de seis denuncias semanales por el impago de la cuota alimenticia impuesta por los tribunales de Familia.

Empleados de la Policía Nacional Civil (PNC), del Ministerio de Educación (MINED) y de una empresa distribuidora de energía son los más denunciados por no pagar la cuota alimenticia de sus hijos.

De acuerdo con la información proporcionada por un procurador de la PGR de San Miguel, las personas que no cumplen con la obligación de la cuota alimenticia y que han caído en mora tienen que enfrentar la justicia con arresto, tal como determina la legislación.

Irresponsables

En el primer trimestre de este año un total de 62 personas se acercaron a la procuraduría a denunciar que los demandantes no habían depositado el dinero de manutención de sus hijos.

“Es sorprendente cómo algunos padres tratan de esquivar la responsabilidad que tienen con sus hijos. Es un derecho que ellos tienen, de que los padres les den alimentación. Acá se ven casos de casos, y es increíble todo lo que hacen con tal de no dar el dinero de la alimentación”, indicó el procurador.

Faltar al pago del derecho de alimentación de los niños u adolescentes es violencia económica contra la familia, la cual las autoridades tratan de combatir haciendo que se cumpla el derecho que tienen los demandantes.

El Código Penal actualmente castiga el incumplimiento deliberado de la pensión alimenticia con un arresto de 24 a 48 fines de semana; sin embargo, la acción penal solo puede ser ejercida cuando se agotan todos los mecanismos administrativos en materia de derecho de familia; si se descubre una elusión mediante ardid o engaño, la sanción es de uno a tres años de cárcel por el incumplimiento de este deber de los padres, o su equivalente en trabajo de utilidad pública.

Diversidad

Los demandados por cuotas alimenticias son de todos los estratos sociales, pues hay soldados, policías, maestros, doctores, trabajadores de empresas privadas e incluso alcaldes.

La PGR mantiene un convenio con organizaciones que velan por los derechos de las madres, y con Ciudad Mujer en San Miguel, para que ellas tengan la asistencia legal para enfrentar los casos.

“Hoy en día las mujeres se acercan más a la procuraduría, tienen mayor confianza y solicitan ser acompañadas cuando se sienten violentadas en sus derechos”, aseguró la fuente.

De acuerdo con el artículo 247 del Código de Familia, “los alimentos son las prestaciones que permiten satisfacer las necesidades de sustento, habitación, vestido, conservación de la salud y educación del alimentario”.

Asimismo, el artículo 253 a establece: “Toda persona natural mayor de 18 años de edad, para efectos de la extensión o renovación de pasaporte, licencia de conducir, tarjeta de circulación y tenencia para portación de arma”, tiene que estar solvente de la obligación de prestar alimento.

Sonia Díaz es madre de dos niñas. Ella cuenta que desde 2016 el padre de sus hijas no les ha depositado la pensión alimenticia, por lo que ha llegado en dos ocasiones a las oficinas de la procuraduría a denunciar la falta de pago. “Dijo que él prefería pasar el fin de semana preso y no darme dinero, que las mantuviera yo sola, que de todas maneras eran mías”, expresó Díaz. Este es uno de los casos que a diario se conocen en la PGR de San Miguel.
 

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