Masacran a cinco empleados municipales

La principal hipótesis de la PNC es que los asesinaron por haber trabajado en territorios de dos pandillas, que ayer comunicaron que realizan un “nuevo intento” de tregua. Exigen condiciones al GOES, que niega negociación.
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Cinco hombres, de entre 18 y 30 años de edad, colocaban piedras ayer, cerca de las 10:30 de la mañana, en el que era –según habitantes de la zona– su primer día de trabajo en un proyecto que la municipalidad de Santa Cruz Michapa (Cuscatlán) realiza para mejorar la calle que conecta el cantón Buena Vista con el cantón Las Ánimas.

Los mataron. En la escena había cerca de 30 casquillos. Las víctimas fueron identificadas como Juan Pablo Urías, Carlos Josué Alvarado, Edwin Alfaro Vásquez, Celso Armando Juárez y Ricardo Molina.

La masacre –la sexta del año– fue cometida por un grupo de aproximadamente siete pandilleros que iban con el rostro descubierto y armados con una escopeta y pistolas de calibre 9 y 22 milímetros, y que apartó a las cinco víctimas de una cuadrilla de entre 30 y 40 personas, según la Policía Nacional Civil (PNC).

A tres de ellos les quitaron las camisas antes de asesinarlos. Según la Policía, era para verificar si tenían tatuajes alusivos a pandillas. Pobladores de la zona descartaron esa versión. “Son bichos que no andan en nada. Esta es una injusticia”, dijo una persona que habita en el sector.

La Policía no ha determinado si las víctimas son miembros de pandillas o si tienen alguna relación con ellas. La hipótesis inicial, según investigadores, es que se trata de un conflicto territorial entre bandos.

“Probablemente el móvil era alguna rencilla de pandillas por el territorio. El proyecto de la calle cubre los dos perímetros, tanto donde está la 18 como donde está la MS. Probablemente este día habían comenzado a trabajar en el sector de la mara MS. Las víctimas fallecieron aquí en la zona donde se mantiene la 18. Probablemente por ahí es que ocurrió el inconveniente que han tenido estos muchachos”, dijo un oficial en la zona.

El primer homicidio múltiple de este año también fue contra una cuadrilla de trabajadores, en ese caso del FOVIAL, que terminaban su jornada laboral en un proyecto en el cantón Primavera, de Quezaltepeque La Libertad, el pasado 7 de enero.

¿Tregua?

“Esperamos que este nuevo gesto mantenga viva la esperanza de que el problema de la violencia sí tiene solución y permita que los que no han querido oír destapen sus oídos y que los que no han querido ver puedan hacerlo”, reza uno de los apartados del nuevo comunicado que las pandillas difundieron ayer por la tarde.

Sin utilizar la palabra tregua, estos grupos sostienen que supuestamente han llegado a un nuevo pacto, al que atribuyen “la drástica disminución que ha experimentado la tasa de homicidios desde el pasado 18 de enero”. Dicha disminución ha sido certificada por las autoridades policiales.

“No se puede seguir obviando e ignorando que las maras y pandillas podemos ser parte importante de la solución”, afirman las pandillas en su escrito. Algunas partes del documento calcan palabras que Raúl Mijango, mediador de la tregua de marzo de 2012, dijo a este periódico en una entrevista reciente.

Tal como Mijango lo expuso a LA PRENSA GRÁFICA, las pandillas piden en el comunicado “algunas condiciones y facilidades”. El presidente en funciones del país, Óscar Ortiz, mantuvo ayer el discurso oficial sobre la negativa a esta opción.

“Yo no sé por cuántas veces lo tenemos que decir, pero no hay tregua. No puede haber tregua contra la delincuencia. No puede haber tregua con los criminales ni con la violencia. Nosotros somos un Gobierno serio”, dijo Ortiz.

Mientras tanto, voces en el plantel policial siguen reclamando una participación del Estado que respalde este discurso.

“El que tiene que decidir cuándo suben o bajan los homicidios es el Gobierno. Es que las pandillas tienen extorsionado al Estado. ¿Cómo el Estado le va a exigir a la población que denuncie si ellos están siendo extorsionados por las pandillas? Nosotros como oficiales estamos hartos de esto. Nos rebuscamos por hacer justicia y arriba no nos dan las herramientas legales para poder hacer nuestro trabajo”, reclamó un oficial ayer.

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