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"Mecafé" viajó a Costa Rica para trato ilícito por El Chaparral: testigo

Fiscalía contó ayer en la audiencia contra Miguel Menéndez detalles revelados por criteriado. Jueza decretó la reserva parcial del caso de supuesta corrupción para la construcción de la presa El Chaparral.

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Ausente en el proceso.  Miguel Menéndez, quien guarda prisión preventiva, no pudo estar presente en la sala porque la Dirección General de Centros Penales no gestionó su salida a tiempo.

Ausente en el proceso. Miguel Menéndez, quien guarda prisión preventiva, no pudo estar presente en la sala porque la Dirección General de Centros Penales no gestionó su salida a tiempo.

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Un testigo criteriado le contó a la Fiscalía que existió una reunión en Costa Rica entre Miguel Menéndez, conocido como "Mecafé", las autoridades de CEL y personeros de Astaldi, en la que Meléndez se presentó como una persona con total influencia en la entidad y como el encargado de los asuntos del expresidente Mauricio Funes. Fiscales afirmaron ayer que es posible comprobar que "Mecafé" hizo cambiar de parecer al entonces presidente de la institución, Leopoldo Samour, para permitir un arreglo ilegal y lesivo para el Estado por la presa El Chaparral a cambio de un soborno para Funes.

Para ello, citaron informes de la junta directiva de CEL donde este último hablaba sobre ir a un arbitraje internacional para buscar la liquidación total del contrato, una opción que hubiera beneficiado a las finanzas del Estado, según estudios realizados por expertos dentro de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía. Días después de ocurrida la reunión, de la cual no precisaron fecha, según la Fiscalía, la postura de Samour cambió por completo.

"Miguel Menéndez tomó muchas decisiones como si fuera un funcionario. Y tenía la suficiente influencia para hacerlo porque se sabía respaldado por el presidente de la república. Creo que esto es suficiente para que su conducta se tipifique bajo la figura de este delito, como lo pedimos", dijo uno de los fiscales ayer durante audiencia inicial en el Juzgado Noveno de Paz.

La jueza Novena de Paz de San Salvador decretó reserva parcial en el caso porque, según expuso, en este proceso se ha incluido la información proporcionada por el testigo con criterio de oportunidad, clave Mateo, que también participa en otros juicios relacionados con el expresidente Funes y su círculo cercano.

Además, alegó que durante este proceso se mencionarán los nombres de menores de edad, por lo que, atendiendo a lo estipulado por la LEPINA, se intentará resguardar su privacidad. Por ello, no fue posible el ingreso de cámaras y grabadoras a la sala donde se detalló la acusación contra Menéndez, único de los imputados que enfrentó audiencia.

"Mecafé" no se presentó personalmente porque, según uno de sus abogados defensores, Carlos Escobar, la Dirección General de Centros Penales no tramitó a tiempo su salida del Centro Penal La Esperanza, donde está recluido desde hace siete meses. Para los otros imputados, entre ellos el expresidente Funes y Samour, según personal de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, se han elaborado citaciones para el martes 8 de enero. Si estos llegan, la audiencia inicial se realizará el viernes 11.

Ayer en la audiencia, los fiscales del caso expusieron las razones por las que buscan que se procese por tres delitos a Miguel Menéndez: asociaciones ilícitas, lavado de dinero y activos y peculado. Este último, como incitador, pues no ocupaba ningún cargo público. Esta fue una de las acusaciones más controvertidas por la defensa, cuyos abogados alegaron que, precisamente por no haber formado parte del Estado en ese entonces, es imposible que haya podido influir en las decisiones del funcionario que sí firmó el acuerdo directo con la empresa italiana Astaldi el entonces presidente de CEL, Leopoldo Samour, por la obra inconclusa de la presa El Chaparral, en San Luis La Reina, San Miguel.

Los fiscales, por su parte, respondieron que era clara la incidencia que tuvo Miguel Menéndez en que se diera este arreglo, por su vinculación con Rusconi Medina & Asociados, el bufete de abogados que, después de ser empleado por la CEL por contratación directa, recomendó el arreglo directo y no el arbitraje internacional, como todavía era posible hacerlo en ese momento y como se los había sugerido la firma de representación legal que los asesoraba con anterioridad. Según la FGR, desde el bufete Rusconi Medina & Asociados les informaron que recibieron instrucciones expresas de recomendar el acuerdo directo, que le costó al Estado salvadoreño $108 millones, más de $45 millones que el monto total de la obra.

Carlos Escobar, abogado defensor de Miguel Menéndez, alegó que tampoco se sostiene la acusación de asociaciones ilícitas: "Desde la Fiscalía han asegurado que mi cliente y Funes venían hablando desde antes de que fuera presidente de cometer delitos cuando llegara al puesto. ¿Quién puede ponerse a pensar eso cuando ni siquiera se ha ganado una elección? Es absurdo".

Lavado de dinero

Los representantes de la Fiscalía General ocuparon la mayor parte de su tiempo para hablar sobre el delito de lavado de dinero, detalles del cual ya se habían brindado el viernes, cuando se hizo pública la acusación: que Astaldi pagó $3.5 millones a través de dos empresas offshore (aquellas que no realizan ninguna actividad económica en la jurisdicción donde están inscritas) a dos sociedades de igual naturaleza constituidas por Miguel Menéndez en Panamá, a través de cuentas bancarias en el FPB Bank Inc. de ese país centroamericano.

Explicaron que estas compañías justificaron la transferencia de ese dinero a través de servicios prestados que, según la FGR, no existieron. Y que estas a su vez le enviaron los fondos a empresas en El Salvador a través de la simulación de préstamos, sobre todo a la ya conocida Latin America Spa, manejada, al menos en el papel, por Ada Mitchell Guzmán, la compañera de vida del expresidente Funes.

La última etapa en este ciclo de lavado de activos fue la adquisición, por parte de Latin America Spa, de inmuebles de lujo, como los ubicados en la colonia Maquilishuat y en Sierra de Santa Elena. Este es una metodología común en procesos de esta naturaleza: el producto de las actividades ilícitas busca disfrazarse en bienes.

"El señor Miguel Menéndez ejerce, aquí, una actividad de autolavado, pues participa tanto en la labor que sirve para darle apariencia de legitimidad a los fondos como en la actividad que genera estos fondos ilícitos", dijo una de las fiscales del caso.

A propósito de ese último delito, Carlos Escobar, defensor de Miguel Menéndez, afirmó que tratarán de desvanecer las acusaciones a través de la revisión de las transacciones por parte de peritos independientes.

El lunes 7 de enero a las 2 de la tarde, el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador informará sobre si pasa o no a instrucción el proceso por los tres delitos.

Por otro lado, todavía está pendiente que se presente al Juzgado Tercero de Paz de San Salvador Ana Lucía Alfaro, apoderada general judicial y administrativa de Astaldi en 2012, quien ha sido acusada porque la sucursal de El Salvador de dicha empresa evadió impuestos por un monto superior a los $9 millones durante el ejercicio fiscal de ese año.

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