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Medidas de emergencia en centros penales han frustrado más de 360 diligencias, dicen jueces y magistrados

De acuerdo con un grupo de jueces y magistrados, las medidas de emergencias implementadas por el Gobierno pretenden estigmatizar y deslegitimar la función jurisdiccional. Los juristas pidieron, de ser posible, una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda Navas, para exponerle los inconvenientes generados por estas medidas impulsadas a finales de junio. 
 

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Un grupo de jueces y magistrados señalaron este martes una serie de irregularidades y problemas que ha generado la implementación del estado de emergencia en todos los centros penales de El Salvador, como parte del plan "Control Territorial" implementado desde el pasado 21 de junio por el presidente Nayib Bukele. 

Los magistrados presentaron el pliego de observaciones en una carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que analice la situación y se eviten más inconvenientes de los generados por estas medidas impulsadas desde el Ejecutivo. 

Los jueces y magistrados expusieron que la declaratoria de emergencia ha frustrado 369 diligencias, lo cual ha afectado a 509 reos que han sido trasladados de centros penales. Aseguraron que entre estas diligencias se pueden mencionar audiencias de vistas públicas, preliminares, anticipos de pruebas y otros procedimientos similares.

También señalaron que diversas audiencias por videoconferencias se han visto afectadas por denegatorias de extraer a los internos de los recintos y conducirlos a las salas correspondientes. 

Los magistrados y jueces consideraron, entre otros puntos, que estas medidas han generado "información errónea de las situaciones jurídicas y ubicación material de los reos por parte de Centros Penales". 

Apuntaron que no se ha recibido informe sobre los traslados ejecutados, en cumplimiento con el artículo 25 de la Ley Penitenciaria, y tampoco se abordado la problemática sobre la instalación del dispositivo de control electrónico. 

"Existe información tergiversada sobre los fundamentos de las declaratorias de emergencia. Se pretende estigmatizar y deslegitimar la función jurisdiccional", agregaron los magistrados. 
"Existe una ley que hay que darle cumplimiento y que permite a los procesados ser acusados en libertad, asegurando el control jurisdiccional", agregaron. 

Los juristas concluyeron que, debido a estas situaciones generadas por las medidas implementadas en los centros penales, es necesario que el presidente de la CSJ, Armando Pineda Navas, interceda ante las autoridades correspondientes, " a fin de buscarle una solución a las distintas problemáticas planteadas, a la mayor brevedad posible". 

Agregaron que, en caso de ser necesario, el presidente de la CSJ, debería recibir al grupo de jueces en una audiencia, "a fin de de que una delegación nuestra le amplíe y le ejemplifique los puntos expuestos".

Las medidas implementadas en los centros penitenciarios de El Salvador comprenden un estado de emergencia indefinida, lo cual contradice la Ley Penitenciaria. Además, incluyen la el traslado constante de reos y el bloqueo de la señal telefónica en los recintos penitenciarios para evitar sigan saliendo órdenes de hechos delictivos desde adentro de ellos. 

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