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Medidas de protección no son garantía para vida de mujeres

“Lo que casi siempre sucede es que a estas mujeres (que sufren violencia) se les aplican medidas de protección, pero regresan los cadáveres”, dice titular de Sala de lo Penal.
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Faltan exactamente 60 días para que comiencen a funcionar los nuevos Tribunales Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, cuya creación fue ordenada por decreto legislativo el 25 de febrero de 2016. En ese marco, la presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Doris Luz Rivas, habla del “talón de Aquiles” del sistema de justicia nacional en cuanto a garantizar la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que también es conocida como la Ley LEIV.

Para darse a entender, la magistrada usa una palabra clave: acompañamiento.

“Los jueces de Paz o de Familia son los que imponen medidas de protección a favor de las víctimas, pero no hay quien se encargue de supervisar que esa medida se cumpla. No han tenido todo este tiempo el soporte o el apoyo que necesitan para darles acompañamiento a las víctimas. Entonces, lo que casi siempre sucede es que a estas mujeres les aplican una medida de protección, pero regresan los cadáveres” , advirtió sin rodeos la funcionaria.

A juicio de la funcionaria, a la fecha, ni la Policía Nacional Civil (PNC) ni la Fiscalía General de la República (FGR) se han caracterizado por garantizar protección integral a las víctimas que se han atrevido a llevar sus casos hasta tribunales. Por el contrario, han sido blanco de críticas precisamente porque les han asesinado hasta testigos criteriados.

Según las estadísticas de la Sala de lo Penal, solo entre 2014 y 2015 los casos de violencia intrafamiliar sumaron más de 10,000, los casos contemplados en la LEIV sumaron 335 y entre ellos los feminicidios sumaron 28 y los feminicidios agravados fueron 42.

“Entonces, lo que nosotros hemos previsto es que lo interesante de estos nuevos tribunales no solo sea llevar a un imputado a juicio y condenarlo, sino que la idea nuestra es evitar las muertes violentas de las mujeres”, destacó la magistrada.

En ese sentido, la principal apuesta de la creación de estos Tribunales Especializados es, entonces, poner a disposición de las víctimas una plantilla de profesionales expertos que estará conformada por trabajadores sociales, psicólogos y educadores.

De acuerdo con Rivas, la Corte Suprema de Justicia recibió 18,100 solicitudes para cuando lanzaron la convocatoria en busca de conformar estos equipos multidisciplinarios. De este total de aspirantes serán seleccionados solo 43, luego de un riguroso proceso de pruebas psicológicas, psiquiátricas, verificación de la información colocada en sus hojas de vida y otras diligencias, un fase que comenzó desde el año pasado y que también contó con un período de capacitación, formación e inducción.

Otro tanto será contratado para otras áreas de rigor en los tribunales, como colaboradores, limpieza y seguridad.

Presupuesto

Para la creación de los Tribunales Especializados, la Corte Suprema de Justicia está invirtiendo más de $589,000 y para su funcionamiento más de un millón de dólares, que en total suman cerca de $1.6 millones.

La propuesta de inversión económica para los salarios de los cuatro equipos multidisciplinarios ha sido contemplada de la siguiente manera: $299,354.79 para cada una de las sedes centrales en los departamentos de San Salvador (zona central), Santa Ana (zona occidental) y San Miguel (zona oriental). Y para la zona paracentral han sido estimados $187,152.93.

La sede de San Salvador es la que va a comenzar a funcionar el próximo 1.º de julio; el resto lo hará hasta en diciembre.

“Nosotros hemos considerado que en la medida en la que se vaya previendo la fluctuación de la carga laboral así se van a poder ir implementando los otros tribunales, porque la carga laboral judicializada que tenemos ahorita no es como para que empecemos con todos los tribunales de una vez. Como Órgano de Estado, no podemos darnos el lujo de crear tribunales sin carga laboral”, anotó Rivas.

Poner a trabajar a los cuatro equipos multidisciplinarios desde julio implicaría una erogación mensual que supera los $90,000.

Señalamientos

La titular de la Sala de lo Penal hizo énfasis, además, en la responsabilidad que tiene cada institución involucrada en el cumplimiento de la LEIV.

A manera de ejemplo, cuando fue consultada sobre la cantidad o por el porcentaje del número total de casos judicializados que han terminado en condena, en el marco de la LEIV desde que fue creada en 2012 y hasta la fecha, en lugar de hablar de cifras hizo algunos señalamientos.

“En una entrevista que concedí hace algunos días se cuestionaba sobre varias decisiones de algunos jueces, pero lo que pasa es que en muchos de esos casos no usaron la vía recursiva”, anotó.

El agotamiento de un fallo de sentencia termina en la Sala de lo Penal, después de haber apelado el dictamen del juez ante la Cámara de Segunda Instancia.

“Pero a nosotros no nos vienen casos de feminicidios. Por excepción nos vendrá uno o dos al año. Y por eso insisto en lo que le decía: es necesario que la Fiscalía asuma su rol y agote las vías recursivas. Los casos no pueden estar terminando en los tribunales de Sentencia. Pero la Fiscalía no viene, se queda con la sentencia del juez, no promueve el recurso”.

Aunque la funcionaria dijo que no es “partidaria de andar buscando culpables”, sí insistió en que todas las instituciones del sistema judicial “deben asumir sus responsabilidades con el mismo compromiso hacia la justicia para las víctimas”.

Por otra parte, subrayó la importancia de la articulación interinstitucional, en trabajar en la misma línea, en caminar hacia la misma dirección, en lugar de intentar obtener el mejor discurso o figurar como protagonistas.

A su juicio, las víctimas están siendo revictimizadas una y otra vez, porque por esta falta de coordinación entre instituciones están siempre preguntándole lo mismo que ya antes les han preguntado otros a las víctimas: “A veces la víctima va a un lugar y, si es un niño, por poner un ejemplo, hasta el ordenanza le pregunta: ‘¿Y por qué estás aquí?’ Y así empieza una cadenita en la cual la víctima va describiendo todos los hechos hasta como a 30 personas”.
 

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