Medidas se aplicarán sin aval de jueces de Vigilancia Penitenciaria

Comisión de seguridad consideró que la emergencia por inseguridad que se vive permite que las acciones en centros penales se apliquen sin la confirmación judicial. Jueces solo pueden avalar medidas por 15 días y no por un año.
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Los integrantes de la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa, presidida por el diputado Antonio Almendáriz, se reunieron ayer tras recibir el paquete de medidas transitorias de emergencia que el Gabinete de Seguridad elaboró con el gobierno central.

Tras el encuentro, los parlamentarios aseguraron que debido a la emergencia que vive el país por el accionar de las pandillas, las medidas que ha solicitado el Gobierno para combatirlas es que se apliquen sin el aval de los jueces de Vigilancia Penitenciaria. Esto debido a que las acciones que anunció el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, se aplicarán en los centros penales del país.

“Por eso se están haciendo estas medidas. ¿Por qué? Porque normalmente la Ley Penitenciaria dice que los directores de centros penales pueden declarar emergencia por 15 días y para poderla prorrogar necesitan el aval de los jueces de Vigilancia Penitenciaria y con estas disposiciones no en un año”, dijo el diputado Almendáriz.

A lo que el pecenista se refiere es a lo que se establece en los artículos 24 y 25 de la Ley Penitenciaria vigente en el país. “Si la Dirección de Centros Penales confirma el pedido de declaración de estado de emergencia, comunicará inmediatamente la medida y sus alcances al juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena competente, quien podrá confirmarla, modificarla o revocarla”, reza el artículo 24.

Las medidas, presentadas por el Ejecutivo y elaboradas en conjunto con los diputados de la comisión de seguridad, contemplan 12 acciones: habilitar centros temporales de reclusión, traslado de privados de libertad para el cumplimiento del régimen de internamiento especial, limitación de desplazamiento de los privados de libertad mediante encierro en celdas especiales, restricción de visitas, participación obligatoria en actividades reeducativas.

También se incluyen: suspensión de traslado de reos a las audiencias, suspensión de las audiencias a partir de la entrada en vigor del decreto, suspensión de empleados penitenciarios que muestren indicios de participar en acciones ilícitas, contratar a 1,000 reservistas de la Fuerza Armada y cortar toda comunicación telefónica desde y hacia los centros penales.

Cabe señalar que la comisión también incluye que el ministro Ramírez Landaverde brinde un informe cada mes de los resultados en el combate a la delincuencia a través de estas medidas.

Cortar comunicaciones es lo esencial

Los diputados de la comisión de seguridad consideraron que el éxito de las acciones en los centros penales pasa por la aplicación del corte de las señales de telefonía.

El artículo 6 del proyecto presentado por Ramírez Landaverde establece que queda prohibido durante un año instalar antenas u otras infraestructuras de telecomunicaciones en un radio de 500 metros de los centros penitenciarios.

En ese sentido, el diputado de ARENA Mauricio Vargas dijo que la comisión tomó en cuenta todas las normativas que existen en relación con las señales de telefonía en el país.

“Sí queremos recalcar que la comisión está clara en que la infracción a la ley, venga de donde venga, va a ser sancionada. El elemento que está en juego es demasiado grande para ser contemplativos, pero vamos a ser respetuosos de los cuerpos de la ley”, expresó el diputado Vargas.

Mientras tanto, el primer vicepresidente del congreso, el diputado de GANA Guillermo Gallegos, aseguró que el corte de las telecomunicaciones es algo que se debe adoptar con urgencia.

“Esto es para hacer un acto inmediato de corte de comunicaciones. O a las buenas o a las malas, corte y multa (para telefonías) ya está asegurado en las leyes”, dijo el vicepresidente del congreso.

Esa importancia también fue reconocida por los legisladores del partido ARENA. Los tricolores expresaron que fue la parte que más tiempo les llevó para lograr un acuerdo.

“Esto se convierte en la almendra de este decreto ley. Esto sería letra muerta sin este artículo, es el artículo medular, como bien se ha anunciado”, expresó el diputado Norman Quijano.

También se sumó el llamado del efemelenista Misael Mejía, quien pidió a las empresas de telefonía buscar los mecanismos adecuados para cumplir con las disposiciones.

“Es un mecanismo obligatorio de acatar. Lo que se mandata es cortar las comunicaciones y luego se genera un mecanismo, el que deben adoptar los medios técnicos que las empresas estimen conveniente”, agregó Mejía.

El proyecto de decreto cuenta con 10 artículos y se espera que se apruebe en la sesión plenaria de hoy. (Leer nota secundaria).

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