Militar vendió armas de guerra al crimen organizado

Miguel Ángel Pocasangre es procesado en libertad a petición de la FGR, que presentó una acusación débil, según un juzgado. Entre los clientes del militar están el narcotraficante Daniel Quezada y el hermano de “Medio Millón”.
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El procesado es un militar en situación de retiro: Miguel Ángel Pocasangre Escobar, vinculado a 16 ventas fraudulentas de armamento, y a quien el único delito que le han imputado es comercio ilegal y depósito de armas. La Fiscalía General de la República (FGR) ha planteado que Pocasangre Escobar vendió armas de forma fraudulenta: alterando los números de serie, sacándolas del depósito de armas de la Fuerza Armada (FAES) y falsificando las matrículas.

¿A quién le vendía el mayor retirado? La mayor parte de ventas que la Fiscalía ha planteado en su acusación data de 2005. El 29 de agosto de ese año, Pocasangre Escobar le vendió un arma de fuego tipo carabina –o fusil pequeño– por $1,000 a Daniel Quezada Fernández, quien ha sido condenado por delitos relacionados con las drogas en 2011 y recientemente también fue condenado por lavado de dinero. El arma vendida era calibre 5.56, similar al del fusil M-16.

Un año después de esa venta, Quezada entraría en la mira de los investigadores de la División Antinarcóticos (DAN) como personaje clave en el tráfico de drogas en las costas de La Unión y, además, fue relacionado con un homicidio en Nicaragua.

El 29 de abril de 2005, Pocasangre Escobar vendió una pistola marca Uzi por $2,800. Su comprador fue Orlando Alberto Castro Alvarado, quien es prófugo del caso por lavado de dinero y activos contra el exdiputado suplente Wilver Rivera Monge. Castro Alvarado, quien está registrado en su documento de identidad como “comerciante”, compró esa arma en la misma época que ya se relacionaba con el condenado por narcotráfico Jorge Ulloa Sibrián, alias “Repollo”, también procesado junto al exlegislador. Cuando el arma fue sometida a un peritaje se determinó que estaba alterada, que su número de serie estaba borrado y no era una Uzi original.

Otro comprador es Douglas Cisneros Rodríguez, hermano de José Misael Cisneros Rodríguez, alias “Medio Millón”, actualmente procesado por lavado de dinero y enjuiciado en dos ocasiones por homicidio. “Medio Millón” tiene sobre su cabeza una sanción económica del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser considerado una pieza fundamental de la MS-13 y criminal transnacional. Lo que Douglas compró a Pocasangre Escobar fue un fusil Norinco calibre 7.62, según el testimonio de compraventa, el 14 de diciembre de 2005. El expediente no detalla la cantidad. El peritaje de la PNC arrojó que el arma era en realidad un fusil AK-47, al cual se le había regrabado un número de serie falso.

Otro de los compradores es José Cristóbal Martínez Heredia – ya fallecido–, quien adquirió por $5,000 un fusil Colt, calibre .223 (similar al M-16) el 25 de marzo de 2008. El peritaje del 23 de diciembre de 2013 arrojaría que el arma era, en realidad, un fusil M-16 A1; y que el número de serie original había sido eliminado y se le había grabado uno nuevo. José Cristóbal era transportista de carga pesada, al igual que su hermano Fidel Martínez Heredia, a cuyo nombre se relacionaron dos furgones trasladando droga que fueron incautados en la frontera de Peñas Blancas (Costa Rica).

Una de las ventas recientes que la Fiscalía le imputa a Pocasangre Escobar es la de una carabina Kel Tec, modelo Sub2000, semiautomática, por $1,500. La compraventa fue el 12 de julio de 2012, su comprador fue Mauricio Arturo Vilanova Vaquero, actual alcalde del municipio de San José Guayabal (Cuscatlán), y lleva varios períodos frente a la comuna.

Vacíos en investigación

El juzgado que recibió el caso advirtió cabos sueltos. El 14 de octubre de 2015, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador le advirtió a la Fiscalía que no le recibiría el requerimiento (acusación formal) mientras no aclarara cerca de siete puntos sobre los que le pidió explicación. El juzgado desarrolló letra por letra todos los cuestionamientos hacia el fiscal del caso. Le pidió que explicara si había acusado a seis personas mencionadas en su requerimiento. Y si no lo había hecho que explicara por qué. Una de esas personas es clave dentro de la acusación: el también militar Carlos Guillermo Zavaleta Morán, coronel que fue jefe de la Dirección de Logística de la Fuerza Armada (FAES).

“William”, quien fue detenido y procesado por otro caso donde se condenó a una pena leve a la hermana de Pocasangre Escobar, precisamente por vender armas de guerra de forma ilegal, fue quien delató al militar en situación de retiro y es quien funge como testigo con beneficios a cambio de su declaración (criterio de oportunidad) en el caso.

Y fue “William” quien declaró –según consta en el expediente judicial– que quien le proveía las armas a Pocasangre Escobar para venderlas de forma ilegal era el entonces director de Logística de la FAES: Carlos Guillermo Zavaleta Morán.

Pocasangre Escobar, según el testimonio de “William”, también falsificaba carnés de matrículas antiguas de armas para dar la apariencia que las armas estaban registradas desde tiempo atrás a nombre de Pocasangre Escobar y que él, como supuesto legítimo dueño, podía comerciarlas sin problema. Para ello, según el testigo, recibían la colaboración de un subalterno de Zavaleta Morán: Ángel Elvis Peraza Cornejo, militar y jefe del Registro de Armas.

“William” no lo asegura, pero lo deja entrever: que los fusiles proporcionados por Zavaleta Morán eran los que estaban bajo resguardo de la FAES y ligados a procesos judiciales: armas decomisadas, incautadas, encontradas, o entregadas por sus dueños.

Y es acerca de eso que el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador increpó a la FGR: ¿Por qué no investigó a esas otras personas? También exigió: “Presente (la Fiscalía) las diligencias de investigación realizadas en cuanto a la sustracción de armas de fuego que se encuentran en calidad de depósito en el Ministerio de la Defensa Nacional, según lo manifestado por el testigo ‘William’ en su entrevista”.

La Fiscalía no investigó esa parte de la declaración del testigo, como tampoco investigó cuando el testigo dijo que Pocasangre Escobar vendió entre enero y marzo de 2005 un total de 25 fusiles M-16, nueve cargadores por cada fusil, llenos de tiros; 5,000 cartuchos más y 15 silenciadores a un hombre llamado Juan Ovidio Cerón Moreno. Todo por $125,000.

Ese nombre que la FGR no investigó por la venta de los 25 fusiles M-16 es habitual del sistema judicial del país desde 1999, cuando fue procesado por el delito de apropiación y retención indebida; y fue depurado como miembro de la PNC.

Un año después de que Pocasangre Escobar le vendió el lote de fusiles, Cerón Moreno fue arrestado junto al actual diputado del PCN Reynaldo López Cardoza por el delito de tráfico de personas, en septiembre de 2005.

El jefe de la División de Fronteras de la PNC Marco Tulio Lima dijo entonces que Cerón Moreno fue militar y que “llamaba la atención” su acelerado crecimiento económico, que incluía una empresa de transporte de carga pesada. El Ministerio de Hacienda tiene registrado su nombre actualmente como transportista “inactivo”.

La Fiscalía tampoco indagó el nombre de Mario Inocente Dimas, quien, según “William”, era el armero que le ayudaba a alterar los números de serie de las armas para venderlas posteriormente y de quien el testigo ubicó incluso la casa en donde tenía su taller. El juzgado también increpó a la FGR por qué no investigó ese nombre, ni ninguno de los otros mencionados.

Carlos Guillermo Zavaleta Morán no era un nombre desconocido para la cabeza de la FGR en octubre pasado, cuando los fiscales presentaron la acusación a los tribunales. El militar fue compañero de escuela del entonces fiscal general de la República, Luis Martínez, y ambos se graduaron de la Escuela San Alfonso, en 1979.

Cuando el fiscal del caso respondió parte de las explicaciones al juzgado, para que le recibiera la acusación contra Pocasangre Escobar, justificó la falta de imputación contra el exdirector de Logística de la Fuerza Armada –y las otras personas –, porque los posibles delitos ya habían prescrito. Es decir, porque por el tiempo transcurrido no se podían juzgar.

Además de los ya mencionados, el juzgado cuestionó a la FGR para que explicara dónde estaban las diligencias y peritajes realizados sobre las armas para determinar si estaban alteradas o no.

El juzgado también señaló que se omitió parte de la entrevista del testigo criteriado. Y cuestionó a la Fiscalía porque no había comprobado si las armas eran de uso exclusivo de la FAES –o armas de guerra– ya que no agregaron los peritajes. La cuestionó porque no anexó las actas de incautación de dichas armas, y porque no agregó los peritajes ni en originales ni en copia. También le pidió a la FGR que se pronunciara acerca de otros delitos que se podrían haber cometido e, incluso, el juzgado les enumeró algunos: falsedad material, falsedad documental y tenencia y conducción de armas de guerra.

Y pese a todas las carencias señaladas en el juzgado, la Fiscalía cerró su acusación solicitando que Pocasangre Escobar no fuera procesado en prisión, sino gozando de libertad. No consta en el expediente, además, que la FGR haya hecho un solo allanamiento a las dos empresas de ventas de armas y seguridad del acusado, ni a su vivienda particular.

Finalmente, el juzgado recibió el requerimiento, pero estableció que la Fiscalía solventó solo en parte todas las prevenciones que le hicieron. En su acusación, la FGR ni siquiera especifica si las armas son fusiles o no, ya que únicamente reseña el largo de cañón en cada arma.

Otros nexos

Uno de los abogados defensores del mayor retirado Miguel Ángel Pocasangre Escobar es su hermano: Saúl Pocasangre Escobar, abogado, también militar retirado y empresario, ya que recibió permiso de parte del Ministerio de Economía para instalar dos gasolineras, una en Ilobasco (Cabañas) y otra en Cuscatlán. Ambos hermanos estuvieron registrados, en 2012, como “medianos contribuyentes” en el Ministerio de Hacienda.

Varios de los nombres de los mencionados en el expediente judicial contra Pocasangre Escobar ya habían aparecido juntos, varios años antes, en un solo documento. El Diario Oficial del 14 de febrero de 1986 publicó el acuerdo n.º 446, tomado el 7 de diciembre de 1985 por el “Ramo de la Defensa y Seguridad Pública” y trataba acerca del ascenso de cadetes a suboficiales. Entre ellos estaban Saúl Pocasangre Escobar, el hermano del procesado; Carlos Guillermo Zavaleta Morán –el que llegó a ser director de Logística de la FAES y no ha sido acusado–; y Ángel Elvis Iván Peraza Cornejo, quien llegó a ser jefe del Registro de Armas y subalterno de Zavaleta Morán.

Pocasangre Escobar declaró durante la audiencia inicial en su contra. Dijo que ganaba “entre $40,000 a $50,000 mensuales”, que se dedicaba a la importación de “armas y similares” y a “la venta de combustibles”. Aseguró que todas las armas que vendió las poseía legalmente desde 1992. Reconoció que era amigo de Zavaleta Morán y alegó que no hizo nada ilegal. Además, trató de desacreditar a “William” como testigo diciendo que “le dieron la baja de la Fuerza Armada por faltas a la moral”.

El caso tiene un período de investigación que durará aproximadamente hasta febrero. El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, sin embargo, puso como colofón de un caso que criticó una fianza de $25,000 para que Pocasangre fuera procesado en libertad.

Hace un año, un caso similar tuvo un desenlace que el tribunal de Sentencia responsable también cuestionó: el teniente Arístides Figueroa, quien trabajaba en la Dirección de Logística de la FAES, fue condenado a siete años de prisión por matricular fraudulentamente armas y, posteriormente, venderlas. Figueroa hizo todo esto –y así lo estableció el fallo del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador– bajo órdenes de su jefe, el exdirector de Logística de la FAES el coronel Salvador González Quezada.

Y la Fiscalía, como en el caso de Pocasangre Escobar, dio un giro inesperado: cargó contra Figueroa y dio criterio de oportunidad al coronel González Quezada, a nombre de quien estaban todas las armas vendidas.

El caso pasó varado

A finales de abril de 2015, LA PRENSA GRÁFICA publicó una amplia investigación en la que se comprobó cómo algunos militares vendieron desde las entrañas de la FAES armamento inventariado en los activos del Ministerio de la Defensa Nacional. La investigación reveló que Pocasangre Escobar, mayor retirado, era investigado por la Fiscalía y que hasta esa fecha, y a pesar de tener un testimonio en su contra desde por lo menos desde dos años antes, inexplicablemente no lo había acusado de ningún delito. Pocas semanas después de la publicación periodística, la FGR activó la investigación y reinició diligencias contra Pocasangre Escobar, según se desprende del expediente judicial del caso.

Todas las otras pesquisas hechas previamente eran de 2013: el 4 de marzo de ese año fue la entrevista con el testigo denominado bajo la clave “William” y los análisis de las armas que se le cuestionan fueron efectuados entre junio a diciembre de 2013.

Las únicas diligencias recientes que constan fueron precisamente después de la publicación –25 de abril de 2015–, y se trató de un oficio de la Dirección de Logística de la FAES fechado el 20 de mayo de 2015 en el que consta que desde el 1.º de marzo de 1993 está inscrita la armería de Pocasangre Escobar bajo el nombre Rivera Hoover. La segunda pesquisa es otro oficio de la FAES fechado el 4 de junio de 2015, en el que se reseña que el mayor retirado no tenía permiso para vender armamento como persona natural. Y nada más.

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