Militares guatemaltecos detenidos por masacres

La FGR Guatemala efectuó la captura de 14 militares por delitos contra los derechos humanos.
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Captura.  Un policía detiene a Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del expresidente Romeo Lucas García, por sus vínculos con masacres.

Captura. Un policía detiene a Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del expresidente Romeo Lucas García, por sus vínculos con masacres.

Militares guatemaltecos detenidos por masacres

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La fiscalía guatemalteca solicitó que se le retire la inmunidad a Edgar Justino Ovalle, principal asesor del presidente electo Jimmy Morales, por estar relacionado con violaciones a los derechos humanos durante la guerra en el país entre 1960 y 1996.

Según la fiscalía, Ovalle estaría vinculado con desapariciones forzosas, violaciones a los derechos humanos, ocurridas en el marco de la guerra, especialmente en el destacamento militar ubicado en Cobán, Alta Verapaz, al norte del país, donde estuvo destacado. El retiro de la inmunidad permitiría que sea investigado.

La fiscalía guatemalteca también confirmó ayer la detención de otros 14 militares retirados señalados de violaciones a los derechos humanos durante la guerra. Tras hacérseles saber el motivo por que fueron detenidos, un juez ordenó su reclusión en el cuartel militar Mariscal Zavala, donde funciona una prisión civil de alta seguridad, preventivamente a la espera de una audiencia programadas para mañana y definir sus situaciones legales.

Las detenciones son relacionadas con dos masacres y con la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Thiessen. Entre los militares se encuentra Benedicto Lucas García, hermano y exjefe del Estado Mayor del expresidente Romeo Lucas García (1978 a 1982), ya fallecido.

Al ser llevado a los tribunales de justicia para conocer de su acusación, Lucas dijo a periodistas “Si maté, maté en combate, dando frente a mi tropa y no como cobarde ni nada por el estilo”. También fue detenido el general retirado Francisco Luis Gordillo y Byron Barrientos, exministro de gobernación de Alfonso Portillo (2000-2004).

Por su parte, Thelma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público, dijo que las masacres de que se les acusan eran contra población civil y no combatientes, entre ellos niños, dijo.

Aldana argumentó que las detenciones son consecuencia de otro proceso previo en el que un juzgado habría ordenado a la fiscalía continuar con las investigaciones por una masacre.

La fiscal se refirió a la condena de dos militares a 7,710 años de prisión, por la muerte de cientos de personas en la masacre conocida como Plan de Sánchez, en Rabinal, Baja Verapaz, ocurrida en 1982, cuando tropas del Ejército abusaron sexualmente de las mujeres, torturaron y asesinaron a pobladores.

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