Militares implicados en caso jesuitas dicen ser víctimas de persecución política

Los siete militares, entre ellos el ex ministro de Defensa Rafael Humberto Larios, el ex jefe de la fuerza aérea Juan Rafael Bustillo y el ex viceministro de defensa Juan Orlando Zepeda, rechazaron en un comunicado de prensa "absolutamente cualquier responsabilidad sobre los hechos".
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Un grupo de militares implicados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas denunciaron ser víctimas de una persecución política y dijeron que han presentado un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia para evitar ser capturados y extraditados a España.

Los siete militares, entre ellos el ex ministro de Defensa Rafael Humberto Larios, el ex jefe de la fuerza aérea Juan Rafael Bustillo y el ex viceministro de defensa Juan Orlando Zepeda, rechazaron en un comunicado de prensa enviado al Canal 12 de televisión, y al que tuvo acceso The Associated Press, "absolutamente cualquier responsabilidad sobre los hechos".

Los militares señalados, ya todos en retiro, integraban la cúpula castrense cuando los jesuitas, cinco de ellos españoles, fueron ejecutados por un batallón de fuerzas especiales entrenado por Estados Unidos, en el marco de una ofensiva guerrillera el 16 de noviembre de 1989.

El juez de instrucción de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, giró las órdenes internacionales de localización y captura para los 17 militares salvadoreños involucrados en el asesinato, perpetrado en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

España también ha pedido a Estados Unidos que entregue al entonces ministro de Seguridad, el coronel Inocente Orlando Montano, detenido en ese país por violar leyes migratorias.

Los militares, que dicen ser víctimas de "una clara persecución política, sin razón jurídica, moral, ni muchos menos humanitaria, la cual está siendo disfrazada de una falsa justicia", informaron que han recurrido a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, "buscando nuestra protección mediante la interposición de un recurso de habeas corpus".

La orden de detención (difusión roja) contra los 17 militares fue emitida en 2011 y reiterada a la Policía internacional (Interpol) el 4 de enero de 2016 por el juez Velasco.

Sin embargo, la policía no ha procedido a la detención con el argumento de que no sabe cuál resolución acatar debido a que en 2011 la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución en que afirmaba que la difusión roja de Interpol no equivale a una orden de captura, sino solo a localización. Pero en agosto de 2015 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema cambió de criterio y afirmó que las alertas de difusión roja emitidas por Interpol equivalen a una orden de captura.

Según la resolución de 2011, la policía no puede capturar con fines de extradición sin orden judicial y ningún juez puede decretar la detención preventiva con fines de extradición sin delegación expresa de la Corte.

En mayo de 2012, la Corte Suprema también acordó denegar la solicitud de extradición porque el asesinato de los jesuitas fue cometido antes de que en 2000 se reformara el artículo constitucional que no permitía la extradición de los salvadoreños en ningún caso.

"Públicamente reafirmamos nuestra inocencia sobre dichos hechos y a través del presente recordamos al pueblo salvadoreño que los verdaderos responsables de dichos hechos, ya fueron enjuiciados, condenados y amnistiados por tales sucesos", expresaron los militares retirados.

Los sacerdotes jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa en la que vivían dentro del campus universitario.

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón elite Atlacatl, entrenados en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.

Otros dos fueron beneficiados posteriormente por una amnistía decretada en 1993 por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de que se divulgara un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.

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