Militares, políticos y empresarios beneficiados amnistía de armas de 2009

En 2009, la Asamblea emitió un decreto que estaría vigente por 45 días y que permitía matricular armas ilegales. Únicamente se registraron 151 armas.
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Depósito.  Aunque la Fuerza Armada hace dos destrucciones de armas ilegales cada año, posee 28,000 embodegadas ligadas a procesos judiciales.

Depósito. Aunque la Fuerza Armada hace dos destrucciones de armas ilegales cada año, posee 28,000 embodegadas ligadas a procesos judiciales.

Decreto.  Los exfuncionarios y funcionarios consultados estimaron que no debe verse con suspicacia que el decreto legislativo al que ellos se ampararon haya beneficiado en buena parte a políticos, empresarios o militares.

Decreto. Los exfuncionarios y funcionarios consultados estimaron que no debe verse con suspicacia que el decreto legislativo al que ellos se ampararon haya beneficiado en buena parte a políticos, empresarios o militares.

Militares, políticos y empresarios beneficiados amnistía de armas de 2009

Militares, políticos y empresarios beneficiados amnistía de armas de 2009

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Los beneficiarios del decreto legislativo transitorio número 25, vigente durante 45 días contados a partir del 25 de mayo de 2009, que permitía matricular armas de fuego que estaban ilegales, fueron pocos, entre 40 y 50 personas. En su mayor parte, hasta mayo de 2012, la lista estaba compuesta por militares, funcionarios o exfuncionarios, legisladores y empresarios.

Ese decreto fue el que el coronel Salvador Alberto González Quezada, exdirector de Logística del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), utilizó, según la acusación en su contra, para matricular de forma fraudulenta varias armas que posteriormente vendió, entre estas, varios fusiles, algunos considerados armas de guerra.

La estrategia del coronel, según la hipótesis de la Fiscalía General de la República (FGR), era fingir que las armas habían sido matriculadas con el decreto, pero falseando documentación, pues la vigencia del decreto ya había pasado. Buena parte de estas armas supuestamente fueron matriculadas en 2011 con fecha de 2009.

Los que sí hicieron uso del decreto y legalizaron sus armas, sin embargo, fueron personas que por su cargo son operadores de la ley o que poseían la capacidad adquisitiva para comprar armas de forma legal.

Según un informe del Ministerio de Defensa del 21 de mayo de 2012, hasta esa fecha se registraron 151 armas amparadas en el decreto legislativo número 25 de 2009.

El jefe fiscal de la Unidad Contra el Crimen Organizado (UNICCO), Rodolfo Delgado, aseguró que las pesquisas en el caso del coronel González Quezada les han arrojado que todavía existe una buena cantidad de armas que aún esperan ser matriculadas amparadas en el decreto, y que fueron gestionadas en tiempo. Es decir, que tienen más de tres años esperando por la matrícula de la Fuerza Armada.

Algunas fuentes consultadas por este periódico, y que son poseedores de armas, explicaron que la matrícula de un arma puede demorar un mínimo de tres semanas y alargarse hasta por años. En los casos que se le imputan al coronel González Quezada, en cambio, las armas obtenían su matrícula de un día para otro, o en menos de una semana. Hay un caso, incluso, en que la autorización de matrícula es de un día antes de la solicitud.

El informe del MDN reseña que quien más aprovechó del decreto para matricular armas que estaban en la ilegalidad fue el actual ministro de Defensa, Atilio Benítez, con nueve armas en total, entre revólveres, carabinas y fusiles.

A través de la unidad de prensa de Defensa se solicitó conocer la versión del ministro Benítez respecto a estas matrículas, pero no hubo respuesta. El decreto número 25 entró en vigor una semana antes de que Benítez asumiera como viceministro. El informe no clarifica en qué fecha matriculó sus armas y, por lo tanto, si ya fungía como viceministro.

De cerca le sigue quien también asumiría un cargo ministerial a pocos días del decreto, el actual ministro de Justicia y Seguridad Pública (y exministro de Defensa), David Victoriano Munguía Payés, con cinco armas amparadas en el decreto: tres fusiles, una pistola y un revólver.

“La idea de los decretos es favorecer a todos los ciudadanos porque de alguna manera, algunos tenían armamentos o teníamos armamentos y no había sido legalizado, porque es importante para nosotros que las autoridades tengan el control de las armas que andan circulando afuera y que se sepa quiénes son los propietarios”, dijo Munguía Payés al respecto.

El ministro de Justicia agregó que el hecho de que algunos de estos decretos hayan favorecido a algunos funcionarios públicos es normal, y cuando se le preguntó si no le parecía una ley hecha a la medida, añadió: “En ningún momento estuve relacionado con la promulgación de ese decreto. Yo creo que es demasiado suspicaz verlo de esa manera, porque el decreto no salió para favorecer necesariamente a funcionarios”.

En forma similar se manifestó el actual diputado Roberto d'Aubuisson, quien formaba parte de la junta directiva de la Asamblea Legislativa que firmó el decreto transitorio. Él matriculó cuatro armas, aunque dice que solo fueron tres, porque una de ellas era refrenda de una matrícula que ya poseía.

El diputado de ARENA asegura que no tuvo nada que ver con la creación del decreto y añade que el espíritu del decreto “es precisamente someterse a la ley” y no debe verse como una ley hecha para funcionarios. Según el legislador, las armas que posee son de colección.

Las armas matriculadas, entre las que se encuentra un fusil AK-47, son recuerdos de su padre (Roberto d'Aubuisson Arrieta), dice. Estas le llegaron, asegura, tiempo después de un anterior decreto similar de 2003, y de manos de amigos de su progenitor que decidieron devolvérselas.

El presidente de la Asamblea Legislativa en 2009, Ciro Cruz Cepeda, matriculó dos armas. Una de ellas, según el informe de Defensa, era una subametralladora Uzi. A este se le intentó ubicar telefónicamente, pero no contestó. Se buscó contactar con él, además, a través de la fracción legislativa de su partido, el PCN, pero proporcionaron un teléfono erróneo.

Cuando el decreto entró en vigor, el exfiscal general Félix Garrid Safie poseía aproximadamente un mes de haber finalizado su cargo. Él también inscribió tres armas con el decreto.

Safie también rechaza que el decreto haya sido hecho a la medida. “Los decretos son hechos para todos”, dice. “A mí me agarró pila por las armas cuando era fiscal, por seguridad, pero después ya no”, explicó. No emite comentario de dónde las obtuvo, y asegura que ya las vendió.

El coronel Mario Alfredo Loza, quien entonces se desempeñaba como director de Logística del MDN, matriculó tres armas. Entre estas, un fusil Kalashnikov, calibre 7.62. El cargo de director de Logística sería asumido, poco después, por el ahora procesado coronel González Quezada.

Otros de los que también inscribieron armas amparadas en el decreto número 25 de mayo de 2009, en menor medida, fueron el expresidente Francisco Flores (1), el empresario Carlos Patricio Escobar (2), el coronel González Quezada (3), así como el empresario que fue procesado en 2011 por daños en un sitio arqueológico, Mario Sol Bang, reseñado en el informe de Defensa con una pistola.

El que se desempeñó como jefe del Estado Mayor y actual director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Francisco Ramón Salinas, registró también una pistola.

Se solicitó a través de la Unidad de Comunicaciones de la PNC conocer la opinión de Salinas al respecto, pero como en los otros casos, tampoco hubo respuesta.

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