Ministro Lara: es hora de revisar contratos de seguridad estatal

Ministro de Seguridad aseguró que la PNC tiene capacidad para resguardar la infraestructura del Estado.
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El ministro de Seguridad, Benito Lara, aseguró ayer que “es momento de hacer una muy buena revisión” de los contratos estatales de seguridad privada, después de que LA PRENSA GRÁFICA reveló en un reportaje que el Estado ha invertido más de $100 millones, entre 2004 y 2014, para empresas que vigilen oficinas públicas y dependencias de Estado, desde hospitales al zoológico.

“Creo que el Estado debe de tener la seguridad propia del Estado mismo, y la Policía (Nacional Civil) creo que tiene capacidad como para poder cumplir con esa tarea”, dijo Lara, en una conferencia de prensa en la que tenía a la par al director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde.

El ministro de Seguridad reivindicó las capacidades que tiene la PNC de resguardar las operaciones del Estado, pese a que la misma PNC reconoce que hay más agentes de seguridad privada que miembros de la Policía.

Las cifras oficiales son de 23,546 guardias autorizados, más otros 5,000 que trabajan sin permiso, mientras que el plantel policial está cerca de los 21,590 elementos, de acuerdo con el reportaje publicado el domingo pasado, en la revista Séptimo Sentido. Ramírez Landaverde no se pronunció por el tema, aunque se le preguntó.

“Nosotros estamos haciendo un esfuerzo en ver cómo hacemos una rediscusión del punto. Ese no es un problema de si tenemos capacidad o no, sino de que así han venido funcionando las distintas instituciones”, afirmó el ministro de Seguridad.

El funcionario no detalló si ya había algún plan concreto para revisar un lucrativo negocio para empresas que también están entre los tres rubros más denunciados por violaciones laborales dentro del Ministerio de Trabajo.

El reportaje titulado “El emporio de la seguridad privada” también descubrió que la División de Servicios Privados de Seguridad de la PNC, encargada de inspeccionar a las empresas de seguridad, solo tiene a su cargo a 21 personas, para inspeccionar 321 empresas. Además la ley que las regula tiene 14 años sin actualizarse.

“Este gobierno y el anterior lo hemos encontrado así. Cuando comenzaron a privatizar, prácticamente la seguridad de las instituciones la agarraron los privados. Así lo hemos encontrado”, se excusó Lara.

La práctica a la que aludió Lara tuvo dos claros beneficiarios, distintos según la orientación política del gobierno de turno. SERCONSE, empresa del fallecido dirigente del partido ARENA Adolfo Tórrez, ganó $38 millones entre 2004 y 2009, durante la administración de Elías Antonio Saca, cuando todavía pertenecía a ARENA.

En el primer gobierno del FMLN, dirigido por Mauricio Funes, fue la empresa COSASE la que se llevó la mayor porción de las ganancias: $21,593,530.48, es decir, el 45.5 % del monto gastado por la gestión Funes en seguridad privada.

“¿Qué culpa tiene Mauricio Funes que Miguel Menéndez tiene la mejor empresa de seguridad del país?”, defendió Funes, tras esa investigación. Menéndez, dueño de COSASE, fue incluso funcionario del gobierno de Funes, y uno de los financistas de su campaña presidencial.

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