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Motorista de CAPRES concilia con familia de mujer que atropelló

El empleado de Casa Presidencial decidió pagar $10,000 a cambio de no ser procesado por homicidio culposo.
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El motorista de Casa Presidencial (CAPRES), Juan Antonio Corado, concilió ayer con la familia de Leonor Ramírez González, de 65 años, a quien atropelló el pasado 16 de mayo en la 8.ª avenida norte y la alameda Juan Pablo II de San Salvador, en el carril segregado del Sistema Integrado del Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).

Ayer, durante la audiencia inicial, las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio. El motorista pagó $10,000 a cambio de no ser procesado por homicidio culposo. “Llegaron un acuerdo monetario. Aquí se cierra el proceso y queda en libertad”, explicó la fiscal del caso. La defensa del imputado prefirió no brindar declaraciones al respecto. Los abogados de Casa Presidencial le entregaron el dinero a la hermana de la víctima ayer por la tarde, según explicó la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía dijo en su momento que solicitaba la detención de Corado, quien es miembro del Batallón Presidencial, por dos motivos. Uno de ellos es porque la defensa no presentó arraigos. Sin embargo, una fuente del Juzgado Quinto de Paz, donde se conoció el caso, explicó que no es necesario presentar arraigos económicos y laborales cuando existe una negociación entre las partes involucradas. Además de esto, la FGR también aseguró que la familia de la víctima dijo que no buscaba conciliar con la víctima.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, González intentaba cruzar entre la 8.ª avenida norte y la alameda Juan Pablo II de San Salvador, cuando una camioneta de la Presidencia de la República, conducida por Corado, la atropelló. El impacto provocó que la mujer se golpeara la cabeza con los separadores de la calle. Fue trasladada hacia un hospital, pero falleció antes de ser atendida por los médicos.

Los antecedentes

Una camioneta, asignada a un familiar del presidente de la república, provocó la muerte del motociclista Mario Alberto García el 1.º de mayo de 2016. Por este caso fue procesado el jefe del Batallón Presidencial Lisandro Chávez. El juzgado de Sentencia de Santa Tecla lo condenó a cinco años de prisión porque alteró la escena.

El último caso ocurrió el 29 de enero de este año, cuando el motorista Víctor Manuel Urías atropelló a José Rafael Zelaya. En este caso también hubo conciliación.

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