Mujer policía denuncia que agentes la violaron en rancho de playa

La violación de la mujer policía, según la denunciante, ocurrió en septiembre pasado. La Fiscalía dice que la Policía Nacional Civil no le remitió las diligencias del caso hasta el pasado miércoles.
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Foto de LA PRENSA Rancho de playa.  El centro recreativo es propiedad de la Asociación de Miembros Retirados de la Policía Nacional Civil.

Foto de LA PRENSA Rancho de playa. El centro recreativo es propiedad de la Asociación de Miembros Retirados de la Policía Nacional Civil.

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Cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) violaron a una mujer policía en el rancho de playa de la Asociación de Miembros Retirados de la Policía Nacional Civil (AMIRPON) el 29 de septiembre del año pasado, según denunció ella ante la institución.

Los policías arrendaron la cabaña número 2 de ese rancho, ubicado en la playa Conchalío, La Libertad. La violación, según la denunciante, ocurrió luego de que los agentes consumieron licor.

Una comisión de la Unidad de Asuntos Internos de la PNC, la oficina encargada de investigar delitos cometidos por agentes, llegó a inspeccionar el lugar pocos días después, el 7 de octubre de 2017. Tomaron fotografías en el sector sur del rancho, donde está ubicada la cabaña número 2, y también entrevistaron a los empleados del centro recreativo, quienes dijeron que no escucharon ni vieron nada.

“Una sargenta y dos detectives llegaron, tomaron fotografías y se llevaron el caso. Llevaban a la víctima, pero no dieron el nombre. No dieron el nombre porque dijeron que era un caso delicado”, comentó una de las personas que tienen detalles de la inspección, quien habló bajo anonimato.

AMIRPON funciona desde que surgió la Policía Nacional Civil. No es exclusivo para exempleados de la Policía, ya que también permiten el ingreso de particulares. El centro recreativo permanece abierto de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y quienes desean pasar la noche en el lugar, como el caso de los agentes señalados, pueden alquilar cabañas por precios que van desde los $7 hasta los $20. La inspección del lugar duró aproximadamente cuatro horas.

Investigación fiscal

LA PRENSA GRÁFICA buscó ayer a la Fiscalía General de la República (FGR) para preguntar por qué después de tres meses no han dado órdenes de captura en este caso. El gerente de comunicaciones, Salvador Martínez, aseguró que esa institución recibió las diligencias policiales del caso el pasado miércoles por la tarde: “Ellos (la Policía) iniciaron esa investigación de forma interna a raíz de la denuncia que hace ella, y nos remiten esas diligencias el día de ayer”.

Una fuente policial, quien también pidió reservar su identidad, señaló que la investigación no avanzaba porque uno de los policías involucrados es familiar de un fiscal de la zona de La Libertad. Martínez, sin embargo, se desmarcó de tal señalamiento alegando que ellos no recibieron el caso hasta esta semana.

“Desde septiembre hasta ahora nos vienen a remitir el caso. Hasta el día de ayer hubo una reunión para entregar el caso. No podemos girar órdenes de detención si hay dudas", dijo el vocero de la FGR.

Esta denuncia se suma a los recientes casos de violencia contra mujeres policías ejercida por sus mismos compañeros en la institución. Hoy se cumplen tres semanas desde la desaparición de la agente Carla Ayala, quien, según la versión oficial, fue desaparecida por uno de sus compañeros luego de una fiesta en el GRP. El director la Policía, Howard Cotto, dijo ayer que hay avances en la investigación del caso y precisó las medidas que han tomado con los agentes del GRP que han sido separados temporalmente de esa unidad élite (lea nota secundaria).

Recientemente, 11 organizaciones que trabajan por los derechos humanos expresaron su preocupación ante los últimos hechos de violencia contra mujeres policías. Recordaron que la PNC cuenta con herramientas para no tolerar e impedir impunidad en estos casos dentro de la institución; entre estas, un protocolo para el abordaje de violencia y discriminación por razones de género y una red de mujeres policías defensoras de derechos humanos.

“Un camino equivocado sería privilegiar el silencio, omitir investigaciones efectivas, encubrir los hechos y a los hechores de cualquier nivel y dar un paso a la impunidad y a la violencia institucional”, alertaron las organizaciones el pasado 3 de enero.

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