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NRC calcula 289,000 salvadoreños desplazados por violencia

Informe anual de Consejo Noruego para los Refugiados incluye a El Salvador por primera vez en la lista, el mismo día en que más de 100 familias terminaron de abandonar un cantón de Izalco por temor a pandillas.
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Lo último que cargaron los niños en el camión fueron dos gallinas. “Lleven los pollos, pues, hijos. Ya nos vamos”, les dijo su padre a los niños de tres, cinco y ocho años. Quien daba la orden era un hombre que vestía jeans, camiseta negra y unos tenis que dejaban ver los dedos de sus pies. Él es el líder de una de las últimas familias que ayer abandonaron el cantón Tunalmiles de Izalco, municipio de Sonsonate. Se fueron el mismo día en que El Salvador apareció, por primera vez, en el informe anual del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por su siglas en inglés).

Ese informe hace estimaciones sobre la cantidad de personas desplazadas por conflictos y violencia. El NRC calculó, basado en cifras no oficiales, que hay 289,000 desplazados por violencia interna en El Salvador. Si el país no aparecía antes en el documento es porque los datos no estaban disponibles. Esta cifra se desprende de una encuesta que el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), realizó a finales del año pasado.

El Triángulo Norte centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala) tiene más de 550,000 desplazados internos, según el informe del NRC. El Salvador es, junto con Ucrania –que vive una guerra civil–, uno de dos países en todo el mundo que llamaron la atención a la NRC.

Volker Turk, el jefe adjunto de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), dijo a la agencia EFE que hace pocos días estuvo en Texas (Estados Unidos), donde entrevistó a mujeres y niños que habían huido de El Salvador, Honduras y Guatemala. Ese es el camino que, por ejemplo, intentaba emular una familia de desplazados de San Martín (San Salvador), cuya historia trascendió en abril pasado. “Escuchándolos queda claro que muchos de ellos son refugiados, aunque no sean reconocidos como tales”, comentó Turk a la agencia EFE.

A diferencia de los desplazados de San Luis La Herradura (La Paz), a finales de enero de este año, o las familias que abandonaron condominios en Mejicanos (San Salvador), 15 días después de eso, los de ayer no cargaban ningún electrodoméstico. A las 4:30 de la tarde, la familia con los tres niños había terminado de cargar el camión con maderos, láminas, alambre razor, recipientes de plástico, unas cuantas estructuras metálicas. Y las dos gallinas.

Los desplazados de Tunalmiles escapan en parte por las amenazas y en parte por miedo, según dicen. Los habitantes aseguran que más de 100 familias huyeron de este lugar, en las últimas dos semanas, por amenazas de pandillas. Cinco homicidios en menos de una semana originaron el miedo.

Un trabajador local explicó la situación, a bordo de un pick up, con las ventanas arriba. El pasado 22 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó el asesinato de German Linares, de 34 años. “Él no se metía en nada”, relató. Cinco días después, Santos, Leonel, Valdemar y Esmeralda, cuatro trabajadores de la finca El Manzano, fueron asesinados. El motivo de esas muertes fue que cruzaron un territorio que, según las pandillas, no debían pasar. Las primeras personas huyeron después de ese crimen.

El trabajador dibujó un mapa en un cuaderno para explicar que la Mara Salvatrucha se ha apoderado de la zona norte del cantón Tunalmiles –donde encontraron los cadáveres de los cuatro trabajadores– excepto en un reducto del cantón Cruz Grande, al sur de Tunalmiles, sigue siendo del Barrio 18. Cuando termina de explicar, el hombre tacha las letras “MS” que escribió para su descripción geográfica. “Es que si no, con estos hijos de puta...”, se justifica el hombre, sin terminar su frase.

Solo 18 niños llegaron el pasado martes a una clase donde hay 36 alumnos inscritos, en una de las escuelas de Tunalmiles. Las fincas cafeteras como El Carmen, Chanita 2 y Samaria, que dan empleo a la mayoría de habitantes de Tunalmiles, llevan 15 días cerradas. “Estamos pidiendo seguridad para que la gente pueda ir a trabajar”, expuso ayer uno de los afectados.

Un empresario cafetalero convocó a sus trabajadores para una reunión con Alfonso Guevara, el alcalde de Izalco. “No me esperaba tanta gente”, dijo el empresario a 47 personas reunidas en la sala de concejales de la alcaldía. La reunión empezó a las 11:45 de la mañana. Aunque la reunión era para buscar soluciones al desalojo forzado que ocasionan los pandilleros, nadie dijo ni una sola vez la palabra “pandillas”. Nada más hablan de “la situación”. Todos entendieron.

“No les pregunto cómo están porque ya me imagino. Duele lo que se está viviendo”, comenzó en su intervención el alcalde. La gente sabe lo que necesita: pidieron la presencia de un cuerpo de seguridad. El alcalde convocó a un representante del Destacamento Militar 6 a la reunión, pero no a la Policía Nacional Civil (PNC).

“Estando la Fuerza Armada ahí y les dicen: ‘desarmen su casa y váyanse’. Eso es absurdo. Nombre, manden un par de batallones. Eso es palabra”, reclamó uno de los desplazados, antes de la reunión. El alcalde lo aceptó: “Hemos apoyado en desalojo pero la idea no es esa, sino que se mantengan en sus lugares”, aseguró el hombre. “No vamos a permitir que estos delincuentes los saquen de sus hogares”, le dijo el militar a un grupo de personas que ya se fueron.

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