Negocios de playa señalados de lavar dinero siguen operando

La Fiscalía notificó a la Alcaldía de Conchagua sobre la investigación para que realizara los cierres, pues los bienes no fueron inmovilizados debido a que son propiedad del Estado.
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Es casi mediodía y la marea está alta. El agua cubre la entrada a los dos ranchos Las Tunas que fueron construidos sobre una roca de gran tamaño en la playa que tiene el mismo nombre, en la zona costera de Conchagua, La Unión. 

De un tercer rancho, situado a un costado de la entrada a la playa, del mismo nombre, sale una mujer muy afanada al encuentro de los turistas y les ofrece que pasen a esos ranchos de playa. “La marea ya va bajando y pueden pasar”, le dice a los visitantes, pero uno de ellos pregunta: “¿Y están funcionando?” “Sí, claro”, responde la mujer. 

La duda del visitante tiene su fundamento en la noticia sobre los allanamientos y las capturas que realizaron la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) en los tres negocios a mediados de febrero pasado, con la ejecución de la Operación Cuscatlán. 

“Solo unos días no funcionaron, ahora ya están trabajando normal”, dice escuetamente un vendedor de playa, a quien se le consulta desde cuándo están operando los ranchos.

Es evidente que este hombre no quiere hablar mucho del tema y mejor sigue su marcha a orillas de la playa, y similar es el comportamiento de otros a quienes se les pregunta sobre la situación en esa zona costera de Conchagua. Lo consideran comprometedor.

Los ranchos y restaurantes Las Tunas, el comedor-rancho Yessenia, el hotel y restaurante Norteño, la cebichería El Paso, el rancho Rocamar y un negocio dedicado a la venta y reparación de celulares fueron incluidos en la investigación porque, según la FGR, eran utilizados para lavar dinero adquirido de extorsiones realizadas por un grupo de pandilla.

Otro rancho y restaurante de playa allanado fue el de Clemente Orellana, situado en el cantón El Jagüey, quien también fue capturado; sin embargo, el establecimiento sigue dando servicio, incluso hasta se han hecho algunas mejoras, según confirman clientes que han visitado el lugar. 

“Vi que varias cosas han cambiado; el personal es nuevo y algunos precios han bajado, principalmente en la bebida, también antes no manejaban menú a la carta y ahora sí. Yo pensé que quizá había cambiado la administración, porque se ve un poco mejor”, cuenta una clienta.

En cuanto al Norteño, en horas de la mañana se observó y parecía que no estaba funcionando, pero una fuente de la zona aseguró que continúa operando, pero con un bajo perfil. “De las 3 de la tarde en delante uno puede venir y pita en su carro, suben la cortina y entra; eso sí, no entra cualquier desconocido”, contó la fuente. 

Acuerdo de concejo

La Fiscalía informó que la mayoría de los bienes inmuebles donde están los ranchos de playa no habían sido inmovilizados debido a que son propiedad del Estado y son administrados por la Alcaldía de Conchagua, a la que se ordenó ejecutar el cierre. 

Según consta en un acuerdo del concejo municipal de fecha 19 de febrero de 2018, se procedió a la suspensión de los permisos de funcionamiento, las licencias y el cierre de las cuentas corrientes en la Unidad de Administración Tributaria Municipal (UATM) que tenían los negocios señalados. 

“La suspensión de los permisos y las licencias emitidas para operar y cierre de los negocios o establecimientos se levantará o será definitiva de acuerdo con la sentencia absolutoria o condenatoria del proceso judicial, y no podrán ser reasignados los puestos o las áreas en los que dichos establecimientos funcionaban”, dice el literal c del acuerdo municipal. El mismo documento establece que se debe notificar la decisión a los locatarios o administradores.

Se buscó al alcalde Ulises Soriano para confirmar si se había notificado a los negocios sobre el acuerdo municipal, pero su secretaria dijo que no se encontraba en la municipalidad; se le llamó a su teléfono celular y no respondió. 

De manera extraoficial un trabajador de la alcaldía que conoce del caso aseguró que se había enviado la notificación a todos los negocios señalados en la investigación de la Operación Cuscatlán, y agregó que desde la UATM se había realizado una inspección para verificar los cierres, lo cual se había ejecutado, pero durante un recorrido por la zona, LA PRENSA GRÁFICA verificó que los negocios siguen operando. 

Al plantearle dicha situación a la Fiscalía, reiteró que será la Alcaldía de Conchagua la que deberá responder por el funcionamiento de dichos negocios. 

Se trató de hablar con uno de los propietarios de negocios que aparecen en el listado que incluyó el concejo municipal para notificar sobre el cierre, pero declinó brindar algún tipo de declaración.

El resto de propietarios o administradores de los ranchos y restaurantes de playa están bajo detención provisional, ellos son Clemente Orellana y los esposos Mirna Dalila Andasol y Héctor Alfredo Melgar; estos dos últimos recientemente solicitaron una audiencia especial al Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador para pedir medidas alternas, pero la petición fue denegada. 

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